El 8 de mayo, el gobierno anunció, como suele hacer Adorni, con una sonrisa, el cierre definitivo del FISU, sustentando su decisión con argumentos endebles: deficiencias contables, falta de resultados, una narrativa que nos tiene acostumbrados. Lo habitual en estos anuncios es desprestigiar aquello que se va a eliminar.
Alegando esas falencias, Sebastián Pareja —armador de Carina Milei y responsable del fondo desde la llegada de los libertarios— afirmó que había hablado con numerosos intendentes, aunque hasta ahora no se ha encontrado ni una sola crítica.
Por suerte, la justicia intervino. El viernes conocimos que el juez Andrés Heim multó al subsecretario de Integración Socio-Urbana de Nación, Sebastián Pareja, con 200.000 pesos por cada día de demora en presentar un plan para reactivar las obras suspendidas.
No es un tema menor. Para hablar sobre esto, en Señales, entrevistamos a Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
¿Cómo llegaron a esta situación? Sabemos que el CELS, el Centro de Estudios Sociales y Legales, también estuvo trabajando en el tema. Contanos un poco.
Mirá, nosotros, como venimos haciendo cada vez que le están expropiando un derecho a los argentinos, sobre todo a los más humildes, acompañamos esas situaciones no solo con denuncias públicas y mediáticas, sino también con protestas callejeras y denuncias en distintos juzgados e instancias. La idea es que cuando esta joda termine, paguen algunos costos quienes están burlándose del pueblo argentino de esta manera.
En el caso específico del Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), vimos que en el paquete de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, según ellos, ya habían recortado la recaudación del fondo, que originalmente era del 9% proveniente del impuesto al dólar solidario — también llamado impuesto país o como quieran — que es el impuesto recaudado a través del dólar solidario, y ese 9% iba directamente al FISU. Otro porcentaje venía del impuesto a la gran fortuna. Pero en la ley base establecieron que ese 9% bajaba a menos del 1%. Creo que pusieron un 1% porque no podían poner cero, justamente por la misma ley que garantizaba la sostenibilidad de los fondos dentro del FISU.
En ese momento, empezamos a dialogar con algunos municipios y otros sectores para que no seamos siempre solo las organizaciones sociales quienes denunciamos estas cuestiones. Lamentablemente, mientras existió el FISU, muy pocos municipios y gobiernos provinciales bajaron obras. Pero en este caso, el municipio de Pehuajó tenía una obra que estaba totalmente avanzada: la traza para cloacas, el troncal de agua y las cajas para conexiones de gas. Eso quedó parado a partir de diciembre, después de que el último desembolso había sido en agosto de 2023.
Entonces, en conjunto con las organizaciones, el CELS y el municipio de Pehuajó, pensamos en presentar un amparo por esa obra en particular. Luego, ese amparo se colectivizó, se abrió un período para que todos los que quisieran sumarse a la causa pudieran hacerlo. Se sumaron muchas organizaciones y algún que otro municipio. Ya hubo una primera resolución en la que el juzgado solicitó que informen cómo van a financiar las obras que tiene en ejecución la Secretaría de Integración Socio-Urbana, dado que ya no se recauda más a través de ese impuesto. Además, le exigía a la Cámara de Diputados que presente un proyecto de ley de financiamiento para estas obras y le pedía a la Secretaría un plan de trabajo y cronograma para avanzar con las obras.
Sin embargo, en vez de responder concretamente a ese pedido judicial, respondieron con una apelación defensiva, apelaron a lo que les había mandado el juzgado federal de Pehuajó. Pero, afortunadamente, ayer tuvimos una buena noticia: el juzgado volvió a exigir que informen. Eso sí, hay que entender que este gobierno no acata ni lo que dice la justicia ni nada. Es un gobierno sumamente antidemocrático, y lo decimos por la experiencia que tenemos con las discusiones sobre alimentos, Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano, y otros temas.
Por suerte, el juzgado ordenó que informen porque acá hay uno que se está haciendo el pelotudo, el digitador de toda esta joda, que se esconde detrás de Pareja, que fue la respuesta en la apelación. Pero el que realmente está decidiendo robarse estos fondos y hacerlos desaparecer es Luis Caputo, como lo hizo con el Fondo de Conocimiento Científico y con otros fideicomisos. ¿Por qué hacen esto? Porque el fideicomiso es una ventana: a través de él podés ver dónde están esos fondos, cómo se mueven y podés solicitar información. Pero ahora desaparecen el fideicomiso.
En la misma resolución del boletín oficial que da de baja al Fondo de Intervención Suburbana, en el artículo 3 establecen que todos los fondos recaudados deben gastarse según la ley — es decir, en obras de barrios populares — pero en los artículos 4, 5 y 6 terminan diciendo que solo se deben pagar las obras que ya fueron devengadas, o sea, las que ya están en ejecución bajo este gobierno. Eso representa muy pocas obras sobre el total, estamos hablando de más de 700 obras paradas. En esa resolución, garantizan la continuidad de menos de 15 obras.
Nosotros no tenemos la información exacta, pero por suerte el juez la solicitó. Esperamos que respondan, porque no sabemos cuántos fondos había en ese momento, cuando Luis Caputo cerró la semana pasada. Calculamos que había alrededor de 200.000 millones de pesos que Caputo se manoteó de un día para otro.
Además, el juez le ordenó a Pareja entregar un cronograma para continuar y terminar las obras que están a mitad de camino, y estableció una multa de 200.000 pesos por día que pase sin esa información. Esa es más o menos la historia.
¿Cumplirá?
Yo no creo que cumpla. Seguro van a gastar esos 200.000 millones de pesos y un pedazo de la guita del FISU en contratar un equipo de abogados y tratar de responder. Digo esto basándome en la experiencia con Petovello; no sé cómo va a reaccionar Pareja frente a esto. Porque, además, Pareja, yo creo que fue un funcionario que realmente — no te digo que es compañero ni nada — pero que realmente intentó ejecutar, o sea, muy a cuenta gotas, pero algo intentó ejecutar, y mantuvo en funcionamiento la Secretaría hasta este momento. Creo que, a partir de hoy, eso va a cambiar; veremos qué va a significar.
Acá hay un problema grande: hay todo un complot de periodistas, políticos, etc., que se dedicaron un año y medio a hacer una campaña contra una política muy joven. Recordemos que la política para los barrios populares la conquistamos los movimientos populares durante el gobierno de Mauricio Macri. Durante ese gobierno salió el relevamiento nacional de barrios populares, donde se relevaron más de 6.400 barrios populares que hoy están relevados. Por primera vez hubo un registro de esos lugares para el Estado Nacional. Antes de eso, para el Estado Nacional, era una mancha negra en un mapa.
Finalmente, después del primer año — porque durante el primer año no se pudo hacer nada — pero después del primer año del gobierno de Alberto Fernández, es decir, en los últimos tres años del gobierno de Alberto, se llevó adelante una política concreta de ejecución presupuestaria y de trabajo para integrar barrios populares. Barrios populares que en algunos casos tienen más de 60 años. Es decir, una política universal para los villeros y las villeras, de libre acceso para organizaciones de la sociedad civil, para el sector privado y para el sector estatal, es decir, para los municipios y para las provincias.
Para mí, es una política a la altura de la Asignación Universal por Hijo y una política revolucionaria a escala mundial, premiada en Colombia, México y Estados Unidos, por la precisión, la transparencia y la claridad con la que se podían llevar adelante esas obras.
Entonces, hay una lógica de destruir — como bien dijo Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado — de empobrecer a los sectores de poder, y creo que esto tiene que ver un poquito con eso. Y después hay otro poquito que es que robarse la plata de los Fideicomisos, lo que ellos denunciaban como "cuevas negras" y esas cosas, es disponer de esos fondos libremente ellos, justo en un año electoral.
Lo que más nos preocupa es que la guita que estaba destinada para mejorar las condiciones de vida de los villeros y las villeras de la Argentina no vaya para ningún bien de ningún argentino, sino que se la quemen toda en la campaña electoral que está por venir.
¿Y de paso, seguir enlodando a Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Sociourbana de Nación, que hasta ahora no le han encontrado absolutamente nada, simplemente algunas declaraciones rimbombantes de los de siempre, para enlodarla, pero no para tratar de poner al descubierto supuestas irregularidades?
Exacto. Esencialmente, eso es la persecución a Fernanda Miño, es la persecución a Juan Grabois, y también es esta lógica de convertir cualquiera de estas políticas — en vez de políticas para garantizar derechos humanos — en negocios de unos pocos. Eso es lo que quieren transmitir hacia afuera.
Obviamente que faltaba, faltaba llegar a un montón de barrios populares, faltaba mucho. Estamos hablando de 6.400 barrios populares. Nosotros, cuando se hizo el relevamiento nacional de barrios populares, como somos bastante claros en lo que buscamos, lo que hicimos fue ponernos a calcular, porque vos sabías cuántas conexiones de luz faltaban, cuántas conexiones de gas, cuántas conexiones de agua, cuántas calles había que abrir, cuántas veredas.
Entonces empezamos a hacer ese cálculo. Lo hicimos en dólares, esto fue en el año 2018, te lo estoy diciendo, 2019, y en ese momento calculábamos que más o menos la integración hacia un nivel de seguridad mínima en todos los barrios populares era alrededor de 22.000 millones de dólares. Es decir, sabíamos que esta política no era una política que iba a resolver el problema de un día para otro.
Sabemos que 22.000 millones de dólares para mejorar la vida de los pobres de la Argentina no es algo a lo que nadie le dé pelota. Ahora, si traen 70.000 millones de dólares y se la patinan en la bicicleta financiera, nadie dice nada y acusan de héroe al funcionario que lo hace. Tenemos un problema.
Pero lo que digo es que sabemos que es un proceso largo y que hay que trabajarlo. Si no se garantiza la continuidad de esta política entre los gobiernos que se van pasando el mando, vamos a tener un problema, porque va a pasar lo que pasa siempre — que después ellos mismos denuncian en los medios — que es que te quedan obras paradas a la mitad, políticos que inauguran ocho veces la misma obra a la misma hora.
Y eso tiene que ver con las decisiones que toman los políticos: primero financian, después desfinancian, luego vuelven a financiar y vuelven a desfinanciar. Entonces, hay algunas políticas, como fue la Asignación Universal por Hijo, que para mí la democracia argentina tiene que construir la capacidad de que trasciendan a todos los gobiernos, tal como lo hizo la Asignación Universal por Hijo.
