sábado, 20 de febrero de 2016

Un DNU de Mauricio Macri convirtió un derecho en negocio

Llamado al diálogo de la Defensoría del Público
El organismo dictó una Resolución donde analiza con preocupación los últimos decretos adoptadas por el Gobierno Nacional que “afectan la plena vigencia de la LSCA, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos".

La Resolución N° 21/2016, firmada el 18 de febrero de 2016 por la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano, fue emitida con motivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 13/2015 y 267/15 y el Decreto N° 236/2015 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y en virtud de los cuales se intervino el AFSCA y se modificó la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el escrito, de más de 76 páginas, se exponen los argumentos técnicos y jurídicos que dan sustento al paradigma que considera a la comunicación como un derecho humano fundamental e inalienable. Allí, se recomienda a las legisladoras y los legisladores de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo Ley 26.122 “tener en cuenta el análisis efectuado en la presente resolución al momento de tratar el DNU 267/2015 y comunicarles la disposición de esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para ampliar, en la ocasión que corresponda, las consideraciones de la presente y aportar elementos para el control parlamentario previsto por la constitución nacional”.

También, se pide poner en conocimiento de las y los presidentes de cada uno de los bloques parlamentarios para ser tenida en cuenta al momento de tratar los decretos en cuestión en las cámaras del Congreso de la Nación.

Al mismo tiempo, se solicita informar a las legisladoras y legisladores que integran la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, “en función de hacer conocer la posición institucional de la Defensoría del Público en relación con la normativa mencionada” .

Además, se recomienda a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros 26.522 y 27.078, que “solicite el acompañamiento técnico de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos frente a cualquier modificación, derogación, o creación de normas que puedan afectar directa o indirectamente a la libertad de expresión”. A la mencionada comisión, creada en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, se le hace saber “la plena disposición de esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para realizar aportes en la materia”.

Finalmente, en el artículo sexto, la Defensoría del Público “convoca a un espacio de debate permanente (…) a universidades, centros de estudio, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el país sobre estándares y reconocimientos legales en materia de derechos humanos a la comunicación, derechos de las audiencias, concentración comunicacional, acceso a la información y libertad de expresión”.

La Resolución N° 21/2016 fue enviada al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza; al Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, David Kaye; y al Comité Intergubernamental para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales que funciona en el ámbito de la organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Defensoría del Público

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