“AR-SAT, como sociedad anónima que es, debe dar ganancias. Por la misma razón creo que también habría que reconsiderar si es razonable que AR-SAT tenga que fabricarse sus propios satélites”, palabras de Héctor Huici, secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones de la Nación.
Primero aclaro que la figura de Sociedad Anónima de AR-SAT no significa que deba tener criterios de empresa privada. No es la ganancia lo que motoriza las energías y los objetivos de una empresa estatal. Puede ser parte de su cometido pero nunca el factor principal de su existencia.
Segundo y lo aclaro porque si no se confunde. AR-SAT no fabrica sus satélites, lo hace Invap que es otra empresa. AR-SAT es nacional e Invap es de la provincia de Río Negro. Y está bien que así sea pues Invap no sólo es una empresa líder desde el punto de vista tecnológico internacional, sino porque brinda servicios atinentes. Y están capacitados. Y tienen un departamento de construcción satelital doméstica. Y los hacen bien. Sin duda alguna.
Y lo que más me duele es que luego de diez años debamos repetir conceptos que, estimaba, estaban asumidos por toda la dirigencia política. Con pesar veo que no.
AR-SAT fue pensada como parte de la recuperación del Estado en su papel de articulador de algunas políticas que tienen que ver con lo que Argentina precisaba y no hacia. El Estado argentino con esa decisión dio el puntapié inicial recuperando un rol fundacional que de lo contrario se demoraría o nunca se hubiese hecho. Mejor busquemos una silla si esperamos que los privados argentinos fabriquen un satélite para que también sea utilizado con fines sociales como la telemedicina, la radiodifusión comunitaria y universitaria, las vinculaciones digitales y otros.
Fui el presentador del proyecto de creación de AR-SAT en el Congreso nacional en 2006, y recuerdo que durante el debate varios diputados planteaban temas de costo y recursos y mis palabras giraban en que la puesta en marcha de una industria satelital (sobre todo con ventajas comparativas de costos), la ocupación de órbitas asignadas, la recuperación laboral y profesional para ciento de argentinos vinculados a la ciencia y la tecnología, la decisión política de tener soberanía en el uso de las comunicaciones y el espectro….no podían medirse en dinero sino en perspectiva estratégica de un país que deseaba crecer en todos los aspectos. Era el inicio de una nueva mirada nacional sobre la tecnología y en este caso pasaba por desarrollar los satélites geoestacionarios de comunicaciones, que abría paso para fomentar una industria competitiva a escala regional.
Yo sigo pensando lo mismo.
*Diputado Nacional (mc) Rio Negro. Fue Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación y fue Coordinador General del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
En tanto, trabajadores de Ar-Sat "Defendiendo la soberanía" publicaron:
Están apagando la TDA
La TDA es un servicio público, gratuito, libre y de calidad que promueve la diversidad de contenidos federales y garantiza el derecho a la información para todos los argentinos y argentinas. Se pensó como política de inclusión igualitaria y universal para el acceso a los medios y a las nuevas tecnologías.
Desde 2009, AR-SAT está a cargo de instalar y mantener antenas transmisoras que alcanzan al 82% de la población, dispone de capacidad satelital para garantizar la cobertura del servicio en todo el territorio nacional (que desde 2014 brinda el AR-SAT-1), y entrega decodificadores de forma gratuita para la población que no está en condiciones de abonar un servicio por cable o comprar un nuevo televisor con el decodificador integrado (jubilados, pensionados, titulares de AUH entre otros).
Desde diciembre pasado, la TDA está siendo desguazada. Se detuvieron las obras para la instalación de nuevas antenas transmisoras (de 32 pendientes, solo se completaran 8), se siguen despidiendo trabajadores, se frenaron las obras para las nuevas instalaciones domiciliarias, no se están pagando los servicios de instalación doméstico y se suspendió la distribución nacional de equipos receptores para los beneficiarios del Plan de Acceso Mi Tv Digital.
En relación a los contenidos, se han empezado a caer algunas señales y se frenaron las tareas para incluir otros canales.
De cara al apagón de las señales analógicas previsto para el 2019 urge la necesidad de continuar con las tareas para la inclusión de toda la población frente al cambio tecnológico. Todos los países del mundo se enfrentan a ese desafío, Argentina también debe afrontarlo.
Todos los usuarios de la televisión analógica, que no quieren o no pueden pagar un servicio de televisión por cable, no podrán ver señal de aire alguna si no digitalizan la tecnología de su televisor.
Hacemos un llamamiento a los 4.000.000 de usuarios que la TDA tiene en todo el país y a la población en general que tiene a su disposición este servicio, para repudiar este avasallamiento sobre el derecho de acceder a la comunicación y reclamar por los puestos de trabajo que se van perdiendo por dejar de lado este plan.
Fuentes: ADN Río Negro, Trabajadores de AR-SAT defendiendo la soberanía
En PáginaI12 Fernando Krakowiak, publicó: "Temen que las telcos se queden con AR-SAT"
Las declaraciones del secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici, en las que anticipó que el Gobierno evalúa incorporar capital privado en Arsat, provocaron ayer revuelo entre cableras, cooperativas y pymes de comunicaciones que ven detrás de ese anuncio una jugada de Telefónica, Telecom y Claro para quedarse con la red troncal de fibra óptica que empezó a construir el Estado durante el kirchnerismo. El principal temor es que de ese modo Arsat termine siendo canibalizada por las grandes telcos para su propio beneficio y quede abortado el plan para ofrecer conectividad en localidades del interior a precios mayoristas más bajos.
Huici aseguró el jueves, tal como publicó PáginaI12, que tiene previsto AR-SAT por su ley de creación la posibilidad de incorporar hasta un 49 por ciento de capital privado. “Habría que plantearse si no hay alguna posibilidad de interesar al sector privado para que capitalice la compañía y el desarrollo pueda acelerarse y mejorarse”, reveló. Cuando le preguntaron si estaba pensando en una oferta pública o si le iban a abrir la puerta a los prestadores de telecomunicaciones, el funcionario esquivó una definición: “Lo mencioné porque existe como posibilidad en su ley de creación, pero eso obliga a elaborar un plan de negocios para AR-SAT, que es lo que se está haciendo, y revisar las distintas unidades: La parte satelital, la red de fibra óptica, el data center y la mochila de plomo de AR-SAT, que es el tema de la TDT (Televisión Digital Terrestre). Es una posibilidad que existe y que merece la pena ser estudiada”, sostuvo.
La novedad generó preocupación entre cableras, cooperativas y pymes telefónicas porque creen que si la iniciativa prospera correrá riesgo el plan anunciado por el nuevo titular de AR-SAT, Rodrigo de Loredo, para ofrecer conectividad a pequeñas firmas del interior a 25 dólares el mega exigiendo como contraprestación una mejora de la velocidad que le brindan actualmente al usuario final o una baja en el precio del abono. “Si las grandes telcos ingresan en AR-SAT van a boicotear esa iniciativa porque ahora están ofreciendo el mega a un promedio de 60 dólares”, destacó a este diario un empresario que prefirió el off the record para evitar represalias comerciales. Un especialista del sector que conoce a Huici aseguró que ese riesgo es real porque el funcionario es un hombre muy cercano a las telefónicas. Incluso lo señalan como uno de los responsables de haber elaborado recientemente un borrador de reglamento para operadores móviles virtuales, que en los últimos días no terminaba de ser consensuado en el Ministerio de Comunicaciones porque fija demasiadas restricciones para sumarse al mercado, lo que es interpretado por sus críticos como un guiño a las telefónicas dominantes. Huici trabajó entre 1993 y 1996 en la Comisión Nacional de Comunicaciones como gerente de Regulaciones y Asuntos Jurídicos (1993/94) y asesor de la presidencia (1995/96), luego se incorporó como socio al estudio Sánchez Elía, Pinedo & Asociados y de allí pasó a M&M Bomchil Abogados, donde representó a las principales compañías del sector telefónico hasta fines de 2013, cuando asumió como legislador del PRO en la ciudad de Buenos Aires.
