En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado.
La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad.
Además de lo que ya fue hecho, a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.
Por este motivo, AMARC Argentina, Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCo, FATPren, REDCom, la Red de Medios Digitales, SiPreBA y el CELS realizamos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
