viernes, 18 de septiembre de 2015

AdEPA pidió restaurar la plena vigencia de la libertad de prensa

El documento se titula “Reconstruir las instituciones, recuperar el respeto por la libertad de expresión”, y fue dado a conocer en el marco de la 53ª Asamblea General de la entidad que agrupa a los editores de medios gráficos de todo el país, que se realiza desde ayer

Con un llamado a los candidatos presidenciales y legislativos de todos los partidos a "asumir el compromiso de contribuir a restaurar a partir del 10 de diciembre próximo el respeto a la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa", fue aprobado hoy, con un cerrado aplauso, el informe semestral de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA).

El documento se titula “Reconstruir las instituciones, recuperar el respeto por la libertad de expresión”, y fue dado a conocer en el marco de la 53ª Asamblea General de la entidad que agrupa a los editores de medios gráficos de todo el país, que se realiza desde ayer en la ciudad santafesina de Rafaela.

El texto leído por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de AdEPA, Carlos Jornet, dice que “la República Argentina se aproxima al fin de un ciclo de gobierno, sin mejora alguna en las frágiles condiciones que veníamos denunciando desde nuestra entidad para el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión”.

Agrega que esto derivó en “un periodismo coaccionado como nunca desde la reinstauración de la democracia, un periodismo sometido por el Gobierno nacional a descalificaciones permanentes en las cadenas nacionales de radio y televisión que la jefa del Estado utiliza con una frecuencia inusitada y al margen de la ley”.

El informe resume el estado de la prensa argentina en una larga lista de condicionamientos: “Manejo militante de los medios públicos; asignación arbitraria, discriminatoria y sin control de la pauta publicitaria del Estado; utilización de los organismos oficiales para presionar o condicionar a medios y periodistas críticos; aplicación selectiva de leyes y resoluciones; secretismo como regla para el acceso a los datos generados por el Estado; abandono del mecanismo de las conferencias de prensa como herramienta de comunicación de las acciones de gobierno y respuesta a las inquietudes ciudadanas; agravios y mensajes desafiantes a repetición desde las más altas esferas del poder político contra voces disidentes; ausencia de políticas de protección para el trabajo periodístico y de medidas que acompañen la necesaria transición de la prensa hacia el nuevo entorno comunicacional”.

En lo que hace a la pauta publicitaria, el documento precisa que el Estado argentino gasta 12 millones de pesos por día en propaganda, y hace una comparación contundente: "Para sostener el gigantesco aparato de construcción y difusión del relato, el gobierno nacional gasta cada día el equivalente a lo que destina por mes para cubrir 14.336 asignaciones universales por hijo o 3.140 jubilaciones mínimas.

Hace notar, asimismo, que "el listado de beneficiarios de la propaganda gubernamental sigue encabezado por grupos nacidos o criados al calor del dinero del Estado, escuálidos de audiencia pero anabolizados con ingentes partidas presupuestarias, que burlan toda razonabilidad".

Al dar lectura al informe, Jornet -quien es además director periodístico de La Voz del Interior, de Córdoba- aludió al deterioro de la calidad institucional, cuya mejora -dijo- "sólo será posible si va acompañada de mayor transparencia”. Y enumeró: “Ello requiere libertad de expresión y de prensa, acceso a la información pública, rendición de cuentas, lucha frontal contra la corrupción y pleno funcionamiento de la Justicia y de los organismos de control”.

Explica el informe que el mismo proceso de afectación de la libertad de expresión que se da a nivel nacional se replica en las provincias, donde los medios padecen, además, presiones en algunos casos más graves que las descriptas, de parte de gobernadores o intendentes que adoptaron el modelo de confrontación como método para intentar acallar toda disidencia.

El informe de AdEPA señala también la alarma y preocupación por el accionar del narcotráfico, que en los últimos tiempos pretende silenciar a periodistas y medios que realizan denuncias o publican investigaciones sobre las bandas delictivas en varios puntos del país.

“El avance de esta actividad delictiva genera niveles de violencia antes desconocidos. Y el periodismo es una de las primeras víctimas, cuando saca a la luz la lacra de las mafias, en ocasiones ligadas a la política y la policía, o cuando simplemente intenta informar sobre crímenes, como ocurrió hace pocas semanas en Rosario”, reseñó Jornet.

El directivo de AdEPA hizo un repaso de los hechos denunciados por la entidad en los últimos seis meses, que involucraron agresiones contra periodistas en Chubut, Río Negro, Salta, Misiones, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Jujuy y Buenos Aires. “Por ello –dijo Jornet-, desde AdEPA exhortamos a los gobiernos de Nación, provincias y municipios a preservar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa y garantizar el acceso a la información pública”.

Otras actividades
La asamblea de AdEPA delibera en Rafaela desde ayer y continuará hasta esta tarde, cuando se anunciará la conformación del nuevo Consejo Ejecutivo para el período 2015-2016. Por la noche, y como cierre de las actividades, se realizará una cena de clausura, a la que asistirán como invitados el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Gobierno de Santa Fe, Rubén Galassi; y el intendente de Rafaela, Luis Alberto Castellano.

La Asamblea de AdEPA fue declarada de Interés Municipal y de Interés Provincial. El diario Castellanos, que este año celebra su 77º aniversario, es el anfitrión de la cita nacional de la prensa argentina.

Informe completo de la Comisión de Libertad de Prensa
Reconstruir las instituciones, recuperar el respeto por la libertad de expresión
La República Argentina se aproxima al fin de un ciclo de gobierno, sin mejora alguna en las frágiles condiciones que veníamos denunciando para el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión.
Manejo militante de los medios públicos; asignación arbitraria, discriminatoria y sin control de la pauta publicitaria del Estado; utilización de los organismos oficiales para presionar o condicionar a medios y periodistas críticos; aplicación selectiva de leyes y resoluciones; secretismo como regla para el acceso a los datos generados por el Estado; abandono del mecanismo de las conferencias de prensa como herramienta de comunicación de las acciones de gobierno y respuesta a las inquietudes ciudadanas; agravios y mensajes desafiantes a repetición desde las más altas esferas del poder político contra voces disidentes; ausencia de políticas de protección para el trabajo periodístico y de medidas que acompañen la necesaria transición de la prensa hacia el nuevo entorno comunicacional.

En síntesis, un periodismo coaccionado como nunca desde la reinstauración de la democracia.

Un periodismo sometido por el Gobierno nacional a descalificaciones permanentes en las cadenas nacionales de radio y televisión que la jefa del Estado utiliza con una frecuencia inusitada y al margen de la ley.

Un periodismo que, además, afronta riesgos crecientes en el ejercicio de la actividad, por el clima de tensión política que se vive, por el ambiente de confrontación y agravios hacia la prensa que se ha montado, y por el cada vez más extendido accionar del crimen organizado en las principales ciudades del país.

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), exhortamos a los candidatos presidenciales y legislativos de todos los partidos, así como a las autoridades que continúen en sus cargos, a asumir el compromiso de contribuir a restaurar a partir del 10 de diciembre próximo el respeto a la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa, como piezas esenciales del sistema democrático y republicano.

La Declaración de Chapultepec, firmada por gran parte del arco político nacional a propuesta de AdEPA, lo dice con claridad: “Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre”. Y agrega: “Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad”.

La imprescindible mejora de la calidad institucional –prometida por la actual jefa del Estado en el mensaje de asunción para su primer mandato, en 2007, y deteriorada aún más desde entonces, por acciones y omisiones de toda índole– sólo será posible si va acompañada de mayor transparencia. Y ello requiere libertad de expresión y de prensa, acceso a la información pública, rendición de cuentas, lucha frontal contra la corrupción y pleno funcionamiento de la Justicia y de los organismos de control.
En cambio, como queda dicho, la gestión que concluye desplegó una estrategia de censura indirecta contra la prensa independiente, al mismo tiempo que montó un aparato estatal y paraestatal de difusión con dispendio de recursos públicos; la libertad de expresión fue afectada por una política de denigración de quien piensa distinto; nunca se aprobó una ley de acceso a la información del Estado; se desmantelaron los organismos de control, y se persigue a jueces y fiscales que se atreven a investigar denuncias contra funcionarios y dirigentes del oficialismo.

En una de las cadenas nacionales, la Presidenta hasta llegó a comparar, el pasado 5 de agosto, a magistrados, periodistas y medios que ventilan presuntos hechos de corrupción con los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar. Esa absurda comparación fue un nuevo y condenable intento de apropiación indebida de la lucha por los derechos humanos, patrimonio del conjunto de la sociedad.

Este es el contexto en el que se desenvuelve hoy la prensa argentina no alineada con el Gobierno nacional. Un contexto que bien puede ser calificado como “Tiempos turbulentos”, como se titula el libro editado por AdEPA-Ariel el año pasado.

Un escenario similar afrontan medios del interior que padecen, además, presiones en algunos casos más graves que las descriptas, de parte de gobernadores o intendentes que adoptaron el modelo de confrontación como método para intentar acallar toda disidencia.
Lamentablemente, como ya señalamos, también comienzan a repetirse casos de periodistas y medios a los que se pretende silenciar como resultado de un fenómeno reciente en la Argentina pero que se expande con alarmante rapidez: el de las bandas vinculadas al narcotráfico. El avance de esta actividad delictiva genera niveles de violencia antes desconocidos. Y el periodismo es una de las primeras víctimas, cuando saca a la luz la lacra de las mafias, en ocasiones ligadas a la política y la policía, o cuando simplemente intenta informar sobre crímenes, como ocurrió hace pocas semanas en Rosario.

Seis meses en detalle
Un repaso de los hechos conocidos en los últimos seis meses, desde nuestro anterior informe, ratifica el cuadro descripto. Ya a comienzos de abril, y ante una sucesión de agresiones contra periodistas en Chubut, Río Negro, Salta, Misiones y Santiago del Estero –que luego continuaron en San Luis, Chaco, Jujuy y Buenos Aires–, desde AdEPA exhortamos a los gobiernos de Nación, provincias y municipios a preservar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa y garantizar el acceso a la información pública.

Los pronunciamientos más recientes contra la violencia política y la del crimen organizado que afecta a la actividad fueron difundidos luego de sendos ataques a periodistas. Por un lado, la brutal golpiza al camarógrafo Jorge Ahualli, del canal de cable CCC, de Tucumán, cuando filmaba el reparto de bolsones en pleno proceso electoral. Por el otro, las intimidaciones y ataques que padecieron empleados de los canales 5 y El Tres y del diario La Capital, todos de la ciudad de Rosario, cuando realizaban crónicas sobre un homicidio atribuido a bandas de narcotraficantes; y la salvaje agresión a Maximiliano Pascual, del periódico La Posta Hoy, de Arroyo Seco, quien viene informando sobre el caso denominado “Carbón Blanco”.

Antes de la realización de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), reiteramos el llamado a gobernantes y dirigentes de todos los niveles a no enturbiar la convivencia y garantizar el trabajo en libertad de periodistas y medios informativos. El pronunciamiento se vinculó con insistentes ataques y agresiones verbales de la presidenta y funcionarios del Gobierno nacional, y también de dirigentes provinciales o locales, contra medios de comunicación, periodistas y otras voces críticas.

En esa línea, en mayo expresamos asimismo preocupación por la embestida política contra el juez Carlos Fayt quien, como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha demostrado permanente compromiso con las libertades de prensa y expresión, tal como esta entidad lo destacó ayer en una declaración emitida a raíz del anuncio de su renuncia.

Otros hechos que afectaron a medios de comunicación merecieron documentos de AdEPA en el semestre: las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que ratificaron la validez de leyes que obligan a los medios gráficos de esa provincia a ceder una página diaria a los partidos políticos durante los 10 días previos a cada elección provincial; el inusual embargo al diario El Tribuno como medida previa en una demanda por difamación iniciada por el ministro de Economía de Salta, Carlos Parodi, y la quita de publicidad al diario Democracia, de Junín, por parte del municipio de esa ciudad en represalia por informaciones críticas a la gestión del intendente Mario Meoni.

La entidad también rechazó un proyecto de ley que propone regular y sancionar los comentarios presuntamente discriminatorios en sitios de Internet. Ello por entender que plantea una amenaza cierta contra la libertad de expresión ciudadana y que impone a los medios digitales obligaciones de difícil cumplimiento, que pueden derivar en la autocensura.

Respecto de la distribución de publicidad estatal –una de las herramientas empleadas por los oficialismos para premiar a quienes los respaldan y castigar todo cuestionamiento–, los últimos datos conocidos indican que hasta el 19 de julio último el Gobierno nacional usó 1.309 millones de pesos para Prensa y Difusión, 108 millones más que todo lo pautado para este año. Con un agravante surgido de las urgencias electorales: a partir de mayo, cuando se oficializaron las candidaturas, se aceleraron los desembolsos.

El gasto promedio, que era de seis millones de pesos por día, pasó a más de 7,5 millones. Y la cifra asciende a 12 millones diarios si se suman otras formas de propaganda oficial, como el programa Fútbol para Todos y la pauta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En otras palabras, para sostener el gigantesco aparato de construcción y difusión del relato, el gobierno nacional gasta cada día el equivalente a lo que destina por mes para cubrir 14.336 asignaciones universales por hijo o 3.140 jubilaciones mínimas.

El listado de beneficiarios de la propaganda gubernamental sigue encabezado por grupos nacidos o criados al calor del dinero del Estado, escuálidos de audiencia pero anabolizados con ingentes partidas presupuestarias, que burlan toda razonabilidad.

Poner fin a esta asignación abusiva y discriminatoria de la publicidad oficial es una de las asignaturas pendientes que deberá resolver el próximo gobierno, mediante normas claras, transparentes y razonables.

Desde AdEPA confiamos en que, cualquiera sea la fuerza triunfante en el proceso electoral en marcha, quede atrás el escenario descripto en este documento. Exhortamos a la dirigencia a restablecer la plena vigencia de las libertades públicas, y de la libertad de prensa en particular, y a abrir una etapa de recuperación de la calidad institucional en el país.
Rafaela, 18 de septiembre de 2015

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