Para Malka Manestar, abogada de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), docente e investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy, el caso Ledesma constituye una de las claves para comprender esa dimensión todavía pendiente del proceso de memoria, verdad y justicia. No se trata únicamente de reconstruir la colaboración de una empresa con los operativos represivos, sino de analizar cómo el poder económico participó de un proyecto político que buscó transformar las estructuras sociales y laborales del país.
Lejos de interpretar aquellos hechos exclusivamente desde la intervención militar, Manestar sostiene que la dictadura debe ser entendida como un proceso "cívico, militar y eclesial". En esa caracterización, las grandes empresas ocuparon un lugar central dentro del proyecto impulsado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
"Cuando hablamos del poder real hablamos del poder de las empresas, del poder económico", afirma. Para la abogada, ese poder no desapareció con el retorno de la democracia, sino que continuó teniendo capacidad de influencia sobre distintos ámbitos del Estado, incluida la Justicia.
Un proyecto económico sostenido por la represión
Según Manestar, el terrorismo de Estado no tuvo solamente un objetivo represivo o disciplinador en términos políticos. También estuvo vinculado a la transformación del modelo económico argentino.
La dictadura buscó reorganizar las estructuras económicas, sociales y laborales para consolidar un modelo neoliberal que, desde su perspectiva, continúa proyectando consecuencias hasta el presente.
"Es un modelo que se sostiene sobre un proceso de expropiación de derechos de las y los trabajadores", explica.
Desde esa mirada, la persecución contra el movimiento obrero organizado no fue un aspecto secundario del aparato represivo, sino una condición necesaria para avanzar sobre conquistas laborales construidas durante décadas. La desaparición de trabajadores organizados, delegados gremiales, abogados laboralistas y representantes sindicales permitió luego modificar relaciones laborales y avanzar sobre derechos adquiridos.
En Jujuy, esa relación entre represión y economía adquiere una dimensión particular por la presencia histórica del ingenio Ledesma.
Para Manestar, la empresa no puede analizarse únicamente como una unidad productiva. Constituye, sostiene, un verdadero enclave de poder con influencia sobre la vida social, política y económica de la provincia.
"Todas las relaciones, tanto productivas como reproductivas, pasan por la empresa", señala.
Ese nivel de concentración, explica, permite comprender por qué durante tantos años resultó difícil avanzar judicialmente contra sus directivos. La investigación no solo enfrentaba la complejidad propia de juzgar delitos cometidos durante la dictadura, sino también la resistencia de sectores con una enorme capacidad de influencia.
Una causa que tardó décadas en llegar hasta los empresarios
El camino judicial de la causa Ledesma estuvo atravesado por años de obstáculos.
Durante mucho tiempo, recuerda Manestar, la Justicia "negaba la posibilidad de acercarse siquiera a una posible acusación" contra el poder económico de la empresa.
La situación comenzó a modificarse en 2012, después de una multitudinaria movilización en Jujuy. La protesta fue producto de la articulación entre organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que reclamaban el avance de la investigación.
Entre esas organizaciones, Manestar destaca el papel de la Tupac Amaru, la Red de Organizaciones Sociales y la dirigente Milagro Sala, cuya participación resultó decisiva para presionar por cambios en la conducción judicial del expediente.
Como consecuencia de esa movilización, renunció el juez que intervenía en la causa y, con la llegada de un nuevo magistrado, la investigación logró avanzar hasta la imputación de Carlos Pedro Blaquier, entonces presidente del directorio de Ledesma, y del exadministrador Alberto Lemos.
Ese avance abrió una etapa inédita: por primera vez, la posibilidad de juzgar penalmente a empresarios por su participación en crímenes de lesa humanidad comenzaba a acercarse a los tribunales.
Sin embargo, pocos años después, el proceso volvió a quedar detenido.
En 2015, la Cámara Federal de Casación Penal dictó la falta de mérito para ambos imputados. La resolución reconocía que existían elementos que demostraban que Ledesma había aportado información sobre trabajadores, vehículos, logística, financiamiento y recursos utilizados durante los operativos represivos.
Pero, al mismo tiempo, consideraba que no había pruebas suficientes para demostrar que los directivos de la empresa conocían el destino concreto que tendrían esos aportes.
Para Manestar, ese argumento resulta imposible de sostener si se analiza el contexto específico de Jujuy.
"Ellos decían: no estaba probado el dolo, no estaba probado que ellos supieran para qué aportaban eso", resume sobre la resolución judicial.
Sin embargo, para la abogada, resulta impensable separar esos aportes del funcionamiento general del aparato represivo en un territorio donde la empresa tenía una presencia dominante.
"Estamos hablando de una empresa que tenía un poder absoluto", sostiene.
La demora judicial y la impunidad biológica
Tras varios años de incertidumbre, la Corte Suprema intervino en 2022 y cuestionó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo tribunal ordenó que la investigación continuara, reabriendo la posibilidad de que la causa pudiera avanzar hacia una instancia oral.
Pero para entonces el paso del tiempo ya había producido una consecuencia irreversible: Carlos Pedro Blaquier murió sin haber sido juzgado.
Para Malka Manestar, ese desenlace representa una de las expresiones más dolorosas de la demora judicial en los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Aunque la causa contra Alberto Lemos continúa abierta, la abogada advierte que la posibilidad de obtener una sentencia sigue condicionada por distintos obstáculos políticos, judiciales y presupuestarios.
"Hoy, lamentablemente, las condiciones en términos de las políticas de memoria, verdad y justicia no son óptimas", afirma.
En ese contexto, señala el debilitamiento de las políticas públicas vinculadas con la investigación y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. Para ella, el problema no se limita a la falta de avances en un expediente particular, sino que forma parte de un escenario más amplio de retroceso en materia de derechos humanos.
La muerte de Blaquier sin una condena judicial expresa lo que los organismos de derechos humanos denominan "impunidad biológica": la posibilidad de que los responsables mueran antes de enfrentar un juicio.
Ese concepto, explica Manestar, surgió a partir de investigaciones desarrolladas por ANDHES sobre distintos casos de participación empresarial en violaciones a los derechos humanos. El análisis comparado permitió identificar una característica común: la presencia de actores económicos con capacidad para obstaculizar o condicionar el avance de las causas.
"Hablamos de actores con poder de veto", explica.
Según su análisis, los procesos judiciales contra empresarios vinculados al terrorismo de Estado solo logran avanzar cuando confluyen distintos factores: la presión y movilización social, el compromiso de algunos sectores del Poder Judicial, el trabajo sostenido de los organismos de derechos humanos y la existencia de políticas estatales orientadas a impulsar las investigaciones.
Pero ese avance, sostiene, suele encontrarse con la influencia de sectores económicos que conservan capacidad para intervenir sobre las decisiones institucionales.
Mucho más que vehículos y logística
Para Manestar, uno de los principales errores al analizar la responsabilidad empresarial consiste en reducir la participación de las compañías al aporte de recursos materiales para los operativos represivos.
En el caso Ledesma, sostiene, la colaboración fue mucho más amplia y estuvo vinculada con un objetivo central: desarticular la organización sindical dentro del ingenio.
La mayor parte de las personas detenidas y desaparecidas en la zona eran trabajadores de la empresa, muchos de ellos sindicalizados, delegados gremiales o integrantes de espacios de representación laboral.
También fueron perseguidos abogados laboralistas y referentes vinculados con la defensa de los derechos de los trabajadores.
Para la abogada, esa persecución no puede separarse del beneficio económico posterior obtenido por la empresa.
La eliminación de una estructura sindical construida durante años permitió modificar las relaciones laborales e imponer condiciones que implicaron una pérdida de derechos para los trabajadores.
"Esa desarticulación obviamente implica un beneficio económico para la empresa", sostiene.
Desde esa perspectiva, la responsabilidad empresarial no se limita a haber facilitado el funcionamiento del aparato represivo, sino también a haberse beneficiado de las consecuencias que esa represión produjo sobre el mundo del trabajo.
Los testimonios reunidos durante décadas de investigación judicial, explica, permiten reconstruir un entramado de colaboración que excede ampliamente la entrega de vehículos o la provisión de infraestructura.
"La empresa aportaba nombres con las personas a desaparecer", afirma.
También señala que numerosas detenciones se realizaron dentro del propio predio del ingenio y con conocimiento de la empresa. Ese aspecto, además de revelar la participación en el esquema represivo, implicó una vulneración directa de los derechos laborales de los trabajadores.
Las declaraciones de sobrevivientes incorporadas a los distintos procesos judiciales también permitieron reconstruir otros mecanismos de presión utilizados contra quienes recuperaban la libertad.
Algunos trabajadores, según los testimonios, eran obligados a firmar renuncias o aceptar indemnizaciones inferiores a las que les correspondían como condición para recuperar su libertad.
"Te damos la libertad, pero vos tenés que firmar esto", resume Manestar sobre una práctica que quedó expuesta a partir de los relatos de sobrevivientes y de los juicios realizados en Jujuy contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, mientras las responsabilidades estatales pudieron ser discutidas en los tribunales, la dimensión empresarial de la represión continúa sin llegar a juicio oral.
Una deuda pendiente de la democracia
Para Manestar, esa diferencia constituye una de las principales deudas del proceso de memoria, verdad y justicia.
Durante las últimas décadas, la Justicia argentina avanzó en el juzgamiento de numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad responsables de secuestros, torturas y desapariciones.
Pero la participación de los actores económicos que acompañaron, facilitaron o se beneficiaron del terrorismo de Estado permanece, en gran medida, sin una respuesta judicial definitiva.
La eventual realización del juicio contra Alberto Lemos tendría, por eso, una importancia que excede al caso particular de Ledesma.
No solo permitiría establecer responsabilidades individuales, sino que también podría convertirse en un antecedente relevante para la jurisprudencia argentina sobre la responsabilidad penal de empresarios involucrados en delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, ese escenario continúa lejano.
Manestar advierte que la causa sigue atravesada por sucesivas dilaciones y que uno de los argumentos utilizados para justificar la demora es la falta de presupuesto.
"No hay plata para poder ejecutar estos juicios, no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para las políticas que hacen al sostenimiento de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", afirma.
Para la abogada, esa explicación no puede analizarse separadamente del contexto político actual y del debilitamiento de las políticas públicas destinadas a sostener los procesos de memoria y justicia.
Durante las últimas décadas, la Justicia argentina avanzó en el juzgamiento de numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad responsables de secuestros, torturas y desapariciones.
Pero la participación de los actores económicos que acompañaron, facilitaron o se beneficiaron del terrorismo de Estado permanece, en gran medida, sin una respuesta judicial definitiva.
La eventual realización del juicio contra Alberto Lemos tendría, por eso, una importancia que excede al caso particular de Ledesma.
No solo permitiría establecer responsabilidades individuales, sino que también podría convertirse en un antecedente relevante para la jurisprudencia argentina sobre la responsabilidad penal de empresarios involucrados en delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, ese escenario continúa lejano.
Manestar advierte que la causa sigue atravesada por sucesivas dilaciones y que uno de los argumentos utilizados para justificar la demora es la falta de presupuesto.
"No hay plata para poder ejecutar estos juicios, no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para las políticas que hacen al sostenimiento de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", afirma.
Para la abogada, esa explicación no puede analizarse separadamente del contexto político actual y del debilitamiento de las políticas públicas destinadas a sostener los procesos de memoria y justicia.
Cinco décadas declarando, esperando y reconstruyendo la verdad
La demora judicial no solo tiene consecuencias institucionales. También impacta de manera directa sobre quienes llevan medio siglo esperando una respuesta.
Malka Manestar recuerda que las víctimas y sus familias comenzaron a denunciar los hechos durante la propia dictadura. Frente a la imposibilidad de encontrar respuestas dentro del país, muchas de las primeras presentaciones fueron realizadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Con el regreso de la democracia, los testimonios continuaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Más adelante, esas mismas historias volvieron a aparecer en los Juicios por la Verdad y, finalmente, en las causas judiciales reabiertas después de la anulación de las leyes de impunidad.
Ese recorrido implica que muchas personas hayan tenido que volver a narrar los mismos hechos una y otra vez durante décadas.
"Es una situación revictimizante", reconoce Manestar.
Las víctimas y sus familias debieron reconstruir una y otra vez experiencias marcadas por la violencia, la pérdida y la incertidumbre. Sin embargo, la abogada destaca que ese esfuerzo también permitió preservar pruebas fundamentales para las investigaciones judiciales.
Muchos de quienes declararon durante estos años ya fallecieron. Sus relatos, registrados en distintos momentos del proceso histórico, permanecen como una pieza central para comprender lo ocurrido.
Para Manestar, esa persistencia de las víctimas y sobrevivientes demuestra que la construcción de memoria no depende únicamente de los tiempos de la Justicia.
La demora judicial no solo tiene consecuencias institucionales. También impacta de manera directa sobre quienes llevan medio siglo esperando una respuesta.
Malka Manestar recuerda que las víctimas y sus familias comenzaron a denunciar los hechos durante la propia dictadura. Frente a la imposibilidad de encontrar respuestas dentro del país, muchas de las primeras presentaciones fueron realizadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Con el regreso de la democracia, los testimonios continuaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Más adelante, esas mismas historias volvieron a aparecer en los Juicios por la Verdad y, finalmente, en las causas judiciales reabiertas después de la anulación de las leyes de impunidad.
Ese recorrido implica que muchas personas hayan tenido que volver a narrar los mismos hechos una y otra vez durante décadas.
"Es una situación revictimizante", reconoce Manestar.
Las víctimas y sus familias debieron reconstruir una y otra vez experiencias marcadas por la violencia, la pérdida y la incertidumbre. Sin embargo, la abogada destaca que ese esfuerzo también permitió preservar pruebas fundamentales para las investigaciones judiciales.
Muchos de quienes declararon durante estos años ya fallecieron. Sus relatos, registrados en distintos momentos del proceso histórico, permanecen como una pieza central para comprender lo ocurrido.
Para Manestar, esa persistencia de las víctimas y sobrevivientes demuestra que la construcción de memoria no depende únicamente de los tiempos de la Justicia.
La memoria también se disputa en las calles
Aunque considera que los juicios son una herramienta fundamental para establecer responsabilidades, la abogada sostiene que la memoria colectiva se construye también por fuera de los tribunales.
"La memoria no es solamente lo que sucede en los juicios", afirma. "Es fundamental que sigamos manteniendo la memoria en las calles, la memoria en la lucha también".
En ese sentido, reivindica el valor de las marchas, los actos conmemorativos y las actividades organizadas por los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales.
Esa tarea adquiere una relevancia particular frente a las nuevas generaciones, que no vivieron la dictadura pero reciben el desafío de interpretar ese pasado en un presente atravesado por nuevas discusiones políticas.
Durante las actividades realizadas por los cincuenta años de la Noche del Apagón, uno de los ejes estuvo puesto especialmente en los jóvenes que fueron víctimas del terrorismo de Estado en Ledesma.
Entre ellos estaban estudiantes secundarios de la Escuela Normal de Libertador General San Martín.
"Nosotros hablamos de nuestra Tarde de los Lápices", explica Manestar.
La referencia apunta a un grupo de adolescentes que, al igual que los estudiantes secundarios perseguidos en La Plata en 1976, comenzaban a organizarse, participar en espacios colectivos y desarrollar una conciencia crítica sobre la realidad social.
Muchos de ellos eran hijos e hijas de trabajadores del ingenio Ledesma.
Para Manestar, esa juventud también fue blanco del aparato represivo porque representaba la posibilidad de una nueva generación comprometida con la participación política y social.
El terrorismo de Estado, sostiene, no buscó únicamente eliminar a dirigentes sindicales o militantes adultos, sino también disciplinar a quienes comenzaban a construir nuevas formas de organización.
Frente al negacionismo, sostener la memoria
En el contexto político actual, Manestar considera que mantener activas las políticas de memoria resulta todavía más importante.
Advierte que el problema no se limita al desfinanciamiento de programas estatales, sino que también existe una disputa por el sentido histórico de lo ocurrido durante la dictadura.
"Tenemos que tener muy claro cuáles son las dimensiones de estos discursos negacionistas y de qué manera también se reivindica el proceso genocida", señala.
Frente a ese escenario, entiende que la respuesta debe construirse desde distintos espacios: los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos, las universidades, la investigación académica y todos aquellos ámbitos donde pueda sostenerse una reflexión crítica sobre el pasado reciente.
Para la investigadora, la memoria no es una tarea encerrada en los archivos ni limitada a los tribunales. Es una práctica colectiva que requiere presencia pública y transmisión entre generaciones.
En esa construcción, algunas figuras adquieren un valor simbólico especial.
Una de ellas es Olga Márquez de Aredes, referente histórica de la resistencia en Jujuy.
Olga Márquez de Aredes, una memoria que camina
Después del secuestro y desaparición de su esposo, el exintendente de Libertador General San Martín Luis Aredes, Olga Márquez de Aredes comenzó a marchar sola cada jueves alrededor de la plaza de la ciudad.
Llevaba un pañuelo blanco y una pancarta en la que reclamaba justicia.
Su imagen se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más fuertes de la resistencia en Jujuy.
Para Manestar, esa persistencia representa una forma de lucha que atravesó generaciones y que permitió sostener el reclamo incluso en los momentos más difíciles.
Con motivo de los cincuenta años de la Noche del Apagón, ANDHES publicó la nota 50 años de impunidad, 50 años de resistencia. El trabajo buscó reconocer, por un lado, la falta de condenas para los responsables empresariales de los crímenes de lesa humanidad y, por otro, el papel fundamental de las mujeres que sostuvieron durante décadas la búsqueda de verdad y justicia.
"Queríamos reconocer que durante estos cincuenta años hubo distintas mujeres que sostuvieron la lucha", explica Manestar.
Algunas continúan participando activamente en los espacios de memoria. Otras, como Olga Márquez de Aredes, fallecieron sin ver concretadas todas las respuestas que reclamaban.
Pero su recorrido, sostiene la abogada, fue fundamental para que las investigaciones pudieran llegar hasta el punto actual.
Un legado que une memoria, justicia y ambiente
El legado de Olga Márquez de Aredes, explica Manestar, no se limita a su lucha por memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de la dictadura.
En los últimos años de su vida, Olga también incorporó a su militancia las denuncias ambientales contra el ingenio Ledesma y los efectos que la actividad industrial tenía sobre la comunidad de Libertador General San Martín.
Su historia permite, para la abogada, comprender que las vulneraciones de derechos no aparecen como hechos aislados, sino que muchas veces forman parte de entramados más amplios de desigualdad y concentración de poder.
Además de reclamar justicia por la desaparición de su esposo y por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, Olga denunció la contaminación provocada por el bagazo de la caña de azúcar y las consecuencias sanitarias que afectaban a quienes vivían en las cercanías del ingenio.
Según recuerda Manestar, Olga murió a causa de un cáncer pulmonar asociado a la bagazosis, una enfermedad vinculada precisamente con la exposición permanente a ese material.
Para la investigadora, esa trayectoria muestra cómo la defensa de los derechos humanos puede extenderse hacia otras dimensiones de la vida comunitaria.
La memoria, sostiene, no se limita a recordar el pasado represivo, sino que también implica preguntarse por las condiciones presentes en las que viven las comunidades y por las distintas formas en que los poderes económicos pueden afectar sus derechos.
Por eso considera que figuras como Olga Márquez de Aredes siguen funcionando como "faros en el camino" para las nuevas generaciones de militantes, investigadoras y defensoras de derechos humanos.
El legado de Olga Márquez de Aredes, explica Manestar, no se limita a su lucha por memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de la dictadura.
En los últimos años de su vida, Olga también incorporó a su militancia las denuncias ambientales contra el ingenio Ledesma y los efectos que la actividad industrial tenía sobre la comunidad de Libertador General San Martín.
Su historia permite, para la abogada, comprender que las vulneraciones de derechos no aparecen como hechos aislados, sino que muchas veces forman parte de entramados más amplios de desigualdad y concentración de poder.
Además de reclamar justicia por la desaparición de su esposo y por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, Olga denunció la contaminación provocada por el bagazo de la caña de azúcar y las consecuencias sanitarias que afectaban a quienes vivían en las cercanías del ingenio.
Según recuerda Manestar, Olga murió a causa de un cáncer pulmonar asociado a la bagazosis, una enfermedad vinculada precisamente con la exposición permanente a ese material.
Para la investigadora, esa trayectoria muestra cómo la defensa de los derechos humanos puede extenderse hacia otras dimensiones de la vida comunitaria.
La memoria, sostiene, no se limita a recordar el pasado represivo, sino que también implica preguntarse por las condiciones presentes en las que viven las comunidades y por las distintas formas en que los poderes económicos pueden afectar sus derechos.
Por eso considera que figuras como Olga Márquez de Aredes siguen funcionando como "faros en el camino" para las nuevas generaciones de militantes, investigadoras y defensoras de derechos humanos.
Una causa que sigue esperando
A medio siglo de la Noche del Apagón, la causa por la responsabilidad empresarial de Ledesma continúa abierta y sin juicio oral.
El expediente concentra una de las discusiones más profundas que todavía atraviesan el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina: la necesidad de establecer qué responsabilidad tuvieron aquellos actores económicos que acompañaron el terrorismo de Estado, facilitaron su funcionamiento o se beneficiaron con sus consecuencias.
Para Manestar, juzgar esa dimensión pendiente no implica solamente reparar a las víctimas y a sus familias. También significa comprender cómo funcionó el poder durante la dictadura y qué continuidades de ese entramado todavía permanecen vigentes.
La posibilidad de que Alberto Lemos sea llevado a juicio representa, en ese sentido, una oportunidad histórica. No solo porque permitiría analizar responsabilidades individuales dentro del caso Ledesma, sino porque podría abrir un camino para otros procesos judiciales vinculados con la participación empresarial en delitos de lesa humanidad.
Pero mientras la causa continúa atravesada por demoras, el tiempo sigue siendo un factor decisivo.
Las víctimas envejecen. Los sobrevivientes mueren. Los responsables también.
La historia de la Noche del Apagón, sin embargo, continúa presente en los testimonios, en las calles y en las nuevas generaciones que retoman una pregunta todavía abierta: cómo juzgar a quienes tuvieron poder suficiente para participar de la represión y permanecer durante décadas lejos de los tribunales.
Cincuenta años después, la consigna que acompañó la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos mantiene su vigencia.
Memoria, verdad y justicia.
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