No se trata de una consigna abstracta. Es una condición esencial para la vida democrática y para el ejercicio del periodismo, una actividad que en la Argentina atraviesa un momento de fuerte hostilidad.
En esa misma lógica, el gobierno nacional no solo confronta con la prensa. También interviene sobre las condiciones materiales que hacen posible la comunicación.
No es un efecto colateral. Es parte de una dinámica que empuja hacia una sociedad más desinformada y con menor capacidad crítica.
Ese clima también se traslada a las calles.
La represión de protestas sociales y el hostigamiento a trabajadores de prensa han dejado imágenes elocuentes: cronistas cubriendo movilizaciones con cascos y máscaras, como ocurre en las marchas semanales de jubilados y jubiladas en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, el caso del fotógrafo Pablo Grillo —quien continúa luchando por su salud tras resultar herido— se vuelve un símbolo del riesgo creciente que implica informar.
Pero esta situación no se limita al plano nacional.
En Rosario y en la provincia de Santa Fe adquiere características propias, igual de preocupantes, como lo manifestó en varios comunicados el Sindicato de Prensa de Rosario.
En los últimos años, además, el mapa mediático local se ha concentrado de manera notable.
La figura de Gustavo Scaglione resulta clave para entender este proceso. Después de la compra del Grupo Televisión Litoral y luego del multimedios La Capital, junto con Telefe Rosario y Santa Fe, un mismo actor reúne televisión, radios, el principal diario y plataformas digitales bajo una lógica de integración que reduce la diversidad de voces en los principales canales de información.
Y esto no es una discusión teórica. Se ve en la práctica:
¿Cuántos medios siguen el caso de desalojo del Almacén de las Tres Ecologías?¿Cuántos abren sus espacios para debatir la preservación del patrimonio de la ciudad?¿Cuántos investigan las denuncias de torturas en el penal de Piñeiro, donde la ONU pidió una investigación urgente?¿Cuántos se preguntan "paz para quién" y van a los territorios a escuchar voces frente a la violencia institucional y las políticas de seguridad?¿Cuántos ponen el foco en el funcionamiento del Concejo Municipal y en la necesidad de debates públicos reales?
Pocos.
Demasiado pocos.
Y ese silencio —selectivo, persistente— también es una forma de construir realidad.
La concentración, sin embargo, no actúa sola. Se combina con un factor decisivo: la pauta oficial.
El Estado provincial y municipal, lejos de ser actores neutrales, definen con sus asignaciones qué medios se sostienen y cuáles quedan relegados. Cuando esa distribución es poco transparente y se concentra en pocos grupos, el sistema se vuelve previsible: quienes dependen económicamente del poder político difícilmente puedan ejercer un control real sobre él.
No hace falta censura explícita.
El condicionamiento opera de forma más sutil, pero igual de eficaz. Se instala en las redacciones como autocensura, como cálculo, como un límite invisible.
La agenda informativa empieza a uniformarse. Los temas incómodos pierden espacio. Las críticas se moderan. El conflicto se diluye.
Así, lo que debería ser una esfera pública plural se transforma, poco a poco, en una conversación administrada.
Las consecuencias no son menores.
Se debilita la investigación periodística. Se restringe el debate. Se dificulta la supervivencia de medios alterativos. Y, en definitiva, se empobrece la democracia.
Porque la libertad de expresión no se mide solo por la ausencia de prohibiciones. Se mide por la existencia real de condiciones para que múltiples voces puedan expresarse con autonomía.
En este contexto, para quienes habitamos Santa Fe, la discusión adquiere una dimensión adicional.
El proceso de reforma constitucional en la provincia abre una oportunidad —y también una responsabilidad—: garantizar que los derechos a la libertad de expresión y a la comunicación queden consagrados de manera amplia, efectiva y acorde a los desafíos actuales.
No como una declaración formal, sino como un compromiso concreto con el pluralismo, la transparencia y el acceso a la información.
Rosario ofrece hoy una paradoja inquietante.
No hay menos medios, pero sí menos diversidad real.
No hay menos información, pero sí menos independencia.
Y en ese desplazamiento silencioso —entre la concentración, la dependencia económica y la deslegitimación del periodismo— la libertad de expresión corre el riesgo de convertirse en eso que nunca debería ser:
una palabra repetida,cada vez más vacía,cada vez más lejos de la vida democrática que dice sostener.
