viernes, 14 de mayo de 2010

"Sería inconcebible pensar en una ley de radiodifusión que no afecte intereses"

Damián Loreti, especialista en derecho de la información, analiza los aspectos jurídicos de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La normativa, aprobada a fines del año pasado, está frenada en su aplicación por una serie de amparos judiciales impulsados por los diputados nacionales Enrique Thomas y Zulema Daher, del peronismo disidente. Ahora uno de esos recursos llegó a la Corte Suprema, que deberá resolver sobre un tema que se hizo eje del debate político.
En la nota publicada el último martes, Loreti rechazaba una a una las argumentaciones esgrimidas tanto por los diputados opositores como por los multimedios que se sienten afectados por la nueva ley. En la segunda parte, que aquí publicamos, el especialista toca aspectos más políticos que técnicos.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual llegó al Congreso de la Nación en un momento de crispación política y como consecuencia directa del enfrentamiento entre el Gobierno nacional y algunos multimedios. Desde entonces, y con el tema en debate público, las posturas se fueron marcando, aclarándose en algunos casos y haciéndose difusas en otros, pero tanto el oficialismo como la oposición debieron tomar una posición al respecto.
"Sería inconcebible pensar en una ley de radiodifusión, así como en una ley de entidades financieras, que no afecte intereses", asegura Loreti, resaltando que el aspecto jurídico está inevitablemente atravesado por cuestiones políticas y económicas. "Si no sería inocua. Acá tenés medios y grupos empresarios que ni siquiera respetaron los límites de la ley de la dictadura ampliada por el menemismo. Pero lo que la nueva ley está proponiendo ahora es una reforma al paisaje mediático por la vía del fomento y el respeto a la diversidad".

Tal vez con algo de ingenuidad le digo que me resulta inconcebible que uno, dos o veinte medios puedan tener tanto poder sobre un diputado o un senador de la Nación como para hacer que se oponga a una ley que, si es como usted lo plantea, fomenta la pluralidad.
Lo único que puedo decirte es que antes de la discusión de esta ley había muchos proyectos presentados por legisladores de la oposición. Yo propongo mirar cuántos cambiaron de opinión y cuantos sostuvieron sus posturas. En esta ley hay muchos principios planteados en aquellos proyectos que, sin embargo, sus autores no los sostuvieron al momento de votar.

¿Y por qué este proyecto aprobado es mejor que los presentados anteriormente?
Porque es el único que plantea meterse en la lógica de los servicios de comunicación audiovisual; los otros no lograban salirse del esquema de regulación del soporte de la radiodifusión. Aquí se plantea un modelo legislativo de promoción y diversidad de expresiones audiovisuales, independientemente de su soporte, cambiando el modo de entender la actividad.

De la ley ya aprobada, ¿hay algún punto que a usted no le cierre del todo?
Una cosa que se podría perfeccionar es que las autoridades no sea reemplazadas por completo sino que el mandato esté desacompasado del de las autoridades nacionales. Además, todavía queda por verse el rol de las telefónicas, que salieron de la ley, y hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con alcance jurisdiccional de las licencias de servicios por vínculos físicos. También habría que definir cómo se va a implementar la migración, pero a esto no lo podés hacer por ley sino por la reglamentación.

Bueno, ¿pero eso quedaría entonces a decisión del Poder Ejecutivo?
El desafío está en diseñar un mecanismo participado. El CESL me propuso que, cuando se destrabe la ley, junto a las universidades hagamos un mecanismo de elaboración participada de norma, para que así como del proyecto intervinieron tantos actores, que también lo hagan en su reglamentación. La idea es que la gente se apropie de las herramientas propuestas por la ley.

¿Y por qué habría de importar este tema fuera de las redacciones y de las facultades de periodismo?
Por la sencilla razón que hay sólo ocho ciudades en el interior del país con más de una señal de TV abierta, porque el derecho al pluralismo les cabe a todos, porque el derecho a mirar un partido de fútbol les cabe a todos, porque el derecho de tener más de un informativo les cabe a todos, porque el derecho a hablar en una radio local les cabe a todos, porque los anunciantes de La Pampa no tienen por qué venir a Buenos Aires a poner una pauta para que llegue la publicidad a su provincia por una retrasmisión. Y podría seguir.

Por último, mucho se ha hablado de la ley mordaza y la ley de control de medios ¿de qué manera va a afectar los contenidos?
De ninguna. Hay cosas que fueron mal interpretadas, tal vez a propósito. En algún momento se dijo que las licencias se revisaban cada dos años y el artículo en cuestión dice explícitamente que lo que se revisa es la regla de concentración. La ley no tiene un solo párrafo que hable de la calidad de la información, la única cuestión relacionada con los contenidos es el fomento a la producción propia y las cuotas de producción local, lo cual hace a la defensa de la pluralidad de voces. Digo esto porque se la ha comparado con leyes de otros países...

¿Es que no es ésta acaso la ley chavista?
La verdad es que son leyes que no tienen punto de comparación. Sólo basta con poner texto contra texto como para darse cuenta.

Ver la primera parte de la entrevista acá
Fuente: Diario La Arena

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