La discusión sobre seguridad pública en Santa Fe volvió a tensar una frontera delicada: la que separa el endurecimiento de las políticas penales de las garantías constitucionales que sostienen el sistema democrático. Y en medio de ese debate, el diputado provincial Fabián 'Palo' Oliver, referente del Frente por la Soberanía, eligió un tono sin medias tintas para cuestionar el proyecto de ley impulsado por el gobierno provincial bajo el nombre de "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública".
Un paquete de reformas que, según Oliver, "se parece más a un Estado totalitario"
En diálogo con Señales, en Aire Libre Radio Comunitaria, Oliver describió la iniciativa como un paquete de reformas que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, "se parece más al ordenamiento de un Estado totalitario que al de un Estado democrático". Su crítica no se concentró solamente en aspectos técnicos del Código Procesal Penal, sino en las consecuencias concretas que, según advirtió, podrían alterar la vida cotidiana de cualquier ciudadano santafesino.
A lo largo de la conversación, el legislador fue trazando un mapa inquietante de la reforma propuesta: mayores facultades para la policía, posibilidad de allanamientos sin control judicial inmediato, declaraciones tomadas sin presencia de abogados defensores, incorporación del juicio en rebeldía, admisión potencial de pruebas obtenidas de manera ilícita y mecanismos excepcionales para determinados barrios. Todo eso, sostuvo, implica un corrimiento peligroso del sistema democrático hacia formas de control estatal que creían superadas.
El corazón de la discusión: seguridad pública versus garantías constitucionales
A lo largo de la conversación, el legislador fue trazando un mapa inquietante de la reforma propuesta: mayores facultades para la policía, posibilidad de allanamientos sin control judicial inmediato, declaraciones tomadas sin presencia de abogados defensores, incorporación del juicio en rebeldía, admisión potencial de pruebas obtenidas de manera ilícita y mecanismos excepcionales para determinados barrios. Todo eso, sostuvo, implica un corrimiento peligroso del sistema democrático hacia formas de control estatal que creían superadas.
El corazón de la discusión: seguridad pública versus garantías constitucionales
Oliver insistió en desmontar una idea que, según dijo, suele instalarse en el debate público: la de que el Código Procesal Penal existe únicamente para proteger delincuentes. "En realidad hay que tener en cuenta que es un código que rige para todos los ciudadanos", explicó. Desde su mirada, las garantías constitucionales no son privilegios para personas acusadas de delitos, sino límites concretos al abuso de poder estatal. "Son medidas que protegen al ciudadano de los abusos de poder básicamente", señaló.
El diputado consideró que el proyecto del Ejecutivo vulnera precisamente esos límites. Y para explicarlo eligió ejemplos sencillos, alejados del tecnicismo jurídico. Uno de los puntos que más preocupación le genera es la posibilidad de que la policía pueda interrogar personas en sede policial sin la presencia de un abogado defensor.
Para el legislador, el problema no es hipotético ni abstracto. Tiene que ver con la relación histórica entre las fuerzas de seguridad y los abusos institucionales.
Más poder para la policía y menos control judicial
El diputado consideró que el proyecto del Ejecutivo vulnera precisamente esos límites. Y para explicarlo eligió ejemplos sencillos, alejados del tecnicismo jurídico. Uno de los puntos que más preocupación le genera es la posibilidad de que la policía pueda interrogar personas en sede policial sin la presencia de un abogado defensor.
Para el legislador, el problema no es hipotético ni abstracto. Tiene que ver con la relación histórica entre las fuerzas de seguridad y los abusos institucionales.
Más poder para la policía y menos control judicial
"La presencia de un abogado tiene que ver con garantizar los derechos que tiene ese ciudadano y que no haya abuso institucional ni abuso de poder ejercido por la policía", afirmó. Desde su perspectiva, eliminar o relativizar esa garantía básica abre la puerta a mecanismos de coerción incompatibles con el sistema constitucional argentino.
Pero la preocupación de Oliver no termina allí. Otra de las modificaciones que considera especialmente grave es la posibilidad de que la policía disponga allanamientos y luego informe a la fiscalía, sin control judicial previo. En el esquema actual, recordó, la policía actúa como auxiliar del Ministerio Público de la Acusación y bajo supervisión judicial. Con la reforma, advirtió, pasaría a ocupar un rol protagónico que altera el equilibrio del sistema acusatorio.
La policía dejaría de ser auxiliar para convertirse en actor principal
Pero la preocupación de Oliver no termina allí. Otra de las modificaciones que considera especialmente grave es la posibilidad de que la policía disponga allanamientos y luego informe a la fiscalía, sin control judicial previo. En el esquema actual, recordó, la policía actúa como auxiliar del Ministerio Público de la Acusación y bajo supervisión judicial. Con la reforma, advirtió, pasaría a ocupar un rol protagónico que altera el equilibrio del sistema acusatorio.
La policía dejaría de ser auxiliar para convertirse en actor principal
Ese cambio, dijo, no es menor. "La policía ya no sería auxiliar, sino actor principal", resumió. Y en una provincia marcada por reiteradas denuncias de violencia institucional, corrupción policial y connivencia con organizaciones criminales, otorgar semejante margen de acción genera, según Oliver, un riesgo enorme.
El diputado evocó entonces un hecho reciente que, a su entender, revela la contradicción central del discurso oficial. Mientras el gobernador anunciaba estas reformas, un policía de Rosario era condenado a ocho años de prisión por apremios ilegales cometidos durante un allanamiento y por el robo de un cargamento de estupefacientes. Lo paradójico, subrayó, es que ese procedimiento sí había contado con autorización judicial.
"Imagínense si la policía va a tener la libertad de ingresar a un domicilio sin autorización de un juez", planteó. La frase quedó flotando como síntesis de una preocupación más amplia: el temor a que el Estado amplifique herramientas coercitivas sin resolver antes los problemas estructurales de las fuerzas de seguridad.
El regreso de prácticas que parecían desterradas
Oliver tampoco ocultó su alarma frente a la posibilidad de detener personas en la vía pública y retenerlas hasta 48 horas por averiguación de antecedentes. Para él, esa medida remite a prácticas que parecían desterradas desde hace décadas. "Esto había quedado muy atrás", afirmó, sorprendido de que una herramienta semejante reaparezca en el debate legislativo santafesino.
En su análisis, muchos ciudadanos quizás no perciban inicialmente estas reformas como una afectación directa de sus derechos. Sin embargo, cree que la aplicación concreta terminaría revelando sus consecuencias. "Van a aparecer situaciones que van a dar mucho que hablar y que van a preocupar", anticipó.
La defensa oficial del proyecto se apoya en la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad pública. El gobierno de Maximiliano Pullaro argumenta que la provincia necesita herramientas más ágiles frente al delito y el narcotráfico. Oliver no desconoce los problemas de seguridad ni tampoco los resultados que el Ejecutivo exhibe en algunas estadísticas, especialmente en Rosario.
De hecho, reconoció que hubo una reducción importante de ciertos delitos y homicidios. Pero inmediatamente aclaró que ninguna política pública puede avanzar por encima de la Constitución. "El límite tiene que ser el respeto al debido proceso", remarcó.
La concentración de poder
El diputado evocó entonces un hecho reciente que, a su entender, revela la contradicción central del discurso oficial. Mientras el gobernador anunciaba estas reformas, un policía de Rosario era condenado a ocho años de prisión por apremios ilegales cometidos durante un allanamiento y por el robo de un cargamento de estupefacientes. Lo paradójico, subrayó, es que ese procedimiento sí había contado con autorización judicial.
"Imagínense si la policía va a tener la libertad de ingresar a un domicilio sin autorización de un juez", planteó. La frase quedó flotando como síntesis de una preocupación más amplia: el temor a que el Estado amplifique herramientas coercitivas sin resolver antes los problemas estructurales de las fuerzas de seguridad.
El regreso de prácticas que parecían desterradas
Oliver tampoco ocultó su alarma frente a la posibilidad de detener personas en la vía pública y retenerlas hasta 48 horas por averiguación de antecedentes. Para él, esa medida remite a prácticas que parecían desterradas desde hace décadas. "Esto había quedado muy atrás", afirmó, sorprendido de que una herramienta semejante reaparezca en el debate legislativo santafesino.
En su análisis, muchos ciudadanos quizás no perciban inicialmente estas reformas como una afectación directa de sus derechos. Sin embargo, cree que la aplicación concreta terminaría revelando sus consecuencias. "Van a aparecer situaciones que van a dar mucho que hablar y que van a preocupar", anticipó.
La defensa oficial del proyecto se apoya en la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad pública. El gobierno de Maximiliano Pullaro argumenta que la provincia necesita herramientas más ágiles frente al delito y el narcotráfico. Oliver no desconoce los problemas de seguridad ni tampoco los resultados que el Ejecutivo exhibe en algunas estadísticas, especialmente en Rosario.
De hecho, reconoció que hubo una reducción importante de ciertos delitos y homicidios. Pero inmediatamente aclaró que ninguna política pública puede avanzar por encima de la Constitución. "El límite tiene que ser el respeto al debido proceso", remarcó.
La concentración de poder
Para el legislador, el gobierno construye una falsa dicotomía: seguridad o garantías. Y en esa tensión, cree que se está inclinando peligrosamente hacia la concentración de poder estatal. La ruptura del equilibrio institucional aparece, entonces, como uno de los núcleos centrales de su crítica.
Oliver recordó que Santa Fe tardó años en abandonar el viejo sistema inquisitivo y consolidar el sistema acusatorio. El nuevo modelo fue aprobado en 2006 y comenzó a implementarse plenamente recién en 2014. Ese proceso implicó redefinir funciones entre fiscales, jueces y policías, buscando mayor transparencia y control institucional.
Por eso considera particularmente grave que ahora se habilite a fiscales a fijar condenas mediante decreto en delitos con penas excarcelables. "Eso violenta el sistema acusatorio", sostuvo. Para él, la reforma implica un retroceso hacia esquemas donde la concentración de facultades debilita el derecho de defensa y reduce controles.
Estados de excepción en los barrios: la otra frontera del proyecto
Otro de los aspectos que más lo inquietan es la posibilidad de instaurar mecanismos similares a estados de excepción en determinados barrios. La propuesta permitiría al Ministerio de Seguridad restringir circulación o disponer controles especiales en zonas definidas.
Oliver imagina la escena desde la experiencia cotidiana de cualquier trabajador. "Imagínense una trabajadora volviendo a su casa a las diez de la noche y que sea detenida porque no se puede transitar en ese horario", describió. Desde su mirada, eso atenta contra libertades elementales.
Para explicar la gravedad institucional de esas medidas, apeló a una comparación contundente: los estados excepcionales sólo deberían existir ante situaciones extremas, como guerras o catástrofes. Aplicarlos en barrios urbanos, argumentó, supone naturalizar restricciones incompatibles con la vida democrática.
Cárceles, aislamiento y derechos humanos: "Si excede la privación de libertad, es venganza"
Oliver recordó que Santa Fe tardó años en abandonar el viejo sistema inquisitivo y consolidar el sistema acusatorio. El nuevo modelo fue aprobado en 2006 y comenzó a implementarse plenamente recién en 2014. Ese proceso implicó redefinir funciones entre fiscales, jueces y policías, buscando mayor transparencia y control institucional.
Por eso considera particularmente grave que ahora se habilite a fiscales a fijar condenas mediante decreto en delitos con penas excarcelables. "Eso violenta el sistema acusatorio", sostuvo. Para él, la reforma implica un retroceso hacia esquemas donde la concentración de facultades debilita el derecho de defensa y reduce controles.
Estados de excepción en los barrios: la otra frontera del proyecto
Otro de los aspectos que más lo inquietan es la posibilidad de instaurar mecanismos similares a estados de excepción en determinados barrios. La propuesta permitiría al Ministerio de Seguridad restringir circulación o disponer controles especiales en zonas definidas.
Oliver imagina la escena desde la experiencia cotidiana de cualquier trabajador. "Imagínense una trabajadora volviendo a su casa a las diez de la noche y que sea detenida porque no se puede transitar en ese horario", describió. Desde su mirada, eso atenta contra libertades elementales.
Para explicar la gravedad institucional de esas medidas, apeló a una comparación contundente: los estados excepcionales sólo deberían existir ante situaciones extremas, como guerras o catástrofes. Aplicarlos en barrios urbanos, argumentó, supone naturalizar restricciones incompatibles con la vida democrática.
Cárceles, aislamiento y derechos humanos: "Si excede la privación de libertad, es venganza"
Pero quizá el tramo más intenso de su análisis apareció cuando abordó las modificaciones previstas para la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Allí el debate dejó de centrarse únicamente en garantías procesales y se trasladó hacia las condiciones humanas dentro de las cárceles santafesinas.
Oliver fue categórico: "La modificación de la ley 14.243 es terrible". Esa norma regula el régimen penitenciario y la ejecución de la pena privativa de libertad. Y enseguida planteó una definición conceptual que atraviesa toda su postura. Para él, la pena legítima que impone el Estado es la privación de la libertad. Todo lo que exceda eso se convierte en venganza.
Reconoció que existen presos de alto perfil que organizaron delitos desde las cárceles y que el Estado debe tomar medidas de control. Sin embargo, insistió en que ninguna política penitenciaria puede vulnerar pactos internacionales ni derechos fundamentales.
La posibilidad de aislamientos extremos aparece como uno de los puntos más sensibles. Oliver cuestionó que un detenido pueda salir apenas media hora cada quince días. "Eso atenta contra derechos fundamentales", afirmó.
A partir de allí, el diputado desplazó la discusión hacia un terreno menos visible en el debate público: las condiciones reales de detención y la corrupción dentro del sistema penitenciario. Según sostuvo, el gobierno evita discutir esos problemas estructurales y prefiere endurecer castigos.
Oliver fue categórico: "La modificación de la ley 14.243 es terrible". Esa norma regula el régimen penitenciario y la ejecución de la pena privativa de libertad. Y enseguida planteó una definición conceptual que atraviesa toda su postura. Para él, la pena legítima que impone el Estado es la privación de la libertad. Todo lo que exceda eso se convierte en venganza.
Reconoció que existen presos de alto perfil que organizaron delitos desde las cárceles y que el Estado debe tomar medidas de control. Sin embargo, insistió en que ninguna política penitenciaria puede vulnerar pactos internacionales ni derechos fundamentales.
La posibilidad de aislamientos extremos aparece como uno de los puntos más sensibles. Oliver cuestionó que un detenido pueda salir apenas media hora cada quince días. "Eso atenta contra derechos fundamentales", afirmó.
A partir de allí, el diputado desplazó la discusión hacia un terreno menos visible en el debate público: las condiciones reales de detención y la corrupción dentro del sistema penitenciario. Según sostuvo, el gobierno evita discutir esos problemas estructurales y prefiere endurecer castigos.
El sistema penitenciario y los "nichos de corrupción" que nadie discute
"Lo que hay que hacer es combatir los nichos de corrupción", planteó. Y agregó que también resulta indispensable mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario, además de las condiciones de vida de los detenidos.
Cuando habló de la cárcel de Las Flores, el tono de Oliver se volvió especialmente duro. Describió como "inhumanas" las condiciones tanto para los presos como para quienes trabajan allí. A su entender, el deterioro del sistema penitenciario termina reproduciendo más violencia y más criminalidad.
La cárcel, dijo, debería ser un espacio donde una persona pueda reinsertarse socialmente después de cumplir una condena. Pero las condiciones actuales producen exactamente lo contrario: "Salen delincuentes profesionales y con mejores condiciones para delinquir".
Una cárcel nunca debería ser el infierno
En ese contexto, también cuestionó la carga simbólica de llamar "El Infierno" a una nueva cárcel próxima a inaugurarse. Para Oliver, esa denominación no es inocente. Expresa una concepción punitiva basada en la humillación y la degradación antes que en la resocialización.
"Una cárcel nunca debería ser el infierno", sostuvo. Y detrás de esa frase apareció una discusión mucho más profunda sobre el sentido mismo del castigo en democracia.
A lo largo de toda la entrevista, Oliver insistió en que el debate no puede reducirse a una confrontación entre garantismo y mano dura. Según explicó, la verdadera discusión es hasta dónde una sociedad está dispuesta a resignar derechos fundamentales en nombre de la seguridad.
El diputado cree que el proyecto oficial avanza peligrosamente sobre esa frontera. Y teme que, en nombre de una demanda social legítima frente a la violencia y el narcotráfico, se terminen naturalizando mecanismos de excepción que luego resulten difíciles de revertir.
En su lectura, el riesgo es doble. Por un lado, habilitar abusos policiales y judiciales. Por otro, degradar progresivamente el sistema democrático bajo la idea de que ciertas garantías son obstáculos para combatir el delito.
El debate que viene en la Legislatura santafesina
Por eso insiste en que el debate legislativo debe darse con profundidad y sin apresuramientos. "Vamos a discutirlo", aseguró varias veces durante la conversación. También reclamó explicaciones concretas del gobierno sobre algunas de las medidas más extremas incluidas en la reforma.
Mientras tanto, el oficialismo mantiene firme su decisión de avanzar. El proyecto ya comenzó a generar fuertes controversias políticas, jurídicas y sociales en Santa Fe. Y el gobierno insiste en que necesita aprobar estas herramientas para consolidar su estrategia de seguridad.
Oliver, sin embargo, observa otro escenario posible. Uno donde el endurecimiento penal termine habilitando prácticas que la democracia argentina construyó precisamente para evitar. Su advertencia atraviesa toda la entrevista como un hilo conductor: cuando las garantías constitucionales comienzan a relativizarse, el problema deja de afectar solamente a quienes delinquen. El alcance termina siendo mucho más amplio.
Porque, según repite, el Código Procesal Penal no fue pensado para proteger criminales. Fue diseñado para proteger ciudadanos. Y en esa definición, insiste, se juega buena parte de la calidad democrática de una sociedad.
Escuchá la entrevista completa:
