jueves, 13 de mayo de 2010

Empresarios radiales advierten que la Ley de Medios es una "seria amenaza" a la libertad de expresión

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) efectuó hoy en Buenos Aires una "enérgica" condena a "toda forma de violencia" contra periodistas e instó al Gobierno argentino a considerar la modificación de la Ley de Medios por creer que supone una "seria amenaza" a la libertad de expresión
Reunido en la capital argentina, el Consejo Directivo de la AIR aprobó hoy la denominada "Declaración de Buenos Aires", con la que deplora "que todavía existan pueblos donde no se permite la libertad de expresión ni el funcionamiento de medios independientes y donde la censura de los gobiernos conculca el derecho de los ciudadanos a la libertad de información y de opinión".
"El uso de la violencia física y moral contra medios y periodistas, como instrumento instigado o tolerado por ciertos gobiernos para coartar la libre expresión, constituyen una nueva forma de intolerancia y autoritarismo", advirtió el director general de la AIR, Héctor Amengual.
La situación de Argentina centró la reunión del Consejo Directivo, que decidió firmar una resolución en la que insta al Gobierno a considerar la modificación de la Ley de Medios Audiovisuales, aprobada en octubre pasado en medio del rechazo de los grandes grupos de medios del país que ven afectados sus intereses.
Después de varios reveses judiciales, la norma se encuentra actualmente suspendida y a la espera de que la Corte Suprema de Justicia apruebe o rechace su entrada en vigor.
La AIR cree que "la ley precariza la sustentantibilidad de los medios de recepción libre y gratuita, genera un desequilibrio perjudicial para los medios privados e independientes, amenazando el futuro de la radiodifusión privada con el siguiente daño al derecho de libertad de prensa, la pluralidad de voces y la calidad de la democracia".
Por eso insta "a los poderes Ejecutivo y Legislativo a considerar la modificación de la citada ley en pro de hacer respetar los derechos de libre expresión, libre acceso a la información y de propiedad consagrados en la Constitución argentina".
El Consejo aprobó una segunda resolución en la que brega al Ejecutivo de Cristina Fernández a adoptar "una política vinculada con la digitalización que asegure el respeto a la pluralidad de voces, evitando la preeminencia del sistema gubernamental y el manejo discrecional en la reasignación de partidas presupuestarias públicas para solventar su desarrollo".
La AIR considera que el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre "prevé inversiones ilimitadas dejando librado al arbitrio de la Jefatura de Gabinete de Ministros la reasignación de partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a estas erogaciones", indicó el vicepresidente del organismo, el español Alfonso Ruiz de Assin.
En opinión del Consejo Directivo, "el Estado se autoasigna cuatro frecuencias digitales sin haber concluido el plan técnico nacional, negándole a los licenciatarios privados la posibilidad del uso de señales digitales para que puedan comenzar a realizar sus pruebas, lo que genera un desbalance en favor de los medios estatales en detrimento de los privados en el proceso de digitalización".
El presidente de la AIR, el chileno Luis Pardo, volvió a rechazar hoy la falta de libertad de expresión en Venezuela y realizó un homenaje al titular de la Cámara de Radiodifusión del país, Nelson Belfort, y al presidente de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier.
Pardo afirmó que es "un honor premiar a estos dos grandes radiodifusores que no sólo han sido víctimas de una injusta y lamentable situación que ha marcado la historia reciente de América Latina, sino que también han sido un ejemplo" para todos quienes ejercen "la labor de informar y generar condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestros países".
La AIR, fundada en 1946 y conformada por unas 17.000 emisoras de radio y televisión privadas de América, Asia y Europa, alabó también el "estado favorable" de la libertad de expresión en Chile, Brasil, Perú y España, "cuyas regulaciones dan cuenta de una satisfactoria consolidación de la libre expresión como parte sustancial de la cultura democrática".

Fuente: EFE

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