En Uruguay se criticó que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones exija a estas emisoras la presentación de la declaración jurada, pero no a "todos los titulares de servicio de comunicación audiovisual"
Esta obligación responde a una resolución de la URSeC del 8 de junio del año pasado, que determinó que las asociaciones civiles sin fines de lucro titulares de estaciones de radiodifusión deberán presentar anualmente la declaración jurada con información sobre sus ingresos y egresos, copia de la planilla de trabajadores y datos genéricos del titular, directivos titulares y suplentes. Asimismo, establece que el trámite deberá realizarse en línea dentro de los primeros 60 días "corridos posteriores al cierre del ejercicio civil".
AMARC Uruguay criticó duramente al gobierno en un comunicado:
AMARC denuncia que el gobierno tiene un trato discriminatorio hacia las radios comunitariasDesde AMARC Uruguay estamos de acuerdo con la realización de auditorías a todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual, porque además de darle transparencia al uso de los recursos económicos que reciben los medios, permiten tener información para el diseño de políticas públicas.Pero estamos realizando esta denuncia pública porque la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSeC) está realizando auditorias solo a titulares de radios comunitarias, cuando por las leyes vigentes (Ley de Radiodifusión Comunitaria y Ley Audiovisual) tiene la obligación de realizarlas para todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual.Además la URSeC aprobó el trámite y lo notificó solo dos mes antes del vencimiento, sin una capacitación en la realización del mismo. El incumplimiento del trámite aprobado puede significar sanciones a los medios de comunicación, por lo que este accionar parece evidenciar una intencionalidad sancionatoria por incumplimiento, más que una intención real de controlar a los medios.Un aditivo no menor es que el gobierno hace explícito que las auditorias a las radios comunitarias las realiza a pedido ANDEBU, gremial que nuclea a los medios comerciales de mayor poder económico y también con mayor concentración de medios de comunicación en pocas manos, por lo que hay una actuación sesgada por parte del gobierno a demanda de una gremial cuyos socios paradójicamante no son auditados y se han beneficiado con millones de dólares por parte del gobierno.Cuando se pone foco en controlar únicamente a las radios comunitarias y de forma tan improvisada y se omiten los controles sobre el sector de medios más fuerte tanto a nivel de radio como televisión, claramente hay una intencionalidad política en contra del sector comunitario. Esto se evidenciódesde el inicio de este gobierno con las declaraciones de Acosta y Lara. lo que fue denunciado a la INDDHH que dictaminó que la Dinatel debería rendir cuentas anualmente de las políticas hacia el sector comunitario, con lo que no ha cumplido.Luego de estas declaraciones siguieron los cambios introducidos en la ley de radiodifusión comunitaria en el año 2021, que limitó los años de existencia de las radios comunitarias en la modalidad de frecuencias compartidas a solo 2 años. Esto implica que en cualquier momento el gobierno podría comenzar a cerrar las radios que no pasaron a la modalidad de frecuencias de uso exclusivo. una realidad que fue alertada por AMARC. tanto a nivel Parlamentario como a la propia Dinatel, promotora de la propuesta.Cuando hay un trato tan discriminatorio hacia el sector más débil y por otra parte se permite mayor concentración de medios, se lesiona gravemente los derechos de libertad de expresión y comunicación de la sociedad y de las comunidades, los derechos a difundir y acceder a información.Este accionar es más grave aún cuando se llevan adelante en un año electoral y de iniciativas populares, sabiendo lo que cada medio significa para la calidad del debate de ideas en la sociedad.Exigimos al gobierno tener un trato no discriminatorio hacia todos los titulares de medios de comunicación radial y televisivo.28 de febrero de 2024
