El Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), que tras la salida de Cacetta se puso en el centro de las miradas, recibe 10% del dinero que producen los cineclubs, el 25% de lo que recauda por publicidades el exComFeR, devenido en AFSCA, ahora bautizado ENaCom, que en parte proviene de los derechos que pagan las radios y las televisoras para operar las señales del país, y 10% del valor de las entradas de cine. El último porcentaje forma parte del 21% que a la AFIP retiene a la mayoría de bienes y servicios, pero que en este caso debe ser enviado a las arca del INCAA para solventar créditos y subsidios a las películas nacional y para la celebración de festivales.
En 2016 el Instituto administró un prepuesto de $ 2.168 millones. Para 2017 el plan de ingresos y gastos que firmó Cacetta fue por $ 2.855 millones. Se estima que la mitad de esos recursos proviene del FFC. Sin embargo, esa cuenta podría engrosarse si, como reclaman expertos del área y algunos legisladores, se aplica el gravamen del 10% a las webs que distribuyen series y películas vía streaming.
"Las declaraciones de coyuntura, donde el Gobierno aprovecha para avanzar con su política preelectotal, contada sobre internas y montada sobre presuntas transparencias, deja al descubierto la crisis de sostenibilidad del financiamiento de la industria a largo plazo", advirtió el licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego Rossi.
"Marcos Peña se comprometió en agosto pasado a tratar el tema de la tributación de todos aquellos actores que no están alcanzados, ya sea porque la AFIP no quiere aplicar en profundidad el artículo 21 de la Ley de Cine, o porque hay que actualizar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero no lo está haciendo", agregó el docente y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática.
Según Rossi, la falta de regulación sobre las plataformas Over The Top (OTT), como Netflix o Cablevisión Flow, genera un "impacto negativo progresivo" en los mercados televisivos y cinematográficos nacionales como en el flujo del comercio de bienes culturales. El mismo efecto surge en el caso de los User Generated Contents, que hacennegocios con publicidad que no tributa como YouTube o Facebook.
Los cuestionamientos se multiplicaron tras conocer un informe de la consultora FIEL, que proponía la eliminación de impuestos de "bajo potencial recaudatorio". El trabajo realizado a pedido del Ministerio de Hacienda propone derogar el 10% que cobra a las entradas de cine y se envía al FFC y el 0,5% de las publicidades que facturan las empresas concesionarias de canales o señales audiovisuales.
"Se paran arriba de la torta, de ese fondo, y todos los productores sufren para ver si reciben algo del plan de fomento, y no ven que una buena parte de los recursos se va en actividades que no están gravadas ni por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ni por la ley de Cine", remarcó Rossi en diálogo con este medio.
"El INCAA no puede cobrar en el rubro Internet porque la AFIP no es agente de retención. Ahora ese número es cero. Si el año pasado se lo hubieran cobrado solo a Netflix, se hubieran recaudado el 15% del presupuesto total del INCAA para todas sus producciones", señaló el especialista. En números, se habla de más de $ 200 millones por año.
El abogado y exasesor legal de más de 60 películas Julio Raffo apuntó contra la vigencia del Decreto 1.225/10, reglamentario de la ley 26.522. "Hay una gran amenaza a la política de fomento del cine que tiene el Estado. El saqueo al Fondo de Fomento nació en 2010 cuando Cristina de Kirchner sacó el 25% de la plata del cine a fomentar proyectos de contenido televisivos. El saqueo en el INCAA viene de antes y se agravó ahora. Debería anularse el decreto y devolver los fondos al cine", aseguró el diputado nacional massista.
"El impuesto (a las OTT) hoy no existe, lo debemos resolver los legisladores, consiguiendo la bendición de las mayorías que hay en la Cámara. Hay un problema normativo", afirmó, y recordó que en 1994 participó de una cruzada para conseguir más fondos para el cine, que hoy no llegan. "El Libro Verde de la Comisión Europea sobre derecho audiovisual dijo que es la industria con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo, pero acá no se le da el rol de importancia, como por ejemplo en los Estados Unidos", consideró.
"No se ha aplicado el artículo 67 de la ley de medio que establece la cuota de pantalla en televisión. La gestión K nunca la quiso aplicar. No se hizo nada en el anterior gobierno ni en este", añadió en la charla con ámbito.com, antes de participar de una masiva asamblea de la comunidad audiovisual en las puertas del edificio del INCAA.
En el Congreso modorran varios proyectos de ley para gravar a las plataformas on demand. Uno de ellos, presentado por la diputada del FpV y extitular del Instituto de Cine, Liliana Mazure, establece la imposición de un pago de cuota de pantalla y extender la política tributaria a las OTT. Pero según pudo averiguar este medio, la iniciativa se encuentra frenada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tras lograr una aprobación en la de Cultura. Otro proyecto para favorecer a la industria audiovisual está en la Comisión de Comunicaciones. En este caso, la ley no prevé crear nuevos impuestos, sino que busca dinamizar la industria golpeada con casi 30% de reducción de empleos, pero también está paralizada por el oficialismo.
En Cambiemos tiene excusas. Dicen que el Enacom es el organismo encargado de elaborar la norma superadora de la Ley Audiovisual del kirchnerismo. Sin embargo, el compromiso se dilata. Semanas atrás el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad firmó una resolución para autoprorrogarse por 180 días la presentación de la nueva ley de convergencia comunicacional.
La novedosa Comunidad Audiovisual Argentina teme que el proyecto que el Poder Ejecutivo promueve enviar al Congreso, "se transforme a parte de las radiodifusoras en titulares de TICS -transmisoras de datos- quedando sin efecto dicho impuesto que sustenta al cine nacional".
"No hay proyecto de comunicación convergente, se dieron 180 días más, o sea ya vamos al 2018 sobre la base de un decreto que marca la competencia plena por las telecomunicaciones y el sector audiovisual, pero no genera ninguna obligación sobre la prestación de contenidos en plataformas digitales. Este el fondo pesado de la situación", subrayó Rossi.
Raffo cita a George Soros, en su libro La crisis del capitalismo global, para sospechar sobre esas demoras. "Si a la cultura se le aplica la política del mercado se la destruye, como se le puede aplicar a la salud o la educación. El informe de FIEL aconsejaba eso. Ojalá que no se aplique".
Fotos: VaVNoticias y U24
Fuente: Ámbito Financiero
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