El reporte dio cuenta también de vulneraciones a la prensa por particulares, acoso legal contra voces críticas, presiones a medios de comunicación, problemas de transparencia en la información gubernamental sobre la pandemia de Covid-19, proyectos de ley contrarios a estándares internacionales de libertad de expresión y discursos de odio y violencia digital.
El documento apuntó que la mayoría de las víctimas de los ataques por parte de agentes del Estado han sido reporteros freelance y de medios independientes.
Los datos recogidos fueron presentados por las académicas Chiara Sáez y Patricia Peña, y por el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García. Los autores del trabajo explicaron que esta información fue analizada de forma crítica desde la doctrina internacional de los Derechos Humanos en relación a la libertad de expresión, así como a partir de la legislación nacional y la investigación previa.
El documento mencionó 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado, donde Carabineros de Chile continuó con la práctica de detenciones arbitrarias bajo el pretexto de incumplir las medidas sanitarias o ser responsables de acciones contra la autoridad, si bien los casos se redujeron de forma significativa respecto al año anterior. Sin embargo, se han incrementado los ataques con gas pimienta a fotoreporteros, con 25 casos, y los actos de hostigamiento a la prensa, con 53 casos, para impedir o dificultar el ejercicio de su labor.
Más de un 86% de los registros corresponden a la región Metropolitana y se refieren -en su mayoría- a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas que se realizan los viernes en Plaza Italia y alrededores, en las que se pedía la renuncia del presidente Piñera y la liberación de los denominados "presos de la revuelta".
Piensa Prensa es el medio que ha sufrido el mayor número de actos de hostigamiento, con al menos 16 sucesos informados a través de sus redes sociales sobre ataques con gas pimienta, lanzamiento de agua a presión, golpes y empujones, controles de identidad e incluso el uso de linternas por funcionarios de Carabineros para dificultar el registro visual de su actuar. Una veintena de las víctimas registradas son mujeres, 12 de ellas durante el mes de marzo.
En cuanto a la transparencia y acceso a la información, el informe 2021 indicó que, hasta el momento y pese a seguir todos los conductos formales regulares, ha sido imposible acceder al contenido de las reuniones del Presidente con medios de comunicación en el contexto del estallido.
"El caso da pie para cuestionar el funcionamiento del sistema de acceso a la información pública en Chile y su necesario avance a otro estadio más exigente y de mayores garantías para la ciudadanía frente al Estado", afirmó Chiara Sáez.
En cuanto a la libertad de expresión en Internet, se destacó como un hecho negativo el alza de ataques hacia los integrantes de la Convención Constitucional a través de redes sociales.
Entre las reflexiones principales del trabajo, se concluye que el debate sobre el proyecto de ley de plataformas digitales pone en evidencia la necesaria articulación entre academia, especialistas y sociedad civil en relación a la vigilancia, observación de Internet y libertad de expresión; además de la consolidación y aumentos de ataques o acoso on line, especialmente en Twitter, y en particular violencia de género focalizada a mujeres y comunidad LGBTQ+, además de figuras políticas y públicas.
El informe concluyó que la violencia política on line de género se constituye como una categoría más de vulneración a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación.
Fuente: Agencia ANSA
