La sentencia, dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, representa un hito en la búsqueda de justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956. Aquella noche, un grupo de civiles fue detenido ilegalmente, trasladado a la comisaría de San Martín y luego a los basurales de José León Suárez, donde varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora.
La magistrada dio por probado que el operativo comenzó con un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de Florida, dispuesto por las máximas autoridades de facto encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas. Doce personas fueron detenidas. Cinco de ellas -Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión- fueron asesinadas. Otras siete -Juan Carlos Livraga, Reinaldo Benavídez, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz y Julio Troxler- lograron sobrevivir a la balacera, entre ellos Livraga, cuyo testimonio, brindado desde Estados Unidos durante las audiencias, volvió a aportar una voz clave para reconstruir los hechos.
La orden de los fusilamientos había partido del entonces jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, un militar abiertamente antiperonista que desde la década de 1940 consideraba a Juan Domingo Perón "un peligro para el país".
En su resolución, Vence calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos fallecieron antes de ser juzgados, la jueza estableció su responsabilidad penal y sostuvo que, de haber llegado a juicio, les habría correspondido la pena de prisión perpetua. Al fundamentar la decisión, remarcó que "existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal".
El proceso se desarrolló durante tres jornadas con la participación de familiares de las víctimas, investigadores, periodistas y organismos de derechos humanos. La querella estuvo representada por los abogados Alberto "Pepe" Palacio y Walter Omar Arias, integrantes de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín.
Además de reconocer la responsabilidad del Estado, la sentencia dispuso medidas concretas de reparación: la instalación de placas conmemorativas en los lugares de los allanamientos, detenciones y fusilamientos; la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez; y la incorporación de los nombres de las víctimas al registro estatal de víctimas de violencia institucional.
Para los familiares, el fallo significó una reparación largamente esperada. Durante las audiencias, Berta Carranza, hija de uno de los fusilados, resumió ese anhelo con una frase que atravesó todo el proceso: "Quiero que se haga justicia. Que, a pesar de que no estén los asesinos, esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad".
La decisión judicial inscribió por primera vez a los fusilamientos de José León Suárez dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, reforzando el valor de la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la democracia. Setenta años después de aquellos hechos que Rodolfo Walsh reconstruyó en Operación Masacre -una de las obras fundacionales del periodismo de investigación latinoamericano-, el Estado argentino reconoció formalmente la dimensión histórica y jurídica de aquellos asesinatos.
Cuando la justicia ya no puede castigar, pero sí establecer la verdad
Para comprender el alcance de este fallo, pero también el largo camino recorrido para llegar hasta él, conversamos en Señales con Alberto "Pepe" Palacio, abogado especializado en derechos humanos, querellante en causas de lesa humanidad y representante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín en este Juicio por la Verdad.
Nacido en San Martín, donde desarrolla su actividad profesional y preside la Comisión de Asistencia a la Víctima del Colegio de Abogados local, Palacio integra además Defensa de los Niños Internacional (DNI), representa a la familia de Diego Duarte -desaparecido en 2004 en el predio del CEAMSE- y cuenta con una extensa trayectoria académica en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín, donde actualmente dirige la Escuela Secundaria Técnica.
Sí. Esta es la transformación al formato de crónica narrativa, eliminando completamente la entrevista y manteniendo el contenido. También mejoré la sintaxis propia de la oralidad y unifiqué el tono para que se lea como una nota de fondo.
Según explica, la calificación de lesa humanidad implica que el daño excede a las víctimas directas y alcanza a todo el pueblo argentino. "No solamente fueron dañadas las familias; fue un ataque al conjunto de la sociedad", resume. Esa definición también tiene consecuencias jurídicas concretas: se trata de delitos imprescriptibles, cuyo juzgamiento puede realizarse sin límites temporales y que, bajo el principio de jurisdicción universal, podrían ser investigados por cualquier tribunal competente.
El juicio como acto de memoria colectiva
La elección del Auditorio Municipal Hugo del Carril como sede del Juicio por la Verdad tampoco fue casual. Palacio recuerda que la Justicia Federal de San Martín ya había realizado allí otros procesos por delitos de lesa humanidad, entre ellos el juicio contra el ex comisario Luis Abelardo Patti, debido a que el edificio reúne las condiciones necesarias para garantizar la participación del público. La sala de audiencias del tribunal federal, explica, resulta demasiado pequeña para procesos de semejante trascendencia.
Pero el valor del lugar excede las cuestiones prácticas. El auditorio fue construido a pocos metros de los antiguos basurales donde los doce detenidos fueron llevados durante la madrugada del 10 de junio de 1956 y donde cinco de ellos fueron asesinados. "A metros de ese lugar se llevó adelante la masacre", señala. Para las familias, agrega, ese espacio está profundamente asociado a la memoria colectiva, porque allí se realizan cada año los homenajes a las víctimas, los reclamos por verdad y justicia y las actividades destinadas a mantener vivo el recuerdo de aquellos hechos.
La sentencia llegó cuando todos los responsables directos ya habían fallecido. Sin embargo, Palacio destaca que el fallo individualiza a cada uno de ellos y establece expresamente la responsabilidad penal que les hubiera correspondido. La resolución menciona con nombre y apellido al general Pedro Eugenio Aramburu, al almirante Isaac Francisco Rojas, al entonces jefe de la SIDE, Cuaranta, al jefe de la Policía bonaerense Desiderio Fernández Suárez y al inspector Rodríguez Moreno, entre otros funcionarios del gobierno de facto. La jueza concluyó que todos ellos debieron haber sido condenados a prisión perpetua, una pena que, sostiene Palacio, debería haber sido además de cumplimiento efectivo y en cárcel común, como ocurrió posteriormente en los juicios por los crímenes de la última dictadura.
El abogado considera que la ausencia de un juzgamiento durante décadas respondió a decisiones políticas orientadas al olvido y la impunidad. Por eso valora especialmente que, aunque los acusados ya no puedan ser condenados penalmente, la Justicia haya reconstruido sus responsabilidades y dejado asentada la verdad judicial.
El plan represivo detrás de los fusilamientos
Ese reconocimiento, sostiene, confirma además que los fusilamientos formaron parte de un plan sistemático de persecución política. A su entender, la dictadura surgida tras el golpe de Estado de 1955 buscó eliminar a quienes pensaban distinto y, en particular, al movimiento peronista, que había sido desplazado del poder luego de haber obtenido el 62 por ciento de los votos en las elecciones. "Fue un plan sistemático dirigido al pueblo y especialmente al pueblo peronista", afirma.
La sentencia, señala, también amplía el marco histórico de esa persecución al ubicar su inicio en junio de 1955, con el bombardeo a Plaza de Mayo. En ese sentido, considera que la resolución reconoce que la violencia estatal no comenzó con los fusilamientos de José León Suárez sino que integró una política represiva más amplia desplegada por la denominada Revolución Libertadora.
La casa de Florida, el basural y la espera de una señal que nunca llegó
Dentro de ese contexto también inscribe el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Palacio recuerda que entre los doce hombres reunidos en la casa de Horacio Di Chiano había distintos niveles de compromiso político: algunos eran militantes peronistas y otros simplemente aguardaban noticias sobre el desarrollo de la sublevación. Esperaban una llamada telefónica o un mensaje transmitido por radio que confirmara el avance del movimiento para salir a encontrarse con otros compañeros y dirigirse hacia Plaza de Mayo. Mientras escuchaban una pelea de boxeo por radio, aguardaban una señal que nunca llegó. Antes de que eso ocurriera, la policía irrumpió en la vivienda y comenzó la secuencia que terminaría en la masacre.
Las memorias que completaron la verdad
Palacio también reconoce los distintos aportes que fueron enriqueciendo la reconstrucción de los hechos a lo largo de las décadas. En ese sentido menciona el trabajo de Daniel Brión, hijo de Mario Brión, quien en su libro El Presidente Duerme retoma la investigación iniciada por Walsh y la profundiza a partir de los recuerdos transmitidos por su madre y de nuevas indagaciones propias. Para el abogado, lejos de contradecirse, las memorias judicial, periodística y familiar dialogan entre sí y permiten completar un relato cada vez más preciso sobre uno de los crímenes más emblemáticos de la Revolución Libertadora.
Ese aporte, explica Palacio, también amplía la mirada sobre la represión desplegada tras el levantamiento de junio de 1956. En El Presidente Duerme, Daniel Brión reconstruye no sólo el caso de su padre sino también lo ocurrido en otros puntos del país donde hubo intentos de sublevación y donde, según sostiene el abogado, también se produjeron ejecuciones arbitrarias.
Walsh, la investigación que sobrevivió al silencio
Al reconstruir el camino que permitió llegar al juicio, Palacio ubica en el centro de esa historia a Rodolfo Walsh. Recuerda que cuando presentó la denuncia ante la Justicia Federal, en junio de 2022, el primer documento que acompañó fue precisamente un ejemplar de Operación Masacre. A partir de esa investigación periodística se fueron incorporando nuevos documentos, trabajos académicos, testimonios de investigadores y periodistas, además de otras obras fundamentales, como Historia de una investigación, de Enriqueta Muñiz, cuya reconstrucción de los hechos considera igualmente valiosa.El abogado sostiene que la decisión de la jueza de recomendar la incorporación de Operación Masacre y del contenido de la sentencia a los planes de estudio de todo el país constituye uno de los aspectos más trascendentes del fallo. A su entender, el reconocimiento institucional no sólo reivindica la investigación realizada por Rodolfo Walsh, sino que confirma el papel que el periodismo puede desempeñar en la construcción de la verdad judicial. "No era periodista de formación, pero hizo un trabajo de investigación enorme", señala Palacio al destacar una obra que permitió sacar a la luz los fusilamientos y evitar que el intento estatal de ocultarlos se impusiera sobre la memoria colectiva.
La sentencia como punto de partida
Tras el fallo, las expectativas de las familias ya no pasan únicamente por el reconocimiento judicial alcanzado, sino también por el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación ordenadas por la jueza. Palacio observa que ese proceso ya comenzó a materializarse. Destaca, por ejemplo, que el Concejo Deliberante de San Martín declaró por unanimidad de interés municipal la sentencia, una decisión que, a su entender, demuestra que el reconocimiento trasciende el ámbito de los tribunales y alcanza también a las instituciones políticas.A ese respaldo se suman iniciativas similares impulsadas en la Legislatura bonaerense y en el Congreso Nacional, donde también se promueve declarar de interés el fallo. Mientras tanto, el juzgado incorporará la sentencia a los legajos personales de cada uno de los responsables identificados, de modo que quede asentado oficialmente que debieron haber sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Para Palacio, ese registro tiene un profundo valor simbólico: muchos de esos funcionarios murieron conservando honores y beneficios que nunca debieron recibir. La resolución judicial deja establecido que la pena que les hubiera correspondido era la prisión perpetua.
La satisfacción es todavía mayor porque, durante el proceso, la querella debió asumir una responsabilidad inusual. Según relata, el Ministerio Público Fiscal consideró que no era necesario llevar adelante el juicio debido al tiempo transcurrido desde los hechos. Esa postura obligó a los abogados de las víctimas a desempeñar, en los hechos, un doble papel: sostener la acusación como querellantes y suplir buena parte de la tarea que habitualmente corresponde a la fiscalía. La jueza, recuerda Palacio, reconoció expresamente el derecho de las víctimas a impulsar el proceso y convalidó esa participación.
Una lección para las nuevas generaciones
Pero el sentido de la sentencia, insiste, no se agota en el plano judicial. También adquiere una dimensión profundamente pedagógica. Como director de una escuela secundaria de la Universidad Nacional de San Martín y docente desde hace décadas, considera que estos procesos son herramientas fundamentales para construir ciudadanía. "Los jóvenes necesitan saber qué pasó", afirma. Conocer la verdad histórica, agrega, permite fortalecer los valores democráticos y desarrollar una mirada crítica sobre las injusticias del presente, especialmente aquellas que atraviesan a los sectores populares.Esa convicción quedó reflejada durante las audiencias, a las que asistieron estudiantes de su escuela y de otros establecimientos educativos de San Martín. Para Palacio, ver a un auditorio con capacidad para quinientas personas completamente colmado por jóvenes, familiares, testigos y vecinos fue una de las imágenes más conmovedoras del juicio. Setenta años después de los fusilamientos, las nuevas generaciones escuchaban de boca de quienes cargaron durante décadas con esa memoria el relato de lo ocurrido. Esa transmisión entre generaciones, sostiene, constituye una de las reparaciones más valiosas que deja el proceso.
Al terminar la conversación, Palacio no oculta la emoción. Habla de una "caricia al alma" en tiempos difíciles y de la enorme alegría que le produjo ver que, siete décadas después de la masacre, la memoria sigue convocando a cientos de personas y encuentra en los más jóvenes a quienes estarán encargados de preservarla. Es, para él, la mejor prueba de que la verdad y la justicia pueden llegar tarde, pero también de que, cuando finalmente llegan, son capaces de proyectarse hacia el futuro.
El relato que anticipó la verdad judicial
En el cierre del reportaje, el propio Palacio vuelve -aunque indirectamente- al corazón narrativo que dio origen a la visibilidad del caso: Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, la obra que reconstruyó por primera vez los fusilamientos de José León Suárez y los instaló en la memoria pública.El abogado destaca el valor de aquella investigación periodística no sólo como antecedente judicial, sino como pieza fundacional de la reconstrucción histórica. En ese sentido, la sentencia reciente incluso refuerza su vigencia al recomendar su incorporación a los planes de estudio en todo el país. Pero más allá del reconocimiento institucional, el texto de Walsh sigue operando como una escena de origen, un relato donde la violencia aparece sin mediaciones y el lenguaje se vuelve testimonio.
La escena se vuelve progresivamente caótica: los cuerpos avanzan bajo la luz de los faros de una camioneta, los policías preparan las armas, y el silencio previo se quiebra con la certeza de lo irreparable. En ese instante, algunos de los prisioneros comprenden lo que está por ocurrir. Otros dudan hasta el último segundo.
Walsh reconstruye entonces una secuencia de fuga, disparos y supervivencia que se desarma en múltiples focos de acción. Algunos intentan correr, otros se arrojan al suelo, otros quedan inmóviles fingiendo la muerte. En medio de la descarga, los cuerpos caen uno tras otro en el terreno del basural, mientras el humo de la pólvora se mezcla con los gritos y el ruido de los fusiles.
Sobre el final, uno de los sobrevivientes escucha el pedido desesperado de un compañero herido que ruega que lo maten para terminar con el sufrimiento. El basural queda entonces atravesado por el silencio posterior a la descarga, apenas interrumpido por los gemidos que aún persisten.
Con ese pasaje, Walsh cierra una de las reconstrucciones más impactantes del periodismo argentino, la misma que décadas después seguiría funcionando como prueba narrativa de lo que la justicia tardaría setenta años en reconocer como crimen de lesa humanidad.
La memoria de los sobrevivientes
En otra de las reconstrucciones -una grabación que circula entre testimonios y registros de memoria- se vuelve a situar el clima político que precedió a los fusilamientos de José León Suárez. Allí se recuerda que, en mayo de 1956, ya se conocía la preparación de un movimiento militar encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, al que distintos sectores de la resistencia peronista decidieron adherir masivamente.En ese relato se describe cómo la proclama comenzaba a filtrarse en los barrios populares, en un contexto atravesado por la precarización laboral y el regreso de formas de explotación sobre el mundo del trabajo. Las reuniones, según esa reconstrucción, se daban en espacios humildes, en casas particulares donde obreros y vecinos volvían a organizarse en torno a la expectativa de una posible apertura política.
En ese marco se ubica también el testimonio de Berta Carranza, hija de Nicolás Carranza, uno de los fusilados. Su voz reconstruye la escena de la noche del operativo en la localidad de Florida, cuando un grupo de trabajadores y vecinos se reunió en una vivienda para escuchar una pelea de boxeo, pero también -y sobre todo- para aguardar una proclama que, creían, llamaría a la movilización general en apoyo al levantamiento encabezado por Valle y Tanco.
Según su relato, la expectativa era que ese mensaje convocara a los trabajadores a dirigirse hacia Plaza de Mayo en el marco de una gran movilización por el retorno del general Juan Domingo Perón. Sin embargo, esa organización quedó trunca cuando la policía irrumpió en la vivienda, detuvo a los presentes y los trasladó primero a la comisaría de San Martín, donde permanecieron incomunicados antes de ser conducidos al lugar de la ejecución.
Carranza retoma entonces la secuencia final con una precisión que mezcla memoria familiar y reconstrucción histórica. Recuerda el momento del traslado al basural y la orden que marcó el inicio de los fusilamientos. En su relato, la escena vuelve a aparecer con los mismos elementos que décadas después reconstruiría la justicia: los detenidos frente a los efectivos, la orden de avanzar, las voces que insisten en su inocencia y la negativa que antecede a la violencia.
La camioneta, describe, detiene su marcha y los faros iluminan a los prisioneros en medio de la oscuridad. En ese instante, el jefe del operativo desciende con un arma en la mano y comienza la ejecución. Allí, dice, mueren su padre Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizaso, Mario Brión y Vicente Rodríguez, entre otros. También recuerda a quienes lograron sobrevivir, como Juan Carlos Livraga y otros que simularon estar muertos para evitar nuevas ráfagas, entre ellos Julio Troxler, cuya experiencia previa en contextos de guerra, señala, pudo haber sido determinante para salvar su vida.
En ese mismo registro de memoria aparece también una reflexión más íntima, donde el relato se desplaza desde lo colectivo hacia lo familiar. La herencia de la militancia, el compromiso social y la continuidad de esa historia en las generaciones siguientes son presentados como una marca que atraviesa biografías enteras. "Lo que me dejó mi viejo -se recuerda en ese testimonio- fue eso: los años de lucha, de trabajo social y de militancia política, y eso es lo que tomé como ejemplo y que no voy a dejar nunca", cierra una de las voces, condensando en esa frase la persistencia de una memoria que sigue actuando en el presente.
Fotos: Leo Vaca, Ariel Espósito, Derechos Humanos PBA
