En una entrevista con Señales, Cesaroni se pronuncia con dureza sobre la implementación en Rosario de la Ley 27.786, conocida mediáticamente como "Ley Antimafia", sancionada en diciembre pasado. La norma autoriza al Poder Ejecutivo a solicitar que determinadas zonas sean declaradas "sujetas a investigación especial" cuando existan indicios graves de actividad delictiva organizada. Aunque el Ministerio de Seguridad sostiene que Rosario cumple con esos requisitos, su aplicación efectiva enfrenta obstáculos: el artículo 15 de la ley invita a las provincias a adherir a sus disposiciones procesales, pero la legislatura santafesina aún no trató el tema.
Para Cesaroni, más allá del marco jurídico, el riesgo real es que esta legislación termine utilizándose no para desarticular redes mafiosas, sino para perseguir la protesta social y limitar derechos constitucionales.
La ministra Patricia Bullrich declaró a Rosario como “zona sujeta a investigación especial” en el marco de la llamada Ley Antimafia. ¿Qué opinión tenés sobre esta resolución?
Lo primero que me parece importante señalar es que lograron imponerle a esta ley el nombre de "Ley Antimafia", pero en realidad no se llama así. Si uno la busca en internet —la tengo frente a mí ahora mismo para repasar algunos puntos—, se trata de la Ley 27.786, cuyo nombre es "Ley de Organizaciones Criminales". Entonces, la primera cuestión es que lograron darle un sentido que no es exactamente el que tiene la ley en sí. Me parece que este engendro jurídico encierra, como vos decías, no solo la intención de ir contra las mafias o el crimen organizado entre comillas, sino también contra lo que el Gobierno Nacional —este gobierno en particular— defina como organización criminal.
Y eso no es lo mismo, porque este gobierno, por ejemplo, ha llegado a definir como organizaciones criminales a movimientos sociales. Los persigue judicialmente y construye un discurso en el que organizaciones como la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), el Polo Obrero, o cualquier otra, no serían movimientos sociales legítimos, sino estructuras para delinquir. En ese sentido, perfectamente podría utilizar esta ley, y la argumentación jurídica con la que fue sancionada, para aplicarla contra los movimientos sociales.
En redes sociales escribiste: “Rosarinas y rosarinos: los han puesto en un estado de excepción”. ¿Nos podés ampliar qué querías decir con eso?
El llamado que hacen surgió a partir de ese pequeño posteo que publiqué dirigido a mis amigos, compañeros y a la gente de Rosario en general, para pedirles que se cuiden, porque lo que está ocurriendo se asemeja mucho a un estado de excepción.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un anuncio en el marco de la Ley 27.786, que muchos llaman "Ley Antimafia", pero lo que en realidad estaban pidiendo —y lo que establece la ley— es algo más complejo. Según la normativa, la decisión de declarar una zona como "sujeta a investigación especial" debe ser tomada por una autoridad judicial competente. El Ministerio de Seguridad puede requerir esa investigación especial, lo mismo que las fiscalías y procuradurías, pero finalmente es el Poder Judicial el que debe declararla.
Esto está claramente detallado en el articulado de la ley: no basta con el pedido del Ejecutivo. Tiene que haber una resolución de un juez federal. Ahora bien, no estoy segura —porque no revisé los diarios locales de Rosario o Santa Fe— de si ya hubo alguna autoridad judicial que se haya expresado al respecto. Pero sí sé que esa decisión debe pasar por la Justicia, y debo decir que no tengo mucha confianza en los jueces federales, particularmente en Rosario, donde sé que hay ciertos problemas con algunos de ellos.
Por eso, es fundamental reclamar y exigir que los jueces cumplan su rol de garantizar los derechos y las garantías constitucionales. Esta ley, tal como está redactada y aplicada, pone en riesgo muchas de esas garantías, ya que permite —ante una simple sospecha de las fuerzas de seguridad de que dos, tres o diez personas podrían formar parte de una organización criminal— realizar allanamientos, requisas callejeras, interceptar comunicaciones, incluso redes sociales, y detener personas por hasta 15 días sin resolución judicial sobre su libertad. Son medidas extremadamente graves.
Restricciones que podemos tener vos y yo ahora y no lo sabemos. Es una avanzada de un gobierno autoritario —que podemos llamar fascista, o no—, en medio de las discusiones sobre cómo denominarlo.
Y no se limita solo a esto: hay un proceso sistemático de restricción de derechos que atraviesa distintos aspectos de la vida social. No se trata solo de las garantías constitucionales, también se están vulnerando derechos laborales, previsionales, y ahora también se discute la baja de la edad de punibilidad, algo que vengo trabajando y militando hace tiempo. Eso sería una restricción más, pero esta vez dirigida específicamente a una población muy vulnerable: niños, niñas y adolescentes.
No podemos ver todo esto como cuestiones separadas. Me parece que ahí está uno de los problemas. Este gobierno avanza restringiendo derechos en todos los frentes, y hay que estar atentos y organizados para resistirlo.
¿Este tipo de medidas realmente desarticulan al narcotráfico, o se sigue dejando afuera la pata económica y financiera del crimen organizado, como alertó el ministro de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta?
Sinceramente, ¿hace cuántos años venimos escuchando esto? Hay muchísimas personas que vienen señalando esta cuestión desde hace tiempo. Pienso en Matilde Bruera, Carlos del Frade, y muchas otras personas, organizaciones, sindicatos, militantes, periodistas que incluso han escrito libros sobre el tema. Todos vienen advirtiendo lo mismo: que hay una mirada completamente parcial, centrada casi exclusivamente en los barrios, en el narcomenudeo, en los pibes que cometen delitos.
Y claro, entiendo que eso genera alarma, miedo y angustia en la población. Pero justamente eso es lo que señala Erbetta, que si alguien conoce este tema a fondo, es él. Aun así, son muchas las personas que lo vienen denunciando hace años, muchas veces arriesgando su propia vida, su carrera profesional. ¿Qué más se puede agregar a eso?
Por un lado, se impulsa una ley que endurece penas y procedimientos contra las organizaciones criminales, y por otro, se promueven políticas de blanqueo de capitales que podrían beneficiar a los mismos actores que se dice querer combatir.
A nivel nacional, esto es completamente evidente.
Y hay algo más que me preocupa mucho —y lo digo con respeto hacia los votantes santafesinos—: podemos pasarnos horas denunciando y analizando todo esto, pero el problema de fondo es que estas políticas son votadas por una parte importante de la población. En las recientes elecciones, por ejemplo, buena parte del discurso de los candidatos giró en torno a una especie de "neo-bukelismo", que se instaló con esa foto espantosa que difundió (Maximiliano) Pullaro al comienzo de su gestión. No sé si fue causa directa o no, pero inmediatamente después de eso hubo cuatro crímenes en Rosario. Es difícil no vincular esos hechos.
Yo estoy hablando desde la Capital Federal, donde probablemente tenga muy buenos resultados un personaje como Manuel Adorni, lo que me pregunto es: ¿por qué una parte significativa de la población sigue convencida, incluso subyugada, por discursos que despojan a ciertas personas de sus derechos más básicos? Me parece que ese es el problema central.
Estas leyes no se aprueban solas: son votadas por personas que incluso se presentan como defensoras de los derechos humanos, que citan a (Raúl) Alfonsín, que evocan a (Arturo Umberto) Illia, pero después impulsan —por ejemplo— la construcción de unidades carcelarias que se llaman "El Infierno", en el medio de la nada, donde las personas están encerradas 23 horas al día, sin derechos, mientras se humilla a sus familiares.
Entonces, hay que entender que estas leyes son producto de un momento histórico. En otros tiempos políticos se sancionaron leyes que ampliaban derechos; hoy estamos viviendo un momento de contracción de esos derechos. Y no podemos decir que esto es solo responsabilidad de (Javier) Milei, de (Patricia) Bullrich o de Pullaro. También es responsabilidad de quienes avalan esas políticas y dejan muy solos a quienes nos oponemos.
Por último, como abogada de la familia de Pablo Grillo, a dos meses y cinco días de que casi lo mataran con un cartucho de gas lacrimógeno, ¿avanza la causa? La periodista Irina Hauser mostró en QR, por BravoTV, un nuevo video y destacó que hay imágenes de una GoPro que faltan.
La gran mayoría de las pruebas que tenemos como querella —y que también han sido solicitadas por otros— ya han sido producidas. Hay que aclarar que existen dos causas: una general, iniciada el mismo día de los hechos a partir de la presentación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en la que también se presentaron organizaciones como SiPreBA, ARGRA y el CELS; y otra, en la que intervengo personalmente, que comenzó cuando la familia Grillo fue aceptada como querellante el 21 de marzo. En esta segunda causa actúo como abogada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a otras colegas que intervienen en representación del CELS. Trabajamos conjuntamente, como abogadas de ambas organizaciones de derechos humanos.
En esa causa, la casi totalidad de las medidas solicitadas ya se cumplieron, aunque aún faltan algunas diligencias. Desde el primer día, pedimos la indagatoria de Héctor Guerrero*, y seguimos sosteniendo que los elementos existentes son más que suficientes para que se lo cite a declarar.
Ustedes saben que Guerrero se presentó con abogados. Pero hay otro tema al que se le dio poca trascendencia: Guerrero cuenta con abogados de Gendarmería, con domicilio constituido en la Gendarmería Nacional Argentina. Es decir, el Estado criminal también defiende a sus criminales.
Podrían perfectamente haberle dicho: "Mire, Guerrero, usted tiene derecho a defenderse. Puede designar un abogado particular o recurrir a la Defensa Pública".
Quiero ser muy clara en esto: no estamos diciendo que este señor no tenga derecho a una defensa. Lo que estamos señalando es la gravedad del hecho de que la fuerza federal a la que pertenece —y, por ende, el Ministerio de Seguridad— lo respalde jurídicamente en una causa en la que casi mata a un fotoperiodista.
Y hay algo más que me preocupa mucho —y lo digo con respeto hacia los votantes santafesinos—: podemos pasarnos horas denunciando y analizando todo esto, pero el problema de fondo es que estas políticas son votadas por una parte importante de la población. En las recientes elecciones, por ejemplo, buena parte del discurso de los candidatos giró en torno a una especie de "neo-bukelismo", que se instaló con esa foto espantosa que difundió (Maximiliano) Pullaro al comienzo de su gestión. No sé si fue causa directa o no, pero inmediatamente después de eso hubo cuatro crímenes en Rosario. Es difícil no vincular esos hechos.
Yo estoy hablando desde la Capital Federal, donde probablemente tenga muy buenos resultados un personaje como Manuel Adorni, lo que me pregunto es: ¿por qué una parte significativa de la población sigue convencida, incluso subyugada, por discursos que despojan a ciertas personas de sus derechos más básicos? Me parece que ese es el problema central.
Estas leyes no se aprueban solas: son votadas por personas que incluso se presentan como defensoras de los derechos humanos, que citan a (Raúl) Alfonsín, que evocan a (Arturo Umberto) Illia, pero después impulsan —por ejemplo— la construcción de unidades carcelarias que se llaman "El Infierno", en el medio de la nada, donde las personas están encerradas 23 horas al día, sin derechos, mientras se humilla a sus familiares.
Entonces, hay que entender que estas leyes son producto de un momento histórico. En otros tiempos políticos se sancionaron leyes que ampliaban derechos; hoy estamos viviendo un momento de contracción de esos derechos. Y no podemos decir que esto es solo responsabilidad de (Javier) Milei, de (Patricia) Bullrich o de Pullaro. También es responsabilidad de quienes avalan esas políticas y dejan muy solos a quienes nos oponemos.
Por último, como abogada de la familia de Pablo Grillo, a dos meses y cinco días de que casi lo mataran con un cartucho de gas lacrimógeno, ¿avanza la causa? La periodista Irina Hauser mostró en QR, por BravoTV, un nuevo video y destacó que hay imágenes de una GoPro que faltan.
La gran mayoría de las pruebas que tenemos como querella —y que también han sido solicitadas por otros— ya han sido producidas. Hay que aclarar que existen dos causas: una general, iniciada el mismo día de los hechos a partir de la presentación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en la que también se presentaron organizaciones como SiPreBA, ARGRA y el CELS; y otra, en la que intervengo personalmente, que comenzó cuando la familia Grillo fue aceptada como querellante el 21 de marzo. En esta segunda causa actúo como abogada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a otras colegas que intervienen en representación del CELS. Trabajamos conjuntamente, como abogadas de ambas organizaciones de derechos humanos.
En esa causa, la casi totalidad de las medidas solicitadas ya se cumplieron, aunque aún faltan algunas diligencias. Desde el primer día, pedimos la indagatoria de Héctor Guerrero*, y seguimos sosteniendo que los elementos existentes son más que suficientes para que se lo cite a declarar.
Ustedes saben que Guerrero se presentó con abogados. Pero hay otro tema al que se le dio poca trascendencia: Guerrero cuenta con abogados de Gendarmería, con domicilio constituido en la Gendarmería Nacional Argentina. Es decir, el Estado criminal también defiende a sus criminales.
Podrían perfectamente haberle dicho: "Mire, Guerrero, usted tiene derecho a defenderse. Puede designar un abogado particular o recurrir a la Defensa Pública".
Quiero ser muy clara en esto: no estamos diciendo que este señor no tenga derecho a una defensa. Lo que estamos señalando es la gravedad del hecho de que la fuerza federal a la que pertenece —y, por ende, el Ministerio de Seguridad— lo respalde jurídicamente en una causa en la que casi mata a un fotoperiodista.
Entre las pruebas que pedimos está el legajo de Guerrero, donde consta que realizó cursos específicos sobre el uso del arma que disparó. Esa arma, según el protocolo, debe utilizarse a un ángulo de 45 grados y nunca en forma horizontal, justamente para evitar lo que ocurrió. Es decir, incluso desde los propios parámetros de la fuerza, Guerrero actuó mal.
Nosotros lo acusamos y lo imputamos por tentativa de homicidio doloso, porque entendemos que disparó directamente a la cabeza de Pablo Grillo. Con los elementos que ya hay, consideramos que alcanza y sobra para que se ordene su indagatoria. Seguiremos insistiendo en eso, y también en las pruebas que aún faltan. Además, con el nuevo material que viene apareciendo, como el video que mostró Irina Hauser y la información sobre la GoPro que falta, vamos a evaluar si corresponde pedir nuevas medidas, incluyendo responsabilidades hacia su superior.
Desde el primer día lo dijimos: nos interesa que Guerrero responda judicial y penalmente, pero también queremos avanzar sobre la cadena de mando. Porque acá no se trata solo de una bala de goma o un error individual: hay un dispositivo represivo que debe ser investigado a fondo.
*Claudia Cesaroni es abogada por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Nacida en Quilmes en 1962, es también docente universitaria y autora de varios libros en los que analiza críticamente el sistema penal argentino, con foco en la criminalización de la pobreza, las penas perpetuas y las violaciones a los derechos humanos. Entre sus obras destacan La vida como castigo, Masacre en el Pabellón Séptimo, Contra el punitivismo y Morir un poco cada día.
**Héctor Guerrero, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue identificado como el autor del disparo que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación en la Plaza del Congreso en marzo de 2025. Fue individualizado a través de imágenes y registros del operativo.
Nosotros lo acusamos y lo imputamos por tentativa de homicidio doloso, porque entendemos que disparó directamente a la cabeza de Pablo Grillo. Con los elementos que ya hay, consideramos que alcanza y sobra para que se ordene su indagatoria. Seguiremos insistiendo en eso, y también en las pruebas que aún faltan. Además, con el nuevo material que viene apareciendo, como el video que mostró Irina Hauser y la información sobre la GoPro que falta, vamos a evaluar si corresponde pedir nuevas medidas, incluyendo responsabilidades hacia su superior.
Desde el primer día lo dijimos: nos interesa que Guerrero responda judicial y penalmente, pero también queremos avanzar sobre la cadena de mando. Porque acá no se trata solo de una bala de goma o un error individual: hay un dispositivo represivo que debe ser investigado a fondo.
*Claudia Cesaroni es abogada por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Nacida en Quilmes en 1962, es también docente universitaria y autora de varios libros en los que analiza críticamente el sistema penal argentino, con foco en la criminalización de la pobreza, las penas perpetuas y las violaciones a los derechos humanos. Entre sus obras destacan La vida como castigo, Masacre en el Pabellón Séptimo, Contra el punitivismo y Morir un poco cada día.
**Héctor Guerrero, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue identificado como el autor del disparo que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación en la Plaza del Congreso en marzo de 2025. Fue individualizado a través de imágenes y registros del operativo.
