La Policía Federal tuvo un rol decisivo en el ataque al edificio del barrio porteño de Colegiales donde funcionaban Tiempo Argentino y Radio América. Sin la intervención de los agentes de la exComisaría 31, los matones al mando del empresario de seguridad privada Juan Carlos Blander, coordinados por el falso comprador del diario Mariano Martínez Rojas, nunca podrían haber tenido acceso al lugar que era custodiado por los trabajadores bajo la orden del Ministerio de Trabajo.
A seis años de aquel episodio oscuro de la democracia, este diario resume las pruebas que los funcionarios judiciales, en su afán de persistir en desvincular a la fuerza de seguridad, se niegan a consentir.
Según se desprende de las declaraciones del propio Blander, volcadas en el expediente que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, la estrategia de copar el edificio se pergeñó una semana antes, cuando se comunicó Martínez Rojas con él, de parte del comisario Jorge Guillermo Azzolina, a quien conocía porque hacía seguridad privada en la zona del Hipódromo de Palermo a través de la empresa All Acces.
El empresario correntino, cómplice del vaciamiento del Grupo 23 de medios, perpetrado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, le explicó a Blander que necesitaba "serenos en un edificio, porque lo tengo que entregar y lo tengo tomado; tengo el permiso de la fiscalía para abrirlo con el cerrajero". Sin conocer a Martínez Rojas, Blander llamó al jefe policial, quien le confirmó que había sido él quien le pasó su contacto: "Azzolina me dijo que Martínez Rojas necesitaba custodia para ir al edificio con la policía hasta la puerta y cuidar el edificio, pero la policía no podía cuidarlo", reconoció. De esa manera, el jefe de la patota ratificó que fue él quien contrató a su séquito y al cerrajero, porque le habían garantizado previamente la presencia policial en la zona.
Ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de CABA, que intervino en un primer momento, el cerrajero Guillermo Carrasco recordó: "Yo me quería retirar sinceramente del lugar porque ya no me sentía cómodo ahí. Cada cinco minutos le preguntaba a Blander y a Mariano –el que se presentó como dueño– por la policía y les decía que si no venían ya, yo me iba".
"Pasaron unos minutos –continuó Carrasco- y vinieron dos móviles de la Policía Federal. Como ellos estaban con los papeles y la documentación del lugar, me acerco al policía y le pregunto si estaba todo OK para hacer la apertura. Ellos me contestan que sí, que haga el servicio. Y así fue. Estando los papeles presentes y la policía, hice la apertura del lugar. Aclaro que la policía me dio la orden directa de abrirlo. Quien me autorizó a abrir fue el policía que manejaba el móvil policial". Todo esto ocurrió en horas de la medianoche.
Los tres trabajadores de Tiempo, Nahuel de Lima, Gabriel Agüero y su madre, Norma Fernández, que pernoctaban en el edificio, coincidieron en lo que pasó durante los primeros minutos de ese 4 de julio de 2016. Declararon que fueron amenazados, golpeados y obligados a salir del edificio y que en la vereda se encontraron con al menos un patrullero. Idéntica versión fue sostenida por la editora de Política de Tiempo, Julia Izumi, y su marido, quienes fueron los primeros en llegar al lugar tras la irrupción de la patota. Todo esto ocurrió, según quedó acreditado, mucho antes de las 2 de la madrugada del 4 de julio.
Las entonces autoridades de la Cooperativa Por Más Tiempo, los periodistas Randy Stagnaro y Javier Borelli, fueron contundentes ante los funcionarios judiciales y policiales a la hora de describir la tensión de ese momento y el papel que jugó la fuerza de seguridad. Stagnaro advirtió que "la policía todo lo que hizo fue tratar de impedir que nosotros ingresáramos al edificio, y defendía la presencia de la patota. Decía que había una fiscal –nunca aclararon quién era- que había decidido que las cosas eran de esa manera, y que no había que modificarlas".
Stagnaro añadió que el subcomisario Carlos Aparicio tabicaba el ingreso a los trabajadores de prensa, a pesar de que le puntualizaban "que los custodios de los bienes allí presentes éramos nosotros por decisión del Ministerio de Trabajo, y que la patota no tenía nada que hacer ahí dentro, ya que no eran ni dueños del inmueble ni inquilinos". Sin embargo, "la autoridad policial se negaba a intervenir. Recién se puso en contacto con la fiscalía cuando se fueron sumando los trabajadores de la cooperativa, y otras personas que se solidarizaron con nosotros".
A pesar de la tormenta que sacudía a la ciudad en ese momento, cientos de colegas de otras redacciones, representantes del movimiento de empresas recuperadas y dirigentes políticos se acercaron al lugar para acompañar a los integrantes de la cooperativa.
Borelli aseguró en sede policial y judicial que los agentes argumentaban que "las personas que habían ingresado por la fuerza al lugar habían acreditado la titularidad del bien en cuestión mediante un contrato de locación". A estos mismos uniformados poco les importó cuando el entonces presidente de la cooperativa les comentó que ese contrato estaba vencido y les envió por mail la documentación. "Con lo cual la policía lo sabía en ese momento", testimonió.
Los dichos de los integrantes de la patota son igual de elocuentes. Henry Omar Castro Vargas sostuvo: "Llegué solo, y ya estaba la policía en el lugar; no tengo idea de qué seccional era. Había dos móviles policiales, el Sr. Martínez Rojas, personal policial y el Sr. Juan Blander. Nos dijeron que esperemos un ratito. Esperamos al costado. Abrieron la puerta con personal policial y el muchacho que estaba –creo que era un cerrajero, yo no lo conocía-. Ingresó la policía, el Sr. Martínez Rojas, y luego nos hicieron ingresar a nosotros. Nos dijeron que esperemos en el hall nada más. La policía hablaba con Martínez Rojas".
Carlos Roberto Antivero, otro de los violentos, coincidió con lo que dijo Castro Vargas sobre la presencia del cerrajero y la policía, y sumó otro elemento: "A nosotros, Martínez (Rojas) nos dijo que teníamos que hacer de serenos. Quedarnos ahí en el hall, sin hacer nada. Entonces, entramos a un hall, aproximadamente estuvimos 25 minutos en el hall, después la policía nos metió en una pieza".
En esa misma línea, Marcelo Mauricio Caña, admitió que "ellos –por Martínez Rojas, Blander, el cerrajero y los agentes- fueron quienes entraron y abrieron. Ellos fueron quienes sacaron a la gente que estaba adentro. Estaba un femenino y un masculino de policía. Después entramos nosotros, y quedaron esos policías en la puerta con el patrullero". Carlos Alberto Ruiz Díaz también señaló que de antemano había dos móviles policiales apostados.
Hace dos semanas, el juez Martínez de Giorgi sobreseyó al comisario Azzolina, a quien había procesado por los delitos de usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo. Para Martínez Rojas, Blander y los 13 integrantes de la patota mantuvo la imputación. El magistrado se alineó con lo dispuesto por la Sala I de la Cámara Federal a mediados de 2019 que pidió más pruebas para vincular la participación policial en el hecho.
Pero los elementos nuevos nunca llegaron: la Policía Federal había destruido todos los sumarios de ese entonces y no pudo establecer qué móviles, ni qué personal participó ese día del procedimiento ilegal; además, la fiscal contravencional informó a Martínez de Giorgi que esa noche todos los efectivos cumplieron puntillosamente sus órdenes. Y aclaró que el primer llamado de la policía lo recibió no antes de las 2 de la madrugada. Lo cual queda en evidencia que hasta ese momento, la fuerza hizo y deshizo a su antojo, pero nadie se hace cargo de sus movimientos.
La prioridad es luchar contra la impunidad policial
La mañana del 4 de julio de 2016, cuando aseguramos la recuperación del lugar para lxs trabajadorxs, empezamos a reconstruir los detalles de lo sucedido la noche anterior. Desde el minuto cero quedó en plena evidencia la intervención esencial de la Policía Federal. Sin su aporte no hubiera sido posible el ataque, ni su planificación.
Las pruebas son abrumadoras. La responsabilidad del comisario Jorge Azzolina, titular de la entonces comisaría 31ª de la PFA, es clara y directa. Fue quien personalmente recomendó al "experto en seguridad" Juan Carlos Blander para que Mariano Martínez Rojas le encargara el "trabajito". También fue Azzolina quien permitió la comprobada presencia de policías de la repartición que dieron asistencia y falsa cobertura legal al ataque.
Tendría que haber sido sencillo verificar qué patrulleros y qué efectivos estuvieron frente a Amenábar 23 en la medianoche del 4 de julio, horas antes de que fueran nuevamente convocados cuando se consumó el delito. Sabemos que si algo hacen las comisarías es registrar los movimientos de móviles y personal. Además, todos los patrulleros tienen, desde hace muchos años, sistemas de geolocalización. Sin embargo, como lo relata el juez Martínez de Giorgi en la resolución que sobreseyó al comisario, "los Libros de Registro de Personal y de Sumarios labrados en la ex Comisaría 31 de la Policía Federal Argentina fueron destruidos en virtud de haber trascurrido el plazo de conservación previsto en la normativa interna de dichas fuerzas". Tampoco "se obtuvieron los números de identificación de los móviles policiales que la mencionada dependencia policial tenía asignados el día de los sucesos", y "no resultó posible establecer el personal que se encontraba asignado a cada uno de ellos en cada día". Finalmente, "no existen registros en el sistema de geoposicionamiento de los equipos de Comunicación de la firma Motorola Solutions que se encontraban operativos en los móviles de la ex Comisaría 31 de la Policía Federal Argentina el día de los hechos, dado que son resguardados sólo por el lapso de seis meses".
La destrucción (u ocultamiento) de esas constancias, que habilitaron al juez a liberar de toda responsabilidad penal al comisario que apoyó el plan criminal de Martínez Rojas sólo se puede entender en el marco de una decisión institucional de garantizar su impunidad, que no es otra cosa que la impunidad del aparato estatal. Hay fotos y testimonios que dan cuenta de la intervención de Azzolina y sus agentes en la planificación y ejecución del ataque a Tiempo, pero las demoras procesales también permitieron que el resguardo de los registros quedara en un limbo, porque nadie buscó preservar esos materiales, sabiendo que había una investigación en marcha. Por el contrario, posiblemente hubo apuro en que desaparecieran y la ausencia de esa documentación debe ser explicada por las autoridades porteñas y nacionales que intervinieron en la transferencia de la Policía Federal en 2017, a seis meses del ataque a Tiempo.
Para entender la situación sirve recordar que el proceso contra Martínez Rojas empezó a avanzar seriamente una vez que, desde el poder, le soltaron la mano por la mafia de los contenedores. Hoy está detenido, con cuatro condenas por contrabando, defraudación en la venta de automóviles y estafa, más una quinta por la interrupción de la transmisión de Radio América, apenas unos días antes de que atacara Amenábar 23 para completar su plan de silenciamiento de la emisora y el diario. Pero a la policía la siguen protegiendo. El poder tiene claras sus prioridades. Desde la querella encarada por la Cooperativa Por Más Tiempo con patrocinio de Correpi, seguiremos dando batalla para revertirlo.
Un ataque que no puede quedar impune
Se cumplen seis años sin juicio ni castigo contra los autores de uno de los hechos más violentos contra la prensa desde el regreso de la democracia
Cierren los ojos. Imaginen aunque sea por unos segundos que una patota compuesta por 15 matones ingresa por la fuerza a un edificio y destroza todo lo que encuentra a su paso. Antes, saca a patadas y trompadas a tres trabajadores que encuentra adentro. En unos segundos, tapa los ventanales para que nadie vea lo que sucede. Para ocultar la violencia. Para romper todo en una madrugada lluviosa. El edificio no es cualquier edificio: es la redacción de un medio de comunicación. Ejecutan un planificado ataque a la libertad de expresión. Cuentan con la complicidad policial en el intento por silenciar a la prensa. Dan un golpe contra el ejercicio periodístico en su conjunto.
Imaginen que pasaron seis años y que la Justicia todavía no identificó a los responsables del violento episodio. El hecho aún sigue impune. Abran los ojos. No hace falta imaginar nada. El ataque sucedió el 4 de julio de 2016. La redacción vandalizada fue la de Tiempo Argentino. Se cumplen seis años sin juicio ni castigo contra los autores de uno de los hechos más violentos contra la prensa desde el regreso de la democracia.
La causa para esclarecer el ataque tuvo movimiento los últimos días. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi descartó el vínculo de la Policía con el ataque y dictó el sobreseimiento de Jorge Guillermo Azzolina, jefe de la Comisaría 31, cuyos uniformados custodiaron la entrada y la salida de la patota a la redacción. Los esfuerzos de la Justicia por desresponsabilizar a la Policía son evidentes y, además, demoran el comienzo del juicio en un expediente que ya cuenta con los procesamientos de Mariano Martínez Rojas y sus patovicas de turno.
La organización de los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa sumada al amplio respaldo de gremios y organizaciones permiten mantener con fuerza el reclamo para esclarecer el ataque. Es la tradición de lucha heredada de las empresas recuperadas y las cooperativas. Es el camino por el que se revirtieron los 357 despedidos en la agencia estatal de noticias de Télam, un hito central para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa). Esta semana se cumplieron cuatro años de la histórica pelea para frenar otro vaciamiento, en este caso ejecutado por el gobierno macrista y su plan de despidos. La heroica resistencia es parte del hilo que une las dos historias. TelAm y Tiempo pusieron el cuerpo para defender el trabajo y también el derecho a la información de las audiencias, una disputa central para la sociedad en su conjunto.
Como querellantes con el patrocinio de Correpi, este martes la cooperativa concurrirá a una audiencia crucial por la causa que investiga los delitos de "usurpación, daño e interrupción de un medio de comunicación". Que suceda un día después del sexto aniversario no es una cuestión de azar: nada en la corporación judicial es casual. Daremos testimonio de lo que siempre denunciamos: el ataque tuvo la participación necesaria del comisario Azzolina y los policías a su cargo. Fueron nada menos que quienes facilitaron el ingreso al edificio. Aquella madrugada terminó con la patota huyendo con la ayuda de los uniformados. Aquella nueva recuperación confirmó que nada frenaría a Tiempo.
Desde hace seis años, también son muchos más quienes acompañan la lucha por la continuidad de este medio cada vez más potente. Estuvieron para defenderlo y para construir una mirada al futuro.
Fotos: Diego Martinez, Mariano Martino y Eduardo Sarapura
Fuente: Tiempo Argentino
