Miles de familias denuncian incumplimientos, cambios de condiciones y adjudicaciones inciertas en los planes de Bauen Pilay. Mientras avanzan los reclamos judiciales y las protestas, los autoconvocados aseguran que el sueño de la casa propia quedó atrapado entre demoras, evasivas y promesas incumplidas
Según relata Patricia, una gran parte de los integrantes del colectivo decidió no participar de las licitaciones porque el propio contrato establecía condiciones que, aseguran, la empresa dejó de cumplir hace mucho tiempo. Explica que originalmente se preveían adjudicaciones mensuales: dos departamentos por sorteo y dos por licitación. Sin embargo, sostiene que desde 2014 ese esquema dejó de respetarse. Afirma que durante largos períodos no hubo ni sorteos ni licitaciones mensuales y que, cuando existían, muchas veces las unidades ofrecidas estaban fuera del radio constructivo previsto contractualmente.
Esa situación, remarca, generó que muchas personas optaran por no licitar. "Claramente no querían ser adjudicadas en una unidad que no era lo que correspondía", señala Patricia, al describir cómo numerosos suscriptores entendían que aceptar esas condiciones implicaba resignar lo pactado originalmente.
Su caso personal resume la angustia que atraviesan muchos de los adherentes al sistema. Patricia cuenta que aportó durante 18 años y medio y que hoy está a apenas 17 cuotas de finalizar el plan. Lejos de sentir alivio, asegura vivir el tramo final con preocupación e incertidumbre. Teme llegar al último pago y que la empresa pretenda adjudicarle una vivienda mediante un "sorteo extraordinario" en un lugar que sigue siendo, según describe, "un signo de pregunta".
Relata que, después de la pandemia, los planes tradicionales como el suyo comenzaron a ser adjudicados casi exclusivamente en el complejo Los Pasos, ubicado en el límite entre Rosario y Funes. Allí, explica, Los Pasos 1 ya está prácticamente terminado y habitado, mientras que Los Pasos 2 y 3 se encuentran casi totalmente adjudicados. Frente a ese panorama, se pregunta qué unidades quedarán disponibles para los miles de suscriptores que aún continúan pagando y no recibieron ninguna vivienda.
Patricia también cuestiona con firmeza la manera en que la empresa define a quienes integran el sistema. Dice sentirse molesta cuando Bauen Pilay los presenta públicamente como "inversionistas". Para ella, esa definición distorsiona completamente la realidad de quienes contrataron estos planes. "Nadie del colectivo son convocados es inversionista", sostiene, y remarca que nunca buscaron lucrar con el sistema ni especular inmobiliariamente. Lo que perseguían, insiste, era simplemente la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
En relación con los cambios implementados por la empresa a lo largo de los años, Patricia asegura que jamás fueron consultados. Recuerda que al momento de firmar el contrato recibió una cláusula anexa en la que la empresa informaba que, debido a la expansión de Rosario, comenzaría a construir y comprar terrenos en el Gran Rosario. Allí se ofrecía la posibilidad de aceptar o rechazar una eventual adjudicación fuera de la ciudad. Patricia afirma que firmó expresamente por la negativa.
Sin embargo, sostiene que después de aquella instancia nunca volvió a recibir información por parte de la empresa sobre modificaciones en la operatoria ni sobre el hecho de que las nuevas compras de terrenos se concentraban exclusivamente fuera de Rosario. Asegura que jamás se le brindó la posibilidad de decidir si quería continuar o no bajo esas nuevas condiciones.
La integrante del colectivo también apunta contra el rol de los organismos de control y del Poder Judicial. Recuerda que en 2003 la Inspección General de Justicia prohibió a Pilay continuar comercializando los planes de locación de obra al considerar que no se ajustaban a derecho. Según explica, la empresa presentó un recurso para impugnar esa resolución y continuó comercializando los planes durante años, hasta que en 2013 llegó una sentencia definitiva de Cámara.
Para Patricia, lo más grave es que durante todo ese tiempo miles de ciudadanos siguieron adquiriendo planes sin saber que existían cuestionamientos legales sobre el sistema. "El Poder Judicial no hizo nada para acelerar los tiempos y proteger a los ciudadanos", afirma, mientras define la situación como algo que "claramente roza una estafa".
En los últimos días, incluso, volvió a intentar abrir un canal de diálogo con la empresa para encontrar una salida negociada al conflicto. Patricia relata que buscó conocer si existía "algún ofrecimiento razonable" que permitiera alcanzar un acuerdo pacífico y evitar que la situación continuara escalando. Pero la respuesta que recibió terminó profundizando todavía más su malestar.
Según cuenta, al mencionar declaraciones públicas realizadas por Gonzalo Crespi —integrante del directorio de Pilay—, donde se afirmaba que quienes habían contratado dentro del radio original tendrían finalmente su departamento en esa zona, la respuesta empresarial fue tajante: "Esta no era una iglesia".
La frase quedó resonando entre los integrantes del colectivo. Patricia admite que comprende que una empresa "no es una iglesia", pero cuestiona que sus representantes realicen promesas públicas que luego nadie explica cómo piensan concretar. "Si un miembro del directorio sale a los medios a decir que los ciudadanos que contrataron dentro del radio van a tener su departamento dentro del radio, uno entiende que existe una intención real de cumplirlo", plantea. El problema, dice, aparece cuando los damnificados intentan obtener precisiones concretas y sólo encuentran evasivas.
Mientras tanto, la preocupación crece entre quienes llevan décadas aportando. Patricia asegura que existen personas que ya destinaron más de 100 mil dólares al sistema y todavía no tienen ninguna vivienda adjudicada de manera efectiva. Entre 2025 y 2030, explica, cientos de contratos alcanzarán mensualmente la cuota 240, es decir, el momento en que deberían recibir una solución definitiva.
Sin embargo, sostiene que muchas de las adjudicaciones actuales son "forzosas". Describe que, al llegar al final del plan, numerosos suscriptores son derivados automáticamente a Los Pasos 2 o Los Pasos 3. El contrato, recuerda, establece que una persona puede rechazar hasta tres veces una adjudicación si la zona o las condiciones no resultan acordes a lo pactado. Pero en la práctica —denuncia— las opciones son aceptar o iniciar acciones judiciales mediante carta documento para exigir una unidad dentro del radio constructivo original.
A eso se suma otro elemento que, según el colectivo, vuelve todavía más incierta la situación: muchas de las adjudicaciones se realizan sobre proyectos que aún no existen materialmente. "Se están adjudicando departamentos en el aire", resume Patricia, al cuestionar que no haya unidades concretas construidas que respalden las promesas realizadas por la empresa.
Para la referente del colectivo, el problema ya excede largamente un conflicto contractual entre particulares. Sostiene que la magnitud de afectados transforma el caso en una cuestión pública que requiere intervención estatal. Recuerda que Bauen Pilay nació en Santa Fe y que son miles los santafesinos alcanzados por incumplimientos similares.
Por eso, desde el primer momento, los autoconvocados buscaron respaldo institucional en todos los niveles del Estado. Patricia relata que acudieron al Concejo Municipal de Rosario, donde —según dice— todos los funcionarios se mostraron "indignados" frente a la situación y prometieron acompañamiento. Sin embargo, afirma que cuando llegó el momento de discutir nuevas excepciones urbanísticas para que la empresa continuara construyendo, el cuerpo terminó autorizándolas pese a los pedidos del colectivo.
Los damnificados habían solicitado que, antes de habilitar nuevos desarrollos, se exigiera a la empresa regularizar la situación de quienes mantienen contratos incumplidos. También reclamaron explicaciones sobre el destino de los fondos aportados durante años por miles de suscriptores. "¿Dónde está nuestra plata? ¿Dónde están nuestros departamentos?", resume Patricia como las preguntas centrales que todavía no encuentran respuesta.
Pese a la falta de respuestas concretas, el colectivo volvió recientemente al Concejo para insistir con sus reclamos y solicitar investigaciones sobre los terrenos adquiridos por la empresa y las condiciones legales y ambientales de los proyectos inmobiliarios en marcha.
Las gestiones también alcanzaron a la Legislatura provincial y a la Secretaría de Comercio Interior de Santa Fe. Patricia asegura que en todos los encuentros perciben preocupación e indignación por parte de los funcionarios, aunque hasta ahora ninguna medida concreta. "No tenemos uno que haya tomado seriamente el tema", lamenta.
La crítica alcanza también al Poder Judicial. Desde febrero, integrantes del colectivo se concentran regularmente frente a los tribunales provinciales de Rosario para exigir que avancen las causas judiciales iniciadas contra la empresa. Patricia sostiene que existen cientos de expedientes pendientes de resolución y que muchos jueces aún no dictan sentencia. "La justicia nos está dejando desamparados", afirma, mientras insiste en que no están pidiendo favores sino que los funcionarios "cumplan con su trabajo".
A pesar del desgaste y la frustración acumulada, el colectivo insiste en mantener la visibilidad pública del conflicto. Patricia reivindica que los ahorristas cumplieron "al pie de la letra" con cada obligación contractual y asegura que es la empresa la que incumple sistemáticamente.
En ese marco, convocó a una movilización simultánea en Rosario y Santa Fe para exigir respuestas concretas. La protesta fue anunciada para el miércoles 13 de mayo a las 16, frente a las sedes de Pilay en Oroño 166, en Rosario, y en Juan de Garay 2599, en Santa Fe capital.
El llamado final estuvo dirigido especialmente a quienes todavía continúan pagando sus cuotas en silencio. Patricia reconoce el cansancio, la decepción y la sensación de abandono que atraviesa a muchos ahorristas, pero sostiene que la única herramienta que les queda es la movilización colectiva. "Si arreglamos, lo vamos a ganar entre todos", afirma.
Mientras tanto, el conflicto continúa creciendo y acumulando interrogantes. Miles de familias siguen esperando respuestas concretas sobre un sueño que comenzó como la posibilidad de acceder a la vivienda propia y que, con el paso de los años, quedó atrapado entre promesas incumplidas, expedientes judiciales demorados y un futuro cada vez más incierto.
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