A casi una década de los hechos, sigue pendiente la deuda de una justicia y un esclarecimiento completo de los hechos. La identificación y condena de los autores materiales de su asesinato, si bien son avances que deben celebrarse, no culminan la obligación del Estado de Honduras de llevar a cabo una investigación que determine los autores intelectuales y esclarezca los delitos conexos al asesinato. Asimismo, las estructuras financieras y económicas que hicieron posible su asesinato deben responder ante la justicia y la sociedad hondureña.
Además de la investigación, queda pendiente un recorrido hacia las garantías de no repetición y la reparación de las víctimas, familiares y comunidades afectadas. En Honduras, como en muchos otros países de la región, las comunidades indígenas siguen enfrentando la amenaza de megaproyectos que buscan apropiarse de sus tierras y recursos, desplazando poblaciones, destruyendo ecosistemas y atentando contra formas de vida que han existido ancestralmente. En este contexto, quienes defienden estos territorios continúan siendo blanco de agresiones, hostigamientos y criminalización, a menudo con la complicidad de actores estatales y privados.
En su reciente visita a las comunidades de La Esperanza y Río Blanco, el GIEI evidenció cómo la imposición de proyectos extractivos y de infraestructura sin garantías de participación y sin respeto a los derechos de los pueblos indígenas genera escenarios de conflictividad, violencia y graves violaciones a los derechos humanos.
Tanto en sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil en Tegucigalpa, así como con los liderazgos y comunidades de La Esperanza y Río Blanco, el GIEI pudo evidenciar que la lucha de Berta no terminó con su vida; su legado resuena en las comunidades que siguen enfrentando el despojo, la persecución y la criminalización por defender sus territorios frente a proyectos impuestos sin consulta ni consentimiento.
Como organismo comprometido con la búsqueda de justicia y verdad, el GIEI reitera su disposición a colaborar con todos los actores involucrados para garantizar que este crimen no quede impune.
El GIEI Honduras fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la CIDH, el Estado de Honduras y la parte representante (COPINH y CEJIL) con el propósito de fortalecer la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y otros delitos y otros delitos conexos, y proponer medidas de reparación y garantías de no repetición. El GIEI Honduras trabajará de manera independiente e imparcial y su mandato, de seis meses, culmina el 14 de agosto de 2025.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) exigió este domingo que las investigaciones sobre el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace nueve años, "avancen sin interferencias" y que se procese a los autores intelectuales del crimen.
"En este noveno aniversario, exigimos que las investigaciones avancen sin interferencias y que los autores intelectuales sean procesados. La conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) es clave para esto", por lo que su trabajo debe "contar con todas las garantías para investigar las responsabilidades intelectuales del crimen, los delitos de corrupción y los fraudes financieros", indicó en un comunicado el COPINH, del que Cáceres fue cofundadora.
Enfatizó que, aunque ha habido avances, "la justicia sigue incompleta", y demandó la identificación y el enjuiciamiento de todos los que planificaron y financiaron el asesinato de la ambientalista hondureña, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
"Berta Cáceres vive en la lucha de los pueblos. Su legado nos impulsa a seguir defendiendo la vida, la justicia y la dignidad de nuestros territorios", señaló.
La ambientalista, que se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), fue asesinada pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Tras "casi una década de su asesinato, el camino hacia la justicia ha sido arduo y marcado por obstáculos impuestos por quienes han querido garantizar la impunidad de los autores intelectuales del crimen", subrayó el COPINH, cuya coordinadora general es Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista hondureña asesinada.
En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra los siete condenados por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien fue el único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.
Roberto David Castillo, un ejecutivo de DESA, fue condenado en junio de 2022 a 22 años y seis meses de prisión como coautor del asesinato de Cáceres; sin embargo, el Supremo hondureño "redujo su condena, dejando en evidencia la influencia de los poderes sobre el sistema judicial", lamentó el COPINH.
"La persecución contra los movimientos sociales y defensores del territorio no ha cesado. Las mismas estrategias usadas contra Berta se han repetido con otros compañeros y compañeras", afirmó.
El COPINH destacó que el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre, "es una prueba de ello", ya que, al igual que Cáceres, había sido "amenazado y tenía medidas cautelares de la CIDH, pero el Estado de Honduras no garantizó su protección".
"La violencia contra quienes defienden la vida y los bienes comunes sigue siendo una estrategia de terror impuesta por el poder empresarial y criminal en el país", concluyó el COPINH.
