Franco en la quinta familiar
Franco Oscari volvió a caminar los caminos de tierra del paraje Las Goteras después de once días detenido. Volvió al campo, a su familia, a sus animales y a las tareas que habían quedado suspendidas mientras permanecía privado de su libertad. Pero el regreso no fue igual al momento anterior al operativo: la causa judicial continúa abierta, la Justicia le impuso restricciones y en el territorio persiste la tensión que desde hace años atraviesa a su familia y a otras comunidades campesinas de Palma Sola.
"Estoy bien, gracias a Dios, estoy con mi familia", le dice Oscari a Señales desde el paraje rural donde vive. La frase aparece acompañada por una mezcla de alivio y preocupación. Recuperó la libertad, pero la experiencia dejó marcas. "Estamos nuevamente reiterando nuestras actividades, nuestros trabajos, con algo de miedo por lo que pasó, por si se volvería a repetir", cuenta.
Durante los días que estuvo detenido, explica, su familia siguió adelante con las tareas del campo. La producción no podía esperar. Sin embargo, su ausencia tuvo consecuencias concretas.
"Ellos en realidad nunca pararon, sino que yo por mi detención me perdí mucho trabajo acá, tengo mis verduras, así que he perdido bastante tiempo con eso", relata.
La escena del regreso tiene como fondo el mismo territorio que estuvo en el centro del conflicto: Las Goteras, un paraje ubicado a unos 56 kilómetros de Palma Sola, en una zona rural de difícil acceso, atravesada por arroyos y caminos que condicionan la vida cotidiana de quienes habitan allí.
Ese aislamiento geográfico fue uno de los elementos que más llamó la atención durante el operativo que terminó con su detención. Según contó Oscari, para llegar hasta su vivienda la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal debió realizar un despliegue importante, con unos ocho efectivos que llegaron desde Buenos Aires en dos móviles y atravesaron un camino que incluso para ellos resultaba complejo.
Durante los días que estuvo detenido, explica, su familia siguió adelante con las tareas del campo. La producción no podía esperar. Sin embargo, su ausencia tuvo consecuencias concretas.
"Ellos en realidad nunca pararon, sino que yo por mi detención me perdí mucho trabajo acá, tengo mis verduras, así que he perdido bastante tiempo con eso", relata.
La escena del regreso tiene como fondo el mismo territorio que estuvo en el centro del conflicto: Las Goteras, un paraje ubicado a unos 56 kilómetros de Palma Sola, en una zona rural de difícil acceso, atravesada por arroyos y caminos que condicionan la vida cotidiana de quienes habitan allí.
Ese aislamiento geográfico fue uno de los elementos que más llamó la atención durante el operativo que terminó con su detención. Según contó Oscari, para llegar hasta su vivienda la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal debió realizar un despliegue importante, con unos ocho efectivos que llegaron desde Buenos Aires en dos móviles y atravesaron un camino que incluso para ellos resultaba complejo.
"Fue un mega operativo porque vinieron gente de Buenos Aires a hacer mi arresto", sostiene.
Oscari recuerda que hasta el momento del allanamiento no tenía conocimiento de la denuncia que existía en su contra. La primera información sobre la causa llegó cuando los efectivos llegaron al lugar.
"Yo no sabía de nada, no estaba al tanto de la denuncia ni nada, hasta que llegó la Policía Federal y me leyeron la orden de arresto y la orden de allanamiento", relata.
La llegada de los efectivos rompió la rutina de un territorio donde la vida transcurre alrededor del trabajo rural. Para él, el impacto estuvo marcado por la sorpresa y la incomprensión inicial.
"Estaba muy desconcertado de lo que estaba pasando", recuerda.
El operativo se había desplegado alrededor de las cinco de la madrugada, según habían reconstruido previamente su defensa y organizaciones que acompañaron el caso. La vivienda familiar quedó en el centro de un procedimiento que, para su entorno, contrastaba con la realidad de una familia campesina dedicada a la producción.
Oscari cuenta que, durante el traslado inicial, los propios efectivos comentaban las dificultades del camino.
"El campo donde nosotros vivimos, el paraje se llama Las Goteras, está a 56 kilómetros del pueblo de Palma Sola", explica. "Tuvieron que pasar por varios arroyos hasta llegar hasta acá".
Según relata, algunos policías se sorprendieron por las dificultades del camino hasta Las Goteras. "Decían que tenían que venir haciendo Dakar en el móvil porque no conocían el camino", recuerda Oscari, al describir el recorrido por los arroyos y senderos rurales que conducen al paraje.
La distancia entre la imagen construida a partir de la investigación y la realidad que encontraron aparece como una de las escenas que más recuerda.
"Ellos creían que yo era un criminal, que tenía armas, tenía granadas", afirma.
Pero, según su relato, al llegar al lugar esa percepción cambió. "Cuando vieron la situación en la que vivo, cómo vivo, se tranquilizaron un poco y ya empezaron a bromear".
Oscari recuerda que los efectivos le manifestaban sorpresa por el operativo. "Nosotros pensábamos que eras un criminal", cuenta que le dijeron.
Para él, esa situación expuso una contradicción: un despliegue federal realizado para detener a una persona que, según describe, vive del trabajo de la tierra y de una economía campesina.
"Les parecía una hazaña venir a buscar a un tipo como yo, que soy normal, tipo de campo", relata.
Traslados y una experiencia que todavía permanece
Después de la detención comenzaron los traslados por distintas jurisdicciones. Ese recorrido fue uno de los momentos que Oscari describe como más difíciles.
"Me trasladaron a varias provincias", señala.
Después de la detención comenzaron los traslados por distintas jurisdicciones. Ese recorrido fue uno de los momentos que Oscari describe como más difíciles.
"Me trasladaron a varias provincias", señala.
Según cuenta, durante esos movimientos atravesó situaciones que todavía recuerda con angustia. "He vivido desnudo por parte de los oficiales haciendo sus protocolos de requisa", afirma.
"Eso todavía lo tengo en la cabeza, fueron momentos muy perturbadores", agrega.
La incertidumbre sobre dónde sería trasladado y cuánto tiempo permanecería detenido fue una constante durante esos días. Su entorno había denunciado que hubo momentos en los que no tenían información clara sobre su paradero, mientras la defensa realizaba presentaciones para conocer la situación procesal del joven.
La secuencia incluyó movimientos entre provincias y dependencias policiales, en un recorrido que para Oscari y su familia profundizó la sensación de desconcierto.
Libertad con restricciones y una causa que sigue abierta
El 3 de julio, Franco Oscari recuperó la libertad. Pero la salida de la detención no significó el cierre del expediente judicial. La causa continúa abierta y el joven debe cumplir una serie de condiciones impuestas por la Justicia Federal.
Según explica, entre las restricciones se encuentra la prohibición de salir de la provincia y del país, además de la obligación de informar determinados movimientos mientras avanza el proceso.
"Yo continúo el proceso de mi situación", dice Oscari. "A mí se me dio la libertad el día viernes, el 3 de julio se me da la libertad, bajo condiciones de no salir de la provincia, no salir del país, informar en todo caso".
A esa situación se sumó una multa económica que, según relata, representa una carga imposible de afrontar para su realidad. Oscari explica que se le impuso una suma de 700 mil pesos en concepto de daños y perjuicios hacia Patricia Bullrich.
"El dinero que yo no tengo", afirma.
La explicación vuelve sobre su forma de vida: una economía basada en el trabajo rural, sin bienes registrados ni propiedades a su nombre.
"Nunca agarré esa cantidad de plata porque la verdad que mi trabajo no me genera esa cantidad de efectivo", sostiene.
Recuerda que durante el procedimiento le preguntaron si tenía alguna propiedad o algún bien a su nombre. Su respuesta, dice, sorprendió a quienes lo interrogaban.
"Les digo que no, que lo único que tengo es mi DNI", cuenta.
La frase sintetiza, para él, una realidad concreta: la de una persona que vive del campo y que todavía está construyendo su proyecto de vida.
"Soy del campo, la verdad que recién estoy comenzando, no tengo nada todavía hecho", explica.
El origen de la causa está vinculado a una publicación en Facebook que, según la denuncia judicial, habría contenido amenazas contra Patricia Bullrich. Oscari sostiene que ese mensaje no fue escrito por él y que nunca imaginó que una publicación pudiera derivar en un operativo de esas características.
"Yo no recuerdo haber escrito ese mensaje", afirma.
Según reconstruye, el texto que se le atribuye decía: "Patricia vieja Isabel, que si no renuncias te vamos a matar". Oscari rechaza haber realizado esa publicación y sostiene que no tenía conocimiento de la existencia de ese mensaje.
En su explicación aparece también un episodio previo: el robo de su teléfono celular.
"Antes de todo esto me habían robado el teléfono", cuenta.
Después de ese hecho, explica, utilizó otro aparato prestado para comunicarse con su familia.
"Yo al ingresar al teléfono no me salía ningún mensaje", relata.
Por eso, asegura, la llegada de la Policía Federal fue completamente inesperada.
"Nunca pensé, nunca me imaginé esas cosas", dice.
Oscari reconoce que utilizaba las redes sociales para expresar opiniones políticas y denunciar situaciones que consideraba injustas. En sus publicaciones, cuenta, cuestionaba decisiones del Gobierno nacional y expresaba críticas sobre distintos temas de actualidad.
"Yo publicaba en Facebook lo que está pasando con el gobierno, con Adorni, con los choreos que hay, con la injusticia", explica.
Desde su mirada, esa exposición pública pudo haber sido parte del contexto que rodeó la investigación.
"Yo supongo que también viene por ahí la mano del tema de mi arresto", plantea.
Pero insiste en que su militancia no tiene relación con una amenaza y que su participación pública siempre estuvo vinculada a la defensa del territorio, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos.
Para Oscari, la causa judicial no puede separarse del conflicto territorial que atraviesa a su familia y a la comunidad de Las Goteras.
Su familia vive en ese lugar desde hace más de cuatro décadas. Según relata, existe una disputa por esas tierras y un reclamo de permanencia en un territorio donde desarrollan su vida y su producción.
"Hay territoriales que quieren desalojar a la familia, que la familia vive acá hace más de 40 años, tiene un arraigo bastante profundo y nos quieren desalojar", afirma.
A partir de esa situación, cuenta, comenzaron a visibilizar el conflicto junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena y la organización Tierra Fértil, una organización territorial de la zona.
"El movimiento nos apoya", explica. Ese acompañamiento, según relata, incluye asistencia económica en algunos momentos y asesoramiento legal a través de abogadas que acompañan los reclamos.
"Nos han ayudado bastante, a mí particularmente y a la familia también", sostiene.
La defensa del territorio, para Oscari, forma parte de una historia personal que comenzó mucho antes de la detención. Cuenta que desde adolescente estuvo vinculado al movimiento campesino y que su formación en una escuela de agroecología fue determinante para su mirada sobre la tierra y la producción.
"Desde los 14 años que empecé a estudiar en la escuela de agroecología", recuerda.
Esa experiencia, dice, le permitió comprender otra forma de relacionarse con el territorio y con la producción de alimentos.
El otro conflicto que aparece en el relato de Oscari es el avance de proyectos mineros en la zona.
Según cuenta, su familia y vecinos participaron de acciones contra la instalación de una planta de lavado de minerales que, de acuerdo con su relato, iba a ubicarse frente a un barrio de Palma Sola.
"Nosotros nos opusimos a que instalen una planta de lavado de minerales en frente de un barrio donde hay chicos, hay personas embarazadas", explica.
La preocupación principal, señala, estaba relacionada con el impacto ambiental, especialmente por el uso del agua y la posibilidad de contaminación.
"Sabemos que estas empresas consumen mucha agua para lavar sus minerales y otras que usan químicos", sostiene.
Según relata, la actividad minera ya estaba presente en la zona y la comunidad comenzó a organizarse para impedir la instalación de esa planta.
"Mi mamá estuvo encabezando esa lista para reunir firmas", cuenta.
La presentación se transformó en un amparo ambiental colectivo en el que participaron vecinos y vecinas de Palma Sola.
Oscari sostiene que finalmente lograron que el proyecto no avanzara en ese lugar.
"Logramos hacer que la empresa no se instale, que busque otro lugar porque iba a contaminar todo", afirma.
Gloria Mamani, integrante del MNCI, le contó a Señales sobre ese amparo ambiental colectivo presentado el 17 de abril contra una empresa minera que explota cobre en las serranías de Santa Bárbara, bajo la razón social Mom Mining. Según su relato, se trata de un emprendimiento cuestionado por organizaciones locales por su impacto sobre el bosque nativo, en una zona donde —afirman— existen áreas clasificadas como protegidas en el ordenamiento territorial. También advierte que el avance minero ha llegado a regiones antes no intervenidas, ampliando el alcance de la explotación hacia zonas bajas de la provincia.El temor de quienes reclaman
Al hablar del conflicto ambiental, Oscari también menciona situaciones que, según su relato, generaron temor entre quienes participaban de los reclamos.
Cuenta que su madre le relató la presencia de vehículos que permanecían cerca de su vivienda y que eran interpretados como una posible forma de vigilancia.
"Mi madre me contaba que había vehículos que se paraban afuera de su casa y como que estaban vigilando ahí", dice.
También menciona el caso de un vecino que participaba de la junta de firmas contra el proyecto minero y que, según afirma, fue atropellado por un chofer vinculado a la actividad.
Oscari sostiene que esa persona quedó en una situación crítica y que su familia decidió no realizar una denuncia por temor.
"No quisieron denunciar nada por miedo a que nos mandasen a hacer algo", relata.
Para él, ese tipo de situaciones generan un clima de preocupación entre quienes se organizan para defender el territorio.
"El miedo estaba ahí latente porque uno se opone, te investigan, te hacen inteligencia y ese es el miedo de que pueda pasar a mayor gravedad", afirma.
Un campesino que vuelve al territorio
Después de la detención, los traslados y la causa judicial, Oscari vuelve a definirse desde el lugar donde siempre estuvo: el campo.
No habla de abandonar la organización ni de dejar la defensa territorial. Por el contrario, sostiene que su experiencia reforzó una convicción construida desde joven.
Su formación dentro del movimiento campesino, la agroecología y la defensa de la soberanía alimentaria forman parte de una identidad política que, según explica, no responde a un partido sino a una forma de entender la vida rural.
"Yo no pertenezco a ningún partido político", aclara.
Su mensaje final apunta a la organización social y a la necesidad de discutir qué modelo de desarrollo se busca para el país. Cuestiona el avance de proyectos extractivos y plantea que la riqueza de Argentina no debería depender únicamente de la explotación de sus recursos naturales.
"Vender las tierras a empresas no creo que sea beneficioso para un país tan rico como es Argentina", sostiene.
Para Oscari, la disputa que atraviesa Las Goteras no es solamente un conflicto familiar ni una causa judicial individual. Es parte de una discusión más amplia sobre la permanencia campesina, el acceso a la tierra y la posibilidad de producir alimentos en los territorios rurales.
Franco Oscari recuperó la libertad, pero la causa continúa. En el mismo lugar donde fue detenido, entre caminos difíciles, cultivos y una historia familiar ligada a la tierra, vuelve a empezar su vida cotidiana mientras espera que la Justicia defina el futuro del expediente.
Mientras tanto, el conflicto que lo rodea permanece abierto: entre una denuncia penal que él niega, una comunidad que reclama por su territorio y un modelo extractivo que, según sus organizaciones, vuelve a poner en disputa el futuro del norte jujeño.
Después de la detención, los traslados y la causa judicial, Oscari vuelve a definirse desde el lugar donde siempre estuvo: el campo.
No habla de abandonar la organización ni de dejar la defensa territorial. Por el contrario, sostiene que su experiencia reforzó una convicción construida desde joven.
Su formación dentro del movimiento campesino, la agroecología y la defensa de la soberanía alimentaria forman parte de una identidad política que, según explica, no responde a un partido sino a una forma de entender la vida rural.
"Yo no pertenezco a ningún partido político", aclara.
Su mensaje final apunta a la organización social y a la necesidad de discutir qué modelo de desarrollo se busca para el país. Cuestiona el avance de proyectos extractivos y plantea que la riqueza de Argentina no debería depender únicamente de la explotación de sus recursos naturales.
"Vender las tierras a empresas no creo que sea beneficioso para un país tan rico como es Argentina", sostiene.
Para Oscari, la disputa que atraviesa Las Goteras no es solamente un conflicto familiar ni una causa judicial individual. Es parte de una discusión más amplia sobre la permanencia campesina, el acceso a la tierra y la posibilidad de producir alimentos en los territorios rurales.
Franco Oscari recuperó la libertad, pero la causa continúa. En el mismo lugar donde fue detenido, entre caminos difíciles, cultivos y una historia familiar ligada a la tierra, vuelve a empezar su vida cotidiana mientras espera que la Justicia defina el futuro del expediente.
Mientras tanto, el conflicto que lo rodea permanece abierto: entre una denuncia penal que él niega, una comunidad que reclama por su territorio y un modelo extractivo que, según sus organizaciones, vuelve a poner en disputa el futuro del norte jujeño.
Fotos: Gentileza Franco Oscari
Ver anterior: Jujuy: operativo federal, orden de Lijo y denuncia de Bullrich en una detención cuestionada
Ver anterior: Jujuy: operativo federal, orden de Lijo y denuncia de Bullrich en una detención cuestionada
