Los tres operadores de telefonía de Argentina, Telefónica, Claro y Telecom preparan una acción conjunta para reclamar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el trato desfavorable que han recibido por parte del Gobierno del presidente Mauricio Macri que ha cumplido su primer año de mandato en medio del más absoluto fracaso económico a pesar de trasladar la crisis del país a la población vía incremento de tarifas e inflación. Mientras Macri se paseaba por Madrid en calidad de visita de estado rodeado de la pompa oficial y arropado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el rey Felipe VI el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) de Argentina autorizaba a la empresa Nextel, del Grupo Clarín, a prestar servicios de comunicaciones móviles de 4G sobre las frecuencias que la empresa ya posee en las bandas de 900 Megahertzios (Mgh) y de 2,6 Mgh. La autorización materializaba el decreto 1340/2016 de diciembre pasado que es una pieza de ingeniería jurídica en el que por un lado se autoriza a que una sola empresa pueda brindar servicios de telefonía fija, móvil, de televisión por cable, y de Internet y por el otro se permite al ENaCom a reasignar frecuencias del espectro radioeléctrico "estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura" y poder brindar servicios en esas frecuencias asignadas inicialmente para otro fin.
De este modo y de forma no explícita se facilitaba a Nextel (del Grupo Clarín) la posibilidad de montar una red de 4G sobre las frecuencias ya asignadas y a las telefónicas comenzar a dar el servicio de 5G sobre las ya existentes. El decreto establece además que en el plazo de seis meses se llamará a licitación para nuevas frecuencias de telefonía móvil. Pero el eje de la asimetría se completa con dos hechos relevantes: mientras que Nextel podrá hacer su oferta de cuádruple servicio desde el comienzo los operadores de telefonía solo podrán hacer una oferta completa incluyendo televisión recién en 2018. Este año de ventaja crucial para poder reforzar posiciones comerciales se suma al hecho que el cuarto operador autorizado de hecho no ha pagado absolutamente nada por la adjudicación de las frecuencias 4G. Por el contrario los tres operadores establecidos pagaron en subasta por sus frecuencias 1.500 millones de dólares bajo el Gobierno de Cristina Fernández entre 2014 y 2015. A la vista de estos hechos la visita de estado de Macri parece un colosal fracaso diplomático por parte del Gobierno del Partido Popular.
El decreto de “necesidad y urgencia” de diciembre viene a modificar la controvertida Ley de Medios del Gobierno de Cristina Fernández a pesar de que el Gobierno Macri había anunciado que esa reforma se haría mediante una nueva ley en el Congreso. A pesar de que el grupo Clarín, propietario de Nextel no es mencionado en el decreto, éste fue bautizado como Decreto Clarín desde su aprobación en las Navidades pasadas como un regalo de Reyes para el grupo de medios más poderoso de Argentina.
En septiembre de 2015, Clarín compró una pequeña empresa del sector de nombre Nextel por 60 millones de dólares. La compra finalmente fue aprobada por el ministerio de Comunicaciones el año pasado. De acuerdo con fuentes parlamentarias argentinas el decreto es el resultado de un pacto en 2015 entre Clarín y Macri y su diseño en 2016 se realizó sobre la base de una “estrecha colaboración entre el despacho de abogados que ha representado a Clarín en su batalla contra Fernández por su Ley de Medios, el Secretario Legal y Técnico del Gobierno Pablo Clusellas y el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad para someterla a la firma del presidente en diciembre pasado”. Clusellas es un abogado colaborador de Macri que se considera el vínculo entre la familia del presidente y el despacho Mozak & Fonseca que llevó a los Macri a los titulares de prensa por sus sociedades en Panamá.
Mauricio Macri está mostrando la naturaleza de sus compromisos económicos con los grupos de poder en el país, algo que incluye a su propia familia. A principios de febrero pasado la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín denunció un acuerdo alcanzado por el Gobierno del presidente Macri con el Grupo Socma propiedad de Franco Macri, padre del presidente, por las deudas pendientes con el estado argentino por la explotación fallida de la empresa de Correos Argentinos privatizada bajo la presidencia de Carlos Menem en 1997.
El acuerdo fue equiparado por la fiscal a una condonación. En el convenio se accedió a una quita de 70 mil millones de pesos -un 98,82% del total- en el marco del concurso preventivo. Para la representante del Ministerio Público Fiscal lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" en tanto implicaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4.000 millones de pesos en la actualidad y de más de $70 mil millones a 2033 cuando se acabaría el plan de pagos. La deuda de la empresa se acumuló por cánones impagados y por la financiación para la adquisición de la empresa estatal. Correos presentó un concurso de acreedores preventivo en 2001 que se convirtió en quiebra en 2003. Posteriormente la quiebra volvió a transformarse en concurso preventivo en una de las raras piruetas judiciales argentinas.
Boquín establece que el consentimiento del estado fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni el acto administrativo que se las impuso. Boquín destacó que "la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA".
El estado es titular del 32,65% del pasivo concursal de la firma. La segunda propuesta -aceptada por el representante del estado en la audiencia concursal del 28 de junio de 2016 "mejoraba" el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Pero del análisis económico surge que "el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82%", de acuerdo con el cálculo realizado por los representantes de la fiscalía.
En medio del hostigamiento por parte de toda la oposición y con la fiscalía en contra el gobierno argentino presentó un escrito ante la Justicia para dejar sin efecto el acuerdo, labor que quedó en manos del servidor fiel, el Ministerio de Comunicaciones.
Fuente: icnr.es
