El pronunciamiento desbarata la actividad desplegada por las fiscalas Mariana Rivadeneira y Marta Ignacia Jerez -son hija y madre-, y por el juez Raúl Cardozo. Freidenberg adujo que el conflicto expuesto tenía naturaleza civil y no penal, y que ello surgía de la propia imputación que había hecho Rivadeneira a Benito en diciembre. En forma previa a ese acto, la fiscala había archivado la causa con el argumento de que la prueba avalaba la versión de la periodista -en el sentido de que había entregado un año antes de la denuncia un libro de escritura forense encargado por los colegios de Abogados de la Capital y del Sur, y que se la intentaba criminalizar por su labor-. La fiscala había dictaminado que había que tener cuidado puesto que estaban en juego las libertades de prensa y de expresión, principios constitucionales que gozan de una protección especial, pero, después, revivió el caso, e indagó a Benito y al ex presidente del Colegio de la Capital, Francisco García Posse.
"Desde el comienzo y sin que haya modificaciones posteriores que avalen volver atrás se avizoró la inexistencia de tipicidad de las conductas descriptas en forma bastante confusa", reflexionó Freidenberg. Y agregó: "no es posible tomar hechos al azar y luego averiguar sin son delitos porque, si así no fuera, cada acto de la vida cotidiana podría ser sometido a investigación penal". La jueza sentenció: "de los antecedentes no surge que en parte alguna se haya descrito alguna acción típicamente antijurídica y culpable, y menos la endilgada a Irene Benito como no sea el cuestionamiento del plazo de entrega del libro cuya entrega está acreditada, según la misma resolución fiscal".
Fuente: La Gaceta
