Las presiones y amenazas a periodistas se multiplican día a día, de las formas más variadas pero todas preocupantes.
Numerosos emprendimientos periodísticos surgidos como iniciativas independientes de las grandes empresas de medios se ven amenazados a diario.
En algunos casos la advertencia se refiere al quite de la pauta oficial, lo que en Jujuy significa firmar el certificado de defunción de estos medios, por la poca incidencia que tiene el mercado publicitario privado.
Pero no solamente. La preocupación se extiende también a los que trabajan en relación de dependencia o contratados por empresas de medios; en la mayoría de los casos, dicho sea de paso, en condiciones precarias que no respetan la legislación laboral y mucho menos el Estatuto del Periodista Profesional.
Las presiones llegan además a través de comentarios “al pasar” de funcionarios, que mencionan el malestar que existe en el gobierno por algunas de las informaciones u opiniones que se vierten.
También mediante los cada vez más obstáculos que encuentran los periodistas para hacer su trabajo. En este sentido, se verifica una práctica perversa: funcionarios o legisladores oficialistas que no responden a los llamados ni acceden a ser entrevistados, para después enviar el mensaje de “ustedes nunca nos hacen notas”. Por mencionar apenas una.
También periodistas que trabajan en relación de dependencia son objeto de presiones y amenazas explícitas de perder su trabajo si no acallan las críticas al gobierno provincial.
Se ha dado el caso extremo de que un importante medio le ha prohibido a uno de sus periodistas estables que esté presente en los actos que encabeza Gerardo Morales.
En general, se advierte un intento por eliminar de los medios cualquier voz disonante, que plantee un análisis crítico sobre cualquier cuestión.
En tren de repasar ejemplos extremos, se ha llegado a pedir que se morigere el tono de notas sobre temas como el de la violencia de género o algunos relacionados con la salud.
El mensaje que se recibe es claro: eliminar la polémica, anular el debate, quitarle entidad a cualquier pensamiento o análisis que proponga alguna idea de cambio de la realidad.
Luego del escándalo por la revelación del manejo discrecional que hace de la pauta oficial el secretario de Comunicación del gobierno de Gerardo Morales, Raúl García Goyena, quedaron al descubierto además otros aspectos de esta forma autoritaria y amenazante de intentar controlar la información que se publica y las opiniones que se difunden en los medios.
Radio Universidad es la emisora de la Universidad Nacional de Jujuy, que forma parte del sistema de medios públicos de gestión autónoma, un medio que supuestamente aboga por la pluralidad de voces y de pensamientos para un público diverso. Es además el medio donde desarrolla su labor el periodista a quien García Goyena le negaba la pauta, argumentando que el problema no era con él sino con el medio. Sin embargo, luego de la resonante y repudiada difusión de los dichos del funcionario, el periodista fue forzado a tomarse una “licencia”.
Entre varios temas de la cotidianidad que nos ocupan hoy, nos avergüenza tener que salir a rescatar fuentes como la Constitución Nacional y valores como la legalidad de la expresión. Como periodistas solo queremos poder llevar adelante nuestro trabajo en libertad; informando acerca de todos los hechos que creemos relevantes y ejerciendo con responsabilidad nuestro derecho a expresarnos.
La libertad de prensa, ese valor democrático por excelencia, ha quedado reducido por estos días a un peligroso juego de apariencias que se mide con la mezquina vara de la conveniencia.
Conveniencia empresaria que es también política; posiciones oficiales que mal maquillan lo que realmente se piensa o se hace.
Pero los periodistas no somos los únicos afectados por esta situación. Ni siquiera somos los principales afectados.
La ciudadanía de Jujuy está siendo cercenada de su derecho a informarse a través de la mayor pluralidad de voces. Y nosotros, los periodistas, también formamos parte de esa ciudadanía.
Por todo esto, exigimos que cesen las presiones y amenazas, que se garantice el derecho a la publicación de informaciones y opiniones, y que se establezcan reglas claras, explícitas y por escrito para la distribución de la pauta oficial. Proponemos también empezar a trabajar en un proyecto para que dicha cuestión quede establecida por ley, de modo que el estado provincial y los municipios deban manejarse de acuerdo a esa normativa, con independencia del signo político que eventualmente tengan.
Al miedo por la persecución laboral y por la vulnerabilidad del derecho a la libertad de prensa, nos vemos forzados a difundir la situación, en este hoy en donde algunos quieren un periodismo “de rodillas”.
Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ)
