Por: Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe
En vísperas del 25 de mayo, da la sensación de que asistimos a una nueva disolución de la Argentina. Una crisis profunda, marcada por un gobierno que vuelve a legitimar sin pudor cualquier origen del dinero. Como decía Julio Grondona, el eterno presidente de la AFA: "nunca se pregunta por el origen del dinero". Pero ahora no es una frase suelta, sino una política de Estado en la cancha grande de la realidad nacional.
Con esta nueva ley de blanqueo, el país se encamina a convertirse en un centro de especulación financiera, tal como pretendía la dictadura cívico-militar: marginar el trabajo, la producción y el desarrollo para priorizar un negocio fácil y sin control. Esto se evidencia claramente cuando, tras la movilización de los trabajadores en Río Grande, el gobierno nacional envió inmediatamente a las fuerzas federales. Estas fuerzas no protegen las fronteras ni actúan ante la entrada de media tonelada de cocaína en el puerto de Vicentín, en San Lorenzo, pero sí están dispuestas a reprimir a jubilados y trabajadores que se movilizan.
En ese contexto, esta nueva ley de blanqueo responde a una necesidad que ha marcado toda la agenda, incluso del propio gobierno nacional: traer dólares, sumar a los que presta el FMI y luego asignar esos fondos a un destino que está muy lejos de las necesidades reales de nuestro pueblo.
En medio de esto, al perdonarse la pregunta sobre el origen del dinero, se está legitimando cerca del 50% de la economía ilegal, gran parte vinculada a tres negocios ilícitos muy arraigados en Argentina y en la provincia de Santa Fe: la trata de personas, el contrabando de armas y el narcotráfico.
Este es el mismo modelo que ya ha destruido el tejido social en países como Colombia, México, Brasil, Ecuador y Perú. No es especulación: es historia.
Con esta ley, se consolidará el desarrollo de estos tres negocios ilegales de arriba hacia abajo, aunque la lupa siempre se posará sobre los eslabones más bajos, porque en realidad lo que se busca es control social, no mayor seguridad.
Argentina incumple tratados internacionales con esta medida, como el firmado con el GAFI (Grupo de Acción Financiera), al que adhirió en 1991, durante el menemato. Esto nos ha llevado a la ridícula cifra de menos de 20 casos de lavado de dinero vinculados al narcotráfico en más de 30 años desde esa adhesión. Sin embargo, el problema existe, y se extiende además a todo lo relacionado con los sistemas bancarios. Mientras se endurecen las penas en nombre de la "lucha contra el crimen organizado", se blanquea el capital que lo financia. Una contradicción que expone con crudeza el doble estándar del poder.
El sistema bancario, gran cómplice de esta estructura, sigue lavando dinero sin controles. Según Naciones Unidas, que lo reafirma cada 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, se estima que el 30% del dinero en bancos proviene del narcotráfico. Mientras tanto, en Santa Fe, Maximiliano Pullaro habla de adherir a las políticas del gobierno de Javier Milei, pero sin mecanismos claros, sin leyes provinciales que lo respalden y sin jueces que lo soliciten. La mentira como modo de gestión.
En forma simultánea, tienen que salir a dar explicaciones el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunciando que intentarán conformar una especie de comité de seguimiento, porque las alertas no funcionan, a pesar de que Santa Fe tiene una de las historias más significativas de lavado de dinero, como lo demuestra el caso del Banco Integrado Departamental. En 1995, se lavaron mil millones de dólares. Desde entonces hasta hoy se prometieron numerosas agencias antilavado, pero con estos nuevos anuncios, hechos a las apuradas para contrarrestar la gravedad de esta nueva medida de blanqueo, queda claro que no funcionan, no trabajan en profundidad o simplemente no existen.
El gobierno de Milei nos tiene acostumbrados a una mentira completamente ajena a la realidad. El pasado 13 de mayo, Patricia Bullrich afirmó que ya habíamos adherido a la mal llamada Ley Antimafia en Rosario. Eso es una locura. En primer lugar, porque dicha adhesión debe realizarse a través de una ley de la Legislatura, y ni siquiera se ha iniciado ese trámite. No hay ningún hecho concreto que lo respalde. Bullrich firmó una resolución basada en una supuesta información secreta de la inteligencia del Ministerio de Seguridad, según la cual Rosario pasaría a ser una ‘zona de investigación especial’. Todo absolutamente irreal, sin relación con lo que verdaderamente ocurre.
Por eso tengo la sensación de que no solo estamos ante la sepultura de la verdad, sino también frente a un gobierno que avanza con el objetivo de atraer inversiones ilegales y transformar a la Argentina en un país sostenido por dos grandes negocios: la explotación minera en la cordillera y la actividad portuaria. En el medio, un gran garito, como el paño verde de una ruleta global, donde lo financiero se impone por completo sobre lo productivo.
Estamos ante una economía que seguirá creciendo en la informalidad, y eso va a ser muy duro para los trabajadores. Muy duro. En Totoras hay una gran preocupación por el vaciamiento de Verónica, una histórica empresa láctea. Se cortaron todas las líneas de pago en la ciudad y en gran parte del departamento, lo que está causando un daño profundo. Hay familias que ya no pueden pagar siquiera los alquileres. Y, como suele ocurrir, todo esto está silenciado por los grandes medios de comunicación.
Cuando le planteé esta situación al ministro de Trabajo, Roald Báscolo, me respondió que el tema había sido tomado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Eso es alarmante, porque cuanto más lejos esté la solución, más difícil será. Ni hablar de algún tipo de aporte solidario para acompañar a los trabajadores de la provincia de Santa Fe.
Todo este contexto favorece la pérdida de empleos formales, el crecimiento del trabajo en negro y la degradación general de las condiciones laborales. En poco tiempo, ni siquiera sabremos con certeza cuánto vale cada cosa: el precio dependerá de la voluntad arbitraria de quien lo fija.
Además, esta medida puede habilitar el financiamiento de violencias en los sectores más marginados, precisamente en aquellas zonas que ahora, paradójicamente, se catalogan como "de investigación especial" en el marco de la mal llamada Ley Antimafia.
Por sobre todas las cosas, porque los grandes capitales —que manejan cajas tanto legales como ilegales— operan con total impunidad. Creo que el caso más emblemático, que sintetiza esta realidad, es el del puerto de Vicentín. Aunque la planta estaba parada, funcionaba para el narcotráfico: exportaba cocaína. Ya no le importaba si exportaba cereal o no. Ahora volvió a importar, pero lo que queda claro es que allí se llevan adelante ambos negocios, el legal y el ilegal.
Ese modelo va a verse favorecido. Nadie preguntará por lo ilegal, porque esa es la decisión tanto de la política nacional como provincial. En ese contexto, Argentina se encamina a convertirse cada vez más en un territorio destinado al lavado de dinero.
Alguna vez explicamos que la particularidad de Santa Fe en el desarrollo de bandas narcopoliciales barriales tenía una raíz estructural: fue la provincia que más temprano y con más decisión organizó el esquema de lavado de dinero. Un ejemplo claro es la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, que fue entregado a los hermanos José y Carlos Rohm, quienes terminaron presos en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico.
Esa fue una señal clara de hacia dónde íbamos. Hoy, esa lógica no solo se profundiza, sino que se expande y se democratiza: toda la Argentina comienza a configurarse como un destino ideal para lavar dinero.
Se está impulsando una ley que endurece las penas y los procedimientos contra las organizaciones criminales. Sin embargo, al mismo tiempo, se implementan políticas de blanqueo que terminan beneficiando a los mismos actores que dicen combatir.
Cuando Pablo Olivares, el Ministro de Economía de la Provincia, afirma que "no puede ser que el 1% realice actividades ilegales, dañando al 99% que hace las cosas bien", me surgen dudas. ¿Por qué habla del 1%? ¿Dónde entra, por ejemplo, el caso Vicentín?
Como siempre, la realidad tiene dos caras, como una moneda. Por un lado, hay una política económica absolutamente permisiva con cualquier tipo de delito económico, sin rendirle cuentas a nadie. Por el otro, una mano cada vez más dura hacia los sectores populares y medios.
Se está negando información sobre la resolución 572 firmada por Patricia Bullrich. Nosotros estamos denunciando eso: la presentamos nuevamente, ahora como un pedido de informe. Cada vez hay más censura en la provincia de Santa Fe. Es algo impactante, muy grave, cómo se ha degradado la situación democrática en la provincia.
Lo que debe quedar claro es que esa resolución —la 572— no se sabe bien por qué se aplica. Creo que Patricia Bullrich lo hizo con fines políticos. Fue el 13 de mayo, antes de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue con ese objetivo: generar un efecto político.
Pero después, la ley —la mal llamada Ley Antimafia— establece con claridad, en su artículo 15, que su aplicación está sujeta a una invitación por parte de la Legislatura provincial. Esa invitación, en este caso, nunca llegó. Por eso digo que es irreal. Es una gran mentira.
Además, la ley indica algo más: quien debe solicitar su ejecución es un juez federal o el gobernador. Ninguno de los dos hizo tal pedido. No hay ningún juez federal en la provincia que haya solicitado aplicar esa ley.
Le pregunté a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y le pedí su posición sobre el tema. Me respondió que no existía ningún tipo de pedido ni interés en la aplicación de esa ley por parte del MPA.
Quedó clarísimo: es una enorme mentira de la señora Patricia Bullrich.
