Durante un acto en Parque Lezama en octubre de 2024, el presidente Javier Milei arengó a 3000 asistentes para que gritaran «hijos de puta» a todos los periodistas menos a uno que, dijo, “es un buen profesional».
En la misma semana Soher El Sukaria, flamante interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), paseaba por medios simpatizantes del oficialismo para denunciar que la Defensoría se había dedicado durante años a «perseguir periodistas» y que había encontrado «listas negras» con los nombres de esos profesionales. Sus dos afirmaciones son falsas.
La DPSCA fue creada por la Ley de medios audiovisuales en 2009 y comenzó a funcionar en noviembre de 2012. Su misión es defender a las audiencias de radio y televisión y promover el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión. En 12 años nadie denunció haber sido perseguido. Todo lo contrario. Hay innumerables testimonios escritos y grabados de periodistas, trabajadores de medios públicos, privados y comunitarios, empresarios y funcionarios agradeciendo la función pedagógica del organismo, su rol de mediación y su capacidad de diálogo.
Incluso en casos donde existían notables diferencias de opinión respecto a los asuntos tratados, el vínculo de la DPSCA con medios y periodistas fue siempre respetuoso y promotor del diálogo sin grietas. Todavía pueden verse en la web videos de «casos resueltos» en los que tanto audiencias de radio y televisión que presentaron reclamos, como productoras y periodistas destacan el papel de la Defensoría.
Un caso destacado es el del periodista Jorge Lanata. Varias veces, en su programa en radio Mitre, se refirió a Florencia de la V como «un señor». Hubo decenas de reclamos por parte de la audiencia y la Defensoría convocó tanto al periodista como a las autoridades de la radio a dialogar para consensuar una reparación y ofrecer una formación al comunicador y su equipo. Lanata nunca se disculpó pero radio Mitre aceptó poner al aire una campaña por el respeto a las diversidades que se escuchó durante un mes en las tandas (incluidas las del programa de Lanata). Cada hora se emitían avisos que planteaban que "la Ley de Identidad de Género garantiza el derecho de cada persona a desarrollarse como es, sea cual sea el sexo que le asignaron al nacer".
Lanata participó este año en una de las audiencias públicas de la DPSCA. En su presentación el periodista destacó el trabajo de la Defensoría y alertó acerca de avances preocupantes sobre la actividad periodística por parte del gobierno de ultraderecha. La intervención de la Defensoría del Público suspendió las audiencias públicas.
📢 “Con esta medida, el Gobierno aniquila el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales”, apuntó Rodolfo Aguiar.
— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) December 26, 2024
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Ver también: No al cierre de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Villarruel intervino la Defensoría del Público, Defensoría del Público: Por más defensa de las audiencias, El PRO lleva a cabo una auditoría ilegal en la Defensoría del PúblicoDefensora autopercibida
Después de la finalización del mandato de la última defensora del público, las autoridades del Congreso deberían haber convocado a la Comisión bicameral que tiene la potestad de elegir al defensor o defensora. Sin embargo, decidieron nombrar a Soher El Sukaría como interventora para realizar una "auditoría patrimonial y funcional". Le dieron un plazo de 180 días y 60 días extra para redactar el informe y presentarlo al Congreso.
La interventora sumó más empleados: personas de su confianza y ningún conocimiento en derechos a la comunicación. Con el paso de las semanas la interventora comenzó a autopercibirse defensora. Cambió su cargo en la página web a «Defensora interina», aunque los únicos autorizados según la ley para nombrar una defensora son los miembros de la Comisión Bicameral, es decir las y los legisladores.
Cierre del año con ajuste
La interventora suspendió todas las actividades para lograr así la profecía autocumplida de «un organismo público que no hace nada». Este tipo de decisión es una constante del gobierno. La Defensoría es un organismo creado por una ley que está vigente. El gobierno no promueve la modificación de la ley a través de los mecanismos de la deliberación democrática sino que impone una política de hechos consumados: hace que la Defensoría deje de cumplir sus funciones.
La intervención llevó al extremo el congelamiento de la DPSCA. Sin actividades, casi sin comunicación oficial salvo para alguna efeméride, puso el foco en el achicamiento de la planta de trabajadores. En una primera tanda dejó afuera a contratados y planta transitoria y apuró los expedientes de las personas que estaban en edad de jubilarse. Abrieron un registro de retiros voluntarios y pasaron a disponibilidad (que permite despedir a trabajadores luego de un año de dispensa). Todas estas maniobras sin contar con un mandato de parte del Congreso que solamente habilitó a la interventora a "realizar una auditoría".
Todos los años la DPSCA entregó informes detallados al Congreso de todas sus acciones, presupuestos, casos resueltos, capacitaciones, alianzas y publicaciones. Esos informes fueron recibidos, analizados y aprobados por la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual que siempre contó con representación plural de los partidos políticos. Esa aprobación no hubiese sido factible si el organismo defensor se hubiese dedicado a hacer lo que la actual intervención inventa en su relato.
El Congreso, las leyes que aprueba y el Estado que gestiona tienen como objetivo plantear reglas de convivencia, acuerdos básicos para la construcción de una nación y la protección de derechos de la ciudadanía. La Defensoría del Público, creada por una ley que aún está vigente, trabajó durante 12 años en defensa de las audiencias de medios audiovisuales, resolvió positivamente miles de reclamos, recorrió el país con capacitaciones para promover y ampliar la libertad de expresión, creó condiciones para que todas y todos puedan ejercer su derecho a la comunicación. La intervención gubernamental está coartando ese derecho con una narrativa de supuesta eficiencia mientras gobierna para favorecer al poder concentrado en todos los ámbitos, también en el de la comunicación.
La resolución 107 introduce los siguientes cambios significativos:Reducción de personal: La planta pasa de 144 empleados a 40, lo que implica el despido de 100 trabajadores.Remate del estudio de TV portátil: Este equipo, utilizado para capacitación y actividades en eventos públicos, como las temporadas estivales, será desmantelado.Revisión de funciones: Se restringe el uso del organismo para evitar su utilización como herramienta de persecución, según indicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado
ATE cruzó al Gobierno por los despidos en la Defensoría del Público: "Pretenden allanar el camino para tener sus propios ensobrados"
"Con esta medida, el Gobierno aniquila el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales", apuntó Rodolfo Aguiar.
Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebrara el despido de 104 trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: "Rechazamos este centenar de cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país y allana el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener".
"Con esta medida, terminan de aniquilar el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales. Se quiere evitar que los medios y periodistas oficialistas sean denunciados. Quieren impedir todo tipo de reclamo de parte de las audiencias. Se trata de un verdadero ataque a la democracia", indicó el dirigente estatal.
En este marco, el Secretario General de ATE apuntó: "Sin lugar a dudas esta es una decisión que está orientada a fortalecer el relato fantasioso de un Gobierno que pretende hacernos creer que es el mejor de la historia, pero con sus políticas en tan solo 12 meses deterioró de manera grave las condiciones de vida de toda la gente".
Mediante la Resolución 107 de la cartera de Sturzenegger, se redujo en dos tercios la planta del organismo poniendo en peligro su pleno funcionamiento.
La Defensoría del Público busca defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios audiovisuales en todo el territorio nacional, garantizando la libertad de expresión de quienes producen contenidos, determinando facultades y obligaciones de quienes emiten y son receptores de medios. También tiene el objetivo de intermediar entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias.
La Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. Sin la dotación adecuada de personal, esta función no podría realizarse correctamente.
Esto dijo Sturzenegger:
Hoy quiero comentar la resolución 107 de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA) del 20 de diciembre con firma de @SoherElSukaria que ilustra los esfuerzos de desde la @DiputadosAR está haciendo @MenemMartin para bajar el gasto político en el… pic.twitter.com/sqkQs9BQvt
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 26, 2024
Fuente: Tiempo Argentino
