Además de productores y aplicadores, dos ex funcionarios municipales enfrentan acusaciones por no controlar las pulverizaciones. El proceso, impulsado por años de denuncias vecinales, podría convertirse en un precedente clave para las causas ambientales de todo el país
Desde Rosario, donde siguió de cerca las audiencias, el periodista Francisco Pandolfi, de la revista MU y la cooperativa La Vaca, describió en Señales el proceso como "un punto de quiebre" y "un antes y un después" para las causas vinculadas a las fumigaciones y sus impactos sobre la salud y el ambiente.
Para Pandolfi, el carácter histórico del juicio radica en que, por primera vez, una parte importante de la cadena de responsabilidades quedó expuesta ante la Justicia.
Sin embargo, el periodista considera que todavía quedan responsabilidades políticas por esclarecer. Señala que si algunos de los acusados sostienen que no eran quienes tenían a cargo las decisiones centrales, entonces surge una pregunta inevitable: quiénes eran los verdaderos responsables y cuál fue el papel de las máximas autoridades municipales.
"Este juicio marca un camino y funciona como un faro para seguir escalando en responsabilidades", afirmó.
Las víctimas detrás del expediente
Después de 16 audiencias, más de 60 personas pasaron por la sala para declarar en el juicio por agrotóxicos en Pergamino. El proceso ingresó ahora en su tramo decisivo: tras la inspección ocular realizada semanas atrás, comenzaron los alegatos de las partes ante el Tribunal Oral Federal N.º 2. Las exposiciones tendrán su última jornada el próximo jueves.
Las consecuencias, remarcó Pandolfi, tienen nombres propios. Recordó el caso de Mónica, la hija de Paola Díaz, fallecida a los 11 años tras padecer leucemia, y el de Florencia Morales, vecina denunciante que murió en 2023.
"Por ellas es este juicio y por eso es histórico", resumió.
Sabrina Ortiz, la mujer que convirtió la denuncia en una causa judicial
En el centro de esta historia se encuentra Sabrina Ortiz, una de las principales impulsoras de la causa. Su trayectoria resume buena parte de los veinte años de conflicto que desembocaron en el juicio actual.
Ortiz sufrió dos accidentes cerebrovasculares, tiene daño genético asociado a la exposición a agroquímicos y perdió un embarazo mientras era fumigada a escasos metros de su vivienda. Comenzó a denunciar la situación en 2007 y profundizó esa lucha tras la pérdida de su embarazo en 2011.
Pero la búsqueda de justicia la llevó todavía más lejos. Ante las dificultades para encontrar abogados que asumieran el caso, decidió estudiar Derecho. Se recibió en 2018 y fue ella misma quien impulsó la denuncia que finalmente derivó en el proceso judicial que hoy se desarrolla.
Pandolfi definió su historia como "una historia para Netflix, pero real", aunque aclaró que no se trata de una ficción sino de una realidad marcada por el sufrimiento persistente de ella y de sus hijos.
"Sus cuerpos siguen hablando", señaló.
Uno de los momentos más tensos del debate oral se produjo durante el alegato de Juan Carlos Marchetti. El abogado cuestionó la cobertura periodística del caso y apuntó contra los medios que utilizan el término "agrotóxicos" en lugar de "fitosanitarios", denominación contemplada por la legislación vigente.
Según sostuvo, la difusión del juicio habría estado dominada por medios alejados de la objetividad.
Pandolfi interpretó esas declaraciones como un intento de condicionar el debate público. A su entender, la discusión no puede reducirse a una cuestión terminológica cuando la propia causa judicial acumuló una enorme cantidad de pruebas sobre los daños producidos por las fumigaciones.
El periodista destacó especialmente el alegato del fiscal federal Federico Reynares Solari, representante del Ministerio Público Fiscal, quien coincidió con los planteos de la querella y describió los niveles de peligrosidad detectados durante la investigación como extraordinarios.
Según relató Pandolfi, la fiscalía habló de "pruebas terroríficas" y de evidencias contundentes sobre los efectos de los agroquímicos.
Para ilustrar la dimensión humana del conflicto, recordó testimonios recogidos años atrás durante una investigación de MU. Entre ellos, el de Alejandra Bianco, una de las querellantes. Francisco recordó una nota publicada por MU en 2022: "A principio de 2018 se enfermó Sergio, mi ex pareja, de un cáncer de páncreas e hígado sin la posibilidad de operar. Falleció en diciembre pasado; en marzo último, Sandrita, mi amiga, mi hermana, murió de cáncer de huesos; a mi hijo Benjamín le detectan púrpura trombocitopénica (trastorno de la sangre) y a mi hijo Ignacio cáncer de tiroides, ambos a sus 17 años; a mí me quitaron el útero, 12 tumores tenía. Un cuerpo minado".
Y agregó: "El dueño de la casa donde vivíamos, cáncer de testículo; pegada a mi casa, un matrimonio con cáncer; pegado a ellos, Juan, cáncer de estómago. A la vuelta: Guada, cáncer de lengua; Gloria, cáncer de intestino y de colon; una familia entera: la mamá cáncer de intestino, el papá de garganta, el hijo de lengua. Pergamino es un desastre".
Su actual pareja trabaja en el campo. Va de cuerpo con sangre y aún no saben qué tiene.
"Por eso hablamos de agrotóxicos", explicó Pandolfi. "No es una disputa de lenguaje. Son tóxicos, los cuerpos hablan, ahí están las evidencias".
El proceso judicial también aparece como un antecedente clave para otras comunidades afectadas por fumigaciones en el país. Pandolfi lo comparó con el histórico juicio de las Madres de Ituzaingó, en Córdoba, que abrió un camino para nuevas denuncias y debates sobre las consecuencias del modelo agroindustrial.
Según sostuvo, la difusión del juicio habría estado dominada por medios alejados de la objetividad.
Pandolfi interpretó esas declaraciones como un intento de condicionar el debate público. A su entender, la discusión no puede reducirse a una cuestión terminológica cuando la propia causa judicial acumuló una enorme cantidad de pruebas sobre los daños producidos por las fumigaciones.
El periodista destacó especialmente el alegato del fiscal federal Federico Reynares Solari, representante del Ministerio Público Fiscal, quien coincidió con los planteos de la querella y describió los niveles de peligrosidad detectados durante la investigación como extraordinarios.
Según relató Pandolfi, la fiscalía habló de "pruebas terroríficas" y de evidencias contundentes sobre los efectos de los agroquímicos.
Para ilustrar la dimensión humana del conflicto, recordó testimonios recogidos años atrás durante una investigación de MU. Entre ellos, el de Alejandra Bianco, una de las querellantes. Francisco recordó una nota publicada por MU en 2022: "A principio de 2018 se enfermó Sergio, mi ex pareja, de un cáncer de páncreas e hígado sin la posibilidad de operar. Falleció en diciembre pasado; en marzo último, Sandrita, mi amiga, mi hermana, murió de cáncer de huesos; a mi hijo Benjamín le detectan púrpura trombocitopénica (trastorno de la sangre) y a mi hijo Ignacio cáncer de tiroides, ambos a sus 17 años; a mí me quitaron el útero, 12 tumores tenía. Un cuerpo minado".
Y agregó: "El dueño de la casa donde vivíamos, cáncer de testículo; pegada a mi casa, un matrimonio con cáncer; pegado a ellos, Juan, cáncer de estómago. A la vuelta: Guada, cáncer de lengua; Gloria, cáncer de intestino y de colon; una familia entera: la mamá cáncer de intestino, el papá de garganta, el hijo de lengua. Pergamino es un desastre".
Su actual pareja trabaja en el campo. Va de cuerpo con sangre y aún no saben qué tiene.
"Por eso hablamos de agrotóxicos", explicó Pandolfi. "No es una disputa de lenguaje. Son tóxicos, los cuerpos hablan, ahí están las evidencias".
El proceso judicial también aparece como un antecedente clave para otras comunidades afectadas por fumigaciones en el país. Pandolfi lo comparó con el histórico juicio de las Madres de Ituzaingó, en Córdoba, que abrió un camino para nuevas denuncias y debates sobre las consecuencias del modelo agroindustrial.
La responsabilidad del Estado en el centro del debate
A lo largo de las audiencias, quedó en evidencia también el rol del Estado municipal. Pandolfi destacó que incluso la propia estrategia defensiva de los ex funcionarios terminó exponiendo las falencias estructurales del sistema de control.
El abogado defensor Juan Carlos Marchetti argumentó que el área ambiental contaba con recursos mínimos: apenas dos personas para fiscalizar unas 10.000 hectáreas, un solo vehículo y condiciones materiales insuficientes para realizar inspecciones efectivas.
Para Pandolfi, esos argumentos revelan una responsabilidad política más amplia.
"Hay una responsabilidad de todo el municipio de Pergamino que, evidentemente, no quiso fiscalizar. Y el no haber querido fiscalizar tuvo consecuencias", sostuvo.
Del campo a las casas: lo que vieron los jueces
La demora judicial es otro de los aspectos que atravesaron el debate. La denuncia que dio origen a la causa fue presentada en 2018 y el juicio oral comenzó ocho años después. Aun así, Pandolfi considera que el proceso conserva una enorme importancia por el precedente que establece.
Las audiencias también incluyeron una inspección ocular en el territorio. Jueces, fiscales y partes recorrieron las zonas afectadas y comprobaron la proximidad entre las viviendas y los campos fumigados.
El fiscal describió esa situación como una verdadera "ósmosis" entre las casas y las áreas de cultivo.
Según recordó Pandolfi, la normativa vigente en Pergamino establecía originalmente una zona de exclusión de apenas cien metros para las fumigaciones. Sin embargo, numerosos testimonios y pruebas demostraron que incluso esa distancia era incumplida y que las aplicaciones se realizaban a apenas diez metros de las viviendas.
Como resultado de las denuncias vecinales y de medidas cautelares posteriores, la distancia de exclusión fue ampliada hasta los 1.095 metros. El periodista destacó que existen estudios que muestran mejoras tanto ambientales como sanitarias desde la implementación de esa restricción.
La disputa continúa fuera de los tribunales
Por eso observa con preocupación la intención de las autoridades locales de volver al esquema anterior de cien metros.
"Pese a la evidencia científica de que la situación mejoró, el municipio quiere retroceder", advirtió.
En ese contexto recordó un episodio que, para él, ilustra la posición histórica del poder político local frente al problema. Durante una investigación realizada años atrás, intentó entrevistar al intendente de Pergamino, Javier Martínez. Al explicarle que quería hablar sobre los agroquímicos, recibió una respuesta tajante: "Eso no lo manejo".
Pandolfi vinculó esa actitud con el relato de Sabrina Ortiz, quien años atrás había intentado entregar personalmente documentación sobre las fumigaciones al mismo intendente.
Según recordó, la respuesta fue igualmente contundente: "Con vos no tengo nada que hablar".
"Por suerte, después de tantos años, en este juicio se está hablando", reflexionó el periodista.
El veredicto que espera Pergamino
Hacia el final de la entrevista, Pandolfi sumó otro elemento que considera relevante para comprender el contexto del proceso.
Además, señaló que Marchetti ha representado intereses de empresas vinculadas a la producción de agroquímicos, entre ellas Atanor, firma que ha enfrentado denuncias por contaminación ambiental en la región.
Mientras el juicio se encamina hacia su etapa final, las expectativas están puestas en el veredicto, que podría conocerse durante la segunda o tercera semana de junio, luego de los alegatos pendientes y las eventuales réplicas entre las partes.
Más allá de la sentencia, para Pandolfi el proceso ya dejó una marca profunda. No sólo por las responsabilidades individuales que pueda determinar la Justicia, sino porque puso en discusión un modelo productivo, expuso las consecuencias de la falta de controles estatales y convirtió años de denuncias vecinales en un debate público imposible de ignorar.
Escuchá la entrevista completa:
