La difícil decisión fue tomada poco después del artero asesinato de su periodista y también corresponsal del diario La Jornada Miroslava Breach, de 54 años, ultimada por sicarios el pasado 23 de marzo al salir de su casa en la capital estatal, cuando llevaba a su hijo Carlos, de 14 años, al colegio.
Breach, conocida por su labor informativa y crítica de la presencia del crimen organizado en la vida política de ese estado, fronterizo con Estados Unidos, fue la tercera periodista asesinada en menos de un mes en México, a lo que se suman dos atentados también a comunicadores en ese lapso.
En casi tres décadas, el Norte de Juárez se caracterizó por ser crítico de la inseguridad, la opacidad de las administraciones públicas y la presencia de grupos criminales en la vida política local, que convirtió a Ciudad Juárez, hasta hace algunos años, en la urbe más violenta del mundo.
“Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiendo continuar libremente con nuestro trabajo”, puntualizó el editorial que marcó el inicio del fin de su propuesta informativa. “Era algo integral e inminente”, comentó a TelAm su dueño y presidente del Consejo de Administración, Oscar Cantú.
Ejercer el periodismo en México se ha convertido en una labor de alto riesgo, particularmente en algunos estados como Chihuahua, que en 17 años alcanzó los 13 comunicadores caídos en su labor informativa, según un conteo de la organización Artículo 19 que vela por los derechos de la libertad de expresión, .
De esos crímenes, 30 han sido en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien además alcanzó en 2016 el pináculo de esta nada grata estadística con la muerte de 11 comunicadores, la cifra más alta alcanzada en un año que durante este siglo.
Además de Breach, fueron muertos los periodistas Cecilio Pineda (39 años) en el suroccidental estado de Guerrero y Ricardo Monlui (57 años) en el estado de Veracruz, Golfo de México, el 2 y 19 de marzo, respectivamente.
A estos hechos se sumaron los atentados a Julio Omar Gómez, en el norteño estado de Baja California Sur, y Armando Arrieta, en Veracruz, también en el tercer mes del año, lo que refleja que “estamos en medio de una crisis de seguridad”, alertó el codirector de Lado B e integrante de la red Periodistas de a Pie, Ernesto Aroche.
La corresponsal de Reporteros Sin Frontera en México, Balbina Flores, afirmó a esta agencia que “estos datos muestran que la libertad de expresión en México no ha mejorado, perecería decir que por estos hechos registrados en marzo hay un repunte de la violencia contra el ejercicio periodístico”.
Para esta comunicadora y activista a favor de la libertad de expresión, “la realidad nos muestra una falta de voluntad política que, no de hoy sino de hace rato, hacen que no se avance en esas investigaciones”.
Un reporte publicado por la prensa local y obtenido bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del total de expedientes abiertos 39 por ciento fueron por amenazas, 17 por ciento por abuso de autoridad y 7 por ciento por lesiones y homicidios, y sólo en 101 procesos se logró colocar ante un juez al presunto agresor.
“La respuesta del Estado ha sido pura simulación, si hubiera una respuesta institucional, coherente y de atención verdadera a la problemática, no estaríamos viendo un repunte en estas agresiones”, consideró Aroche, para quien en México se vive una guerra no reconocida que afecta a toda la sociedad, “con miles de desaparecidos y asesinatos”.
En su más reciente reporte, Articulo 19 contabilizó sólo el año pasado 426 agresiones a la prensa, de las cuales 226 fueron realizadas por algún funcionario público, 17 del crimen organizado, 31 de algún partido político, 69 de un particular y 83 sin elementos suficientes para identificar.
Sin embargo, para los organizaciones de periodistas aunque el mayor número de agresiones a la prensa siempre provienen de funcionarios, según los registros de los últimos años, las que se generan del crimen organizado, particularmente del narcotráfico, son más lamentables porque implican la vida de las personas.
Tanto para Flores como Aroche la alerta para los periodista podría crecer en los próximos meses con las elecciones parciales de este año en cuatro estados y las generales de 2018, cuando se renovarán los cargos de presidente, Congreso y autoridades locales en 30 estados.
“Los indicadores que podemos observar donde podemos decir que hay una situación delicada son los lugares donde hay mayores violaciones a los derechos humanos, desapariciones, asesinatos, agresiones frecuentes a los ciudadanos, esos nos dicen que puede haber mayores agresiones a los periodistas”, lamentó la corresponsal de Periodistas Sin Frontera.
Foto: Reuters
Fuente: TelAm
