domingo, 20 de septiembre de 2015

Tras compra de Nextel, el Gobierno quiere dejar sin frecuencias a Clarín

La mayoría oficialista en la autoridad de aplicación de la ley de telecomunicaciones basaría su decisión en un expediente abierto hace más de diez años; Grupo Clarín impugnará a dos directores kirchneristas
Por: José Crettaz
La mayoría oficialista en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC) busca declarar la caducidad de buena parte de las frecuencias asignadas a Nextel -recientemente adquirida por el grupo Clarín- para entregarlas directamente a la estatal AR-SAT. La decisión se parecería mucho a la "caducidad de la licencia" de Cablevisión-Fibertel para dar acceso a Internet dictada el 19 de agosto de 2010 por el ministro Julio De Vido, algo que nunca se concretó debido a un freno judicial que aún perdura.

Si prospera la decisión, Nextel -que concentra el 3% del mercado de la telefonía móvil cuyo 97% restante se reparten en tercios Movistar, Personal y Claro- deberá apagar amplios sectores, lo que reducirá la cobertura (es decir, habrá menos señal) y afectará la calidad al provocar la congestión de la red. Según estima la propia empresa, en algunas áreas directamente de deberá discontinuar totalmente el servicio.

La medida, que iba a ser tomada el viernes en una sorpresiva reunión de directorio de AFTIC -suspendida a último momento-, fue advertida por el director de ese organismo por el radicalismo, Miguel Ángel Giubergia. En tono críptico y sin mencionar a Clarín ni a Nextel, Giubergia indicó que el orden del día de la reunión "indicaba dos puntos de tratamiento, el primero, sólo dos expedientes en los cuales se tramitan licencias para prestación de servicios de telecomunicaciones, uno de ellos con una antigüedad de más de diez años; y el segundo indicaba, literalmente, decía 'tratar uso de frecuencias'". Para Giubergia, "actuar sobre un único licenciatario y no sobre la totalidad de los licenciatarios que utilizan el espectro radioeléctrico, haciéndolo con normas derogadas o no reglamentadas en forma previa y expresa, no constituye una sana práctica republicana".

En efecto, a pedido de la presidenta Cristina Kirchner, esa medida es impulsada por el presidente y el vice de la AFTIC, Norberto Berner y Nicolás Karavaski, ambos militantes de la organización La Cámpora. Del análisis técnico también participaron el también camporista Matías Bianchi Villelli -presidente de AR-SAT-; el subsecretario de Comunicación Pública y estrecho colaborador de Máximo Kirchner, Hernán Reibel; la directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa y coautora de la ley de medios, Graciana Peñafort; y el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y candidato a vicegobernador bonaerense, Martín Sabbatella. Todos funcionarios ultrakirchneristas ajenos a los contactos del grupo Clarín con el candidato presidencial del kirchnerismo, Daniel Scioli.

Ante la posibilidad de que la compra del 49% de Nextel (con una opción por el restante 52%) sea declarada nula por el gobierno, la semana pasada Clarín y Cablevisión impugnaron administrativamente a Berner y Karavaski (en este último caso, por segunda vez) y pidieron que se "abstengan de intervenir, opinar y emitir resoluciones o cualquier tipo de acto administrativo en todo expediente" que involucre a esas empresas. Berner fue denunciado penalmente por Clarín en dos oportunidades por presuntos delitos de acción pública (abuso de autoridad y alteración de documentación pública con información falsa), en una de cuyas causas ya fue citado a declarar por el fiscal. Esas denuncias se refieren a la intervención del funcionario entre 2012 y 2013 al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) y más recientemente durante la subasta de espectro para 3G y 4G realizada a fines de 2014.

En el caso de Karavaski, según afirman Clarín y Cablevisión en su impugnación, "se encuentra imposibilitado de actuar como miembro de la AFTIC atento su falta de antecedentes, su ausencia de idoneidad y las deficiencias". La impugnación debe ser resuelta por la propia autoridad de aplicación de la ley de telecomunicaciones, donde el oficialismo cuenta con mayoría, y es un paso previo indispensable para avanzar con posterioridad en acciones judiciales.

Nextel tiene frecuencias de trunking -su conocido servicio de radio- en las bandas de 800 mhz y de 470 mhz, que fueron compradas por la empresa a lo largo de casi 20 años y obtenidas en licitaciones de espectro. Técnicamente, el oficialismo en la AFTIC prevé fundamentar su decisión de caducar esas asignaciones aplicando el Art. 10.2 del Anexo IV del decreto 764/2000 que establece que "las nuevas autorizaciones que se otorguen para el uso del espectro radioeléctrico, destinadas a la prestación de servicios o soporte de red de los mismos, en ningún caso tendrán un plazo de vigencia inferior a cinco años, y en concordancia con el procedimiento de asignación que por esta norma se aprueba. Vencido dicho plazo, la autoridad de aplicación podrá extender la vigencia del mismo, por otro similar y sucesivos". Berner, Karavaski y Federico Bekerman -hombre del ministro de Economía, Axel Kicillof , y tercer integrante del kirchnerismo en la Aftic- argumentaría que los plazos legales están vencidos y que, consecuentemente, asumirá la facultad que le brinda el Decreto 764/2000 para no prorrogar el plazo de vigencia en el uso de las frecuencias.

La Nación consultó por los canales de diálogo habituales a Karavasky y Peñafort pero esta vez no logró una respuesta.
Fuente: Diario La Nación

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