El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, informó que la Unidad Fiscal de La Plata calificó como crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de Papel Prensa, en 1976, de la Familia Graiver a los titulares de Clarín, La Nación y La Razón.
Señaló que con ese dictamen se corrobora que Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos se asociaron con la Junta Militar, para desapoderar ilegítimamente al Grupo Graiver de su empresa. Explicó que para eso usaron amenazas extorsivas, secuestros, y torturas.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, detalló que los fiscales, además de afirmar si corresponde que la investigación se realice en el juzgado de La Plata o el de Capital Federal, aseguraron que efectivamente los hechos que denunció la secretaría constituyen delitos de lesa humanidad.
"Fue un acuerdo de los civiles con la junta militar", afirmó Alén y dijo: "Es lo que habíamos sostenido, esto constituye un gran avance en la investigación de estos hechos y la posibilidad de juzgarlos y aplicarles las sanciones que les correspondan".
Alén realizó esas afirmaciones durante una entrevista ayer por radio América. Cuando le consultaron sobre el motivo por el que la defensa pidió el apartamiento del juez Corazza, Alén señaló que "ellos sostienen que, como los hechos se gestaron en la Capital Federal, corresponde que intervenga la justicia de la ciudad y no la de la provincia".
"Es un problema de competencia territorial nada más", enfatizó y explicó que si Corazza lo "cree que es pertinente traspasará la causa a la Capital".
Alén resaltó que las pruebas que aportó la querella son suficientes y que "acreditan suficientemente que hubo esta serie de crímenes, que arranca con las amenazas a los Graiver, para vender papel prensa, en dónde se obligó a los familiares a realizar la transferencia de Papel Prensa a Clarín, La Razón y La Nación".
