domingo, 24 de abril de 2016

Defensores del Público contra la concentración de medios

Reunidos en Buenos Aires, representantes de universidades, organizaciones sociales, medios y organismos públicos de 21 países advirtieron que en varios países de la región la comunicación “se concentra en pocas manos e impacta negativamente sobre la pluralidad”
Por: Washington Uranga
Durante la semana que culminó, Buenos Aires fue sede del IV Seminario Iberoamericano de Defensorías/Ouvidorias de medios, organizado por la Defensoría del Público de Argentina bajo el lema “Los derechos de las audiencias en escenarios de comunicación concentrada”. Del encuentro participaron representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, radios comunitarias, alternativas y ciudadanas y organismos públicos de 21 países, quienes firmaron una declaración final en la que se reafirma que “la comunicación es un derecho humano fundamental e inalienable” y en la que se señala “con preocupación cómo en diversos países de la región, las normativas vigentes favorecen la concentración de la comunicación, reduciendo así un derecho humano a un mero negocio, que se concentra en pocas manos e impacta negativamente sobre la pluralidad, la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana”. Frente a este escenario los firmantes pidieron que “se promueva la creación de Ouvidorias y Defensorías de las audiencias” en los países de la región en los que todavía no existan.

Durante tres días el seminario fue un ámbito de debate e intercambio plural acerca de la situación de la comunicación en América latina. En ese clima los participantes señalaron también que organismos tales como la defensorías o similares pueden “contribuir a una verdadera democratización de la comunicación y a la promoción de calidad en las producciones de los medios, dado que es a través de la mediación y la pedagogía, en lugar de la aplicación de sanciones, que logran reparar derechos vulnerados, a la vez que promueven la participación en el debate ético sobre la actividad de la comunicación social, la transparencia y la rendición de cuentas”.

En otra parte del documento final se subraya también el rol de los Estados “en la salvaguarda y promoción del derecho humano a la comunicación, dado que se trata de una actividad social de interés público, a través de la que se exterioriza ese derecho humano”.

Al hablar en el encuentro la defensora del Público de Argentina, Cynthia Ottaviano, afirmó que “estamos viviendo (en el país) el mayor retroceso en materia audiovisual desde la recuperación democrática” subrayando que esto se hizo “de espaldas a las necesidades y las urgencias de las audiencias, pero de frente a los intereses de las corporaciones”. La Defensora dijo también en la ocasión que “nos hemos propuesto hablar de suicidio cultural y de las consecuencias reales y tangibles de la comunicación concentrada. Con un desafío, el de construir un pluralismo político, religioso, étnico y cultural”. Y subrayó que “hay que redistribuir la riqueza informativa, que es de todas y de todos” pidiendo que “no nos dejemos arrebatar nuestros derechos”.

El abogado Eugenio Zaffaroni, penalista y ex juez de la Corte Suprema de Justicia, envió un mensaje al encuentro en el que calificó de “gravísimo” el volumen financiero y patrimonial de los monopolios mediáticos latinoamericanos y aclaró que es una equivocación decir que están al servicio de las corporaciones trasnacionales, porque en realidad “forman parte del entramado financiero de esas corporaciones”. Para el ex juez, “estamos entregando algo más que la difusión de ideas. Estamos entregando nuestra cultura. Los medios son creadores y difusores de cultura. Y la gran riqueza de América Latina es justamente su pluralismo cultural”. Agregó también que “la prohibición del monopolio de medios en América Latina tiene que tener jerarquía constitucional, porque es la única garantía que tenemos para tener democracias efectivas y reales”.

En otro momento, Fernando Oliveira Paulino, docente de la Universidad de Brasilia, calificó la concentración mediática de “una enfermedad tropical que pone en riesgo la diversidad cultural en la región”.

“La defensa del derecho humano a la comunicación es esencial para los pueblos y lo decimos nosotros, cooperativistas, que humildemente sabemos muy bien lo que significa la censura y la invisibilización de voces”, aseguró en su intervención el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form.
Ariela Peralta, miembro del Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, trazó varias similitudes entre los casos argentino y oriental. Explicó que si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uruguaya está vigente desde enero de 2015, y es “inclusiva y democrática en materia de libertad de expresión y acceso a la información”, hubo primero “una implícita y luego explícita voluntad política de dejar librado a la Justicia la decisión sobre avanzar o no en la implementación de las disposiciones”, a partir de recursos de amparo impuestos por los grupos mediáticos concentrados. “Tanto es así –explicó– que a la hora de aprobar el presupuesto nacional por dos años, no se asignó partida alguna para la implementación de la misma, sino hasta el último minuto bajo denuncia de los defensores de la ley.”

Pablino Cáceres, representante de Voces Paraguay, la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos, describió a su país como “dominado por una elite económica propietaria de la mayoría de los medios de comunicación”, donde “más del 90 por ciento de la información y el entretenimiento es controlado por cinco grupos empresarios”. Además, siete de los nueve canales de TV abiertos pertenecen a dos grandes empresas dijo, lo que “marca permanentemente la agenda del país, y la ruta a seguir”, señalando que esto representa “un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia”.

Beatriz Solís Leree, titular de la Defensoría del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, informó que en su país, la reciente modificación constitucional en materia de telecomunicaciones podría consagrar una serie de derechos que hoy faltan en ese lugar, como el acceso a las tecnologías a una gran parte de la población, jurisprudencia para efectivizar el derecho a réplica, desarrollo de programación infantil protegida, y garantías para el acceso a información plural y veraz. Sin embargo, la expresión de deseos acerca de lo que podría ocurrir en México no impidió a Solís Leree describir el presente como problemático y negativo: “El modelo mediático altamente concentrado que aún se presenta en mi país se refleja, en materia de radiodifusión, con dos empresas que acaparan el 94 por ciento del total de frecuencias comerciales y audiencias”.

En el seminario también se emitieron lineamientos básicos para que “las Defensorías u Ouvidorias no queden supeditadas sólo a la buena voluntad de quienes gestionan los medios de comunicación o reducidas a meras oficinas administrativas receptoras de quejas” para lo cual “es necesario dotar a estos organismos o figuras de un marco legal específico”. En ese sentido se pidió que se establezcan con claridad funciones, misiones y atribuciones de estas entidades, que las mismos tengan cobertura nacional, con alcance a todos los medios de comunicación audiovisual, que cuenten con autonomía e independencia, tanto de los gobiernos como de los propios medios de comunicación y que se incorporen instancias formales de participación social en la fase de elección de sus titulares, en la presentación de los balances de gestión, como así también en otras actividades o programas pedagógicos que se implementen. Se demandó además que las defensorías cuenten con presupuestos básicos para su funcionamiento y que quienes sean designados en los cargos tengan mandatos acotados como forma de “propiciar la diversidad de miradas y propuestas”.
Fuente: PáginaI12

Referentes de la comunicación iberoamericana instaron a la creación de Defensorías de las audiencias en la región
Representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, radios comunitarias, alternativas y ciudadanas y organismos públicos de 11 países firmaron una declaración
En el marco del IV Seminario Iberoamericano de Defensorías / Ouvidorias de medios, organizado por la Defensoría del Público de Argentina, representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, radios comunitarias, alternativas y ciudadanas y organismos públicos de 11 países firmaron una declaración en la que instan a que en cada una de esas naciones de la región se promueva la creación de Ouvidorias y Defensorías de las audiencias.

El texto de la declaración expresa: “Que la comunicación es un derecho humano fundamental e inalienable, tal como se refleja en los distintos acuerdos de carácter internacional, entre los más importantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948, art. 19 y 27) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 22 de noviembre de 1969, art. 13).

Que tal concepción de la comunicación ampara el derecho individual de toda persona a manifestar el propio pensamiento sin menoscabos ni impedimentos pero, a la vez, también protege el derecho colectivo de recibir informaciones y opiniones, posibilitando así el conocimiento de las expresiones de las demás personas.

Que, en este sentido, es fundamental el rol de los Estados en la salvaguarda y promoción del Derecho Humano a la Comunicación, dado que se trata de una actividad social de interés público, a través de la que se exterioriza ese derecho humano.

Que desde esta perspectiva las audiencias dejan de ser consideradas como sujetos de consumo y pasan a ser contempladas como sujetos plenos de derecho, en su capacidad de recibir pero también de dar información”.

Los participantes emitieron lineamientos básicos para que “las Defensorías u Ouvidorias no queden supeditadas sólo a la buena voluntad de quienes gestionan los medios de comunicación o reducidas a meras oficinas administrativas receptoras de quejas, es necesario dotar a estos organismos o figuras de un marco legal específico”. Entonces se acordaron los siguientes puntos:
  • Establezca sus funciones, misiones y atribuciones.
  • Su cobertura nacional, con alcance a todos los medios de comunicación audiovisual.
  • Su autonomía e independencia, tanto de los gobiernos como de los propios medios de comunicación.
  • La inclusión de instancias formales de participación social en la fase de elección de sus titulares, en la presentación de los balances de gestión, como así también en otras actividades o programas pedagógicos que se implementen.
  • El establecimiento de mandatos acotados en el tiempo, para propiciar la diversidad de miradas y propuestas.
  • La garantía de un presupuesto básico para su funcionamiento.
La declaración resalta las consideraciones incluidas en el informe 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al sostener que “Organismos independientes de vigilancia pueden jugar un rol importante en la identificación y denuncia de contenidos de odio, así como en la promoción de la aplicación de los más altos estándares éticos. No obstante, al hacerlo deben adherirse a los estándares internacionales de derechos humanos. Ejemplos de recursos administrativos no punitivos implementados por organismos de vigilancia pueden encontrarse en las recientes medidas adoptadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina con miras a promover el derecho a la igualdad y no discriminación en la programación de los servicios audiovisuales”.

El documento concluye "Observamos con preocupación cómo en diversos países de la región, las normativas vigentes favorecen la concentración de la comunicación, reduciendo así un derecho humano a un mero negocio, que se concentra en pocas manos e impacta negativamente sobre la pluralidad, la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana. Ante este panorama y en el convencimiento de la necesidad de proteger y promover el Derecho Humano a la Comunicación, resulta fundamental la creación de instancias de representación de las audiencias, tales como las Defensorías u Ouvidorias”.

A continuación, el detalle de las personas que firmaron la declaración. Por Argentina, Cynthia Ottaviano (Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual) y Marita Mata (Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Córdoba). Por Bolivia, Martha Rosa Paz Burgos (Decana de la Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Evangélica Boliviana). Por Brasil, Joseti Marques (Ouvidora General de la Empresa Brasil de Comunicación, EBC) y Fernando Oliveira Paulino (Director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia, UnB). Por Colombia, Consuelo Cepeda (Defensora del Televidente del Canal RCN), Mario Mantilla Barajas, (Defensor del Televidente del Canal TRO), Amparo Pérez (Defensora del Televidente del Canal Caracol), Olga Restrepo Yepes (Defensora del Televidente del Canal Teleantioquia) y Doris Molina (Defensora del Televidente de Canal Trece). Por Chile, Manuela Gumucio Rivas (Directora del Observatorio de Medios Fucatel) y Javiera Olivares (Presidenta del Colegio de Periodistas). Por Ecuador, Paulina Mogrovejo (Integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, Cordicom). Por España, Manuel Chaparro Escudero (Profesor y Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga). Por México, Gerardo Albarrán de Alba (Defensor de la Audiencia de Radio Educación), Felipe López Veneroni (Defensor de la Audiencia del Canal Once), Beatriz Solís Leree (Defensora de la Audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR) y Adriana Solórzano Fuentes (Presidenta de Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, AMDA). Por Paraguay, Pablino Cáceres (Voces Paraguay: Asociación de Radios Comunitarias, Alternativas y Ciudadanas). Por Portugal, Madalena Oliveira (Profesora del Centro de Estudios en Comunicación y Sociedad de la Universidad de Minho). Y por Uruguay, Ariela Peralta (Directora de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo).
Fuente: Defensoría del Público

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