domingo, 14 de febrero de 2016

Para Aguad, la Ley Audiovisual “forma parte del pasado”

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, cuestionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y señaló que la norma “nunca funcionó” y “forma parte del pasado”. “La Ley Audiovisual nunca funcionó. Entendemos que fue un gran simulacro para disciplinar a los medios y favorecer a los medios adictos… Fue un mecanismo para hacer propaganda oficial. Forma parte del pasado y lo mejor es hablar del futuro”, aseveró el funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

En declaraciones que formuló a la radio Rock&Pop, Aguad sostuvo que “tienen que haber otra ley, en que la convergencia de tecnologías sea una realidad en Argentina” y que esta norma debe “unificar” la Ley Audiovisual y la de Argentina Digital. “Es la unificación de las dos leyes en una ley de convergencia que genere reglas de juego, porque el desafío es generar una red federal y nacional de banda ancha”, indicó el funcionario radical y dijo que la Argentina “no puede quedarse al margen de esta revolución tecnológica”. “Primero que nada vamos a crear una regulación que cree reglas de juego porque esto requiere de muchísimas inversiones y de crear las condiciones para que no solamente los grandes jugadores de las telecomunicaciones sino los pequeños actores del sistema, que son las ONG, las cooperativas y las radios universitarias, puedan ser parte del sistema”, prometió.

Aguad sostuvo que el gobierno está “estudiando una manera tecnológica de vender el espectro, que es por donde pasan las comunicaciones”, y “lograr un mercado mayorista de espectro para que no solamente los grandes mayoristas puedan comprar sino también para que los pequeños actores puedan acceder”.

El funcionario también dijo que “AR-SAT es una empresa muy importante para el país” y que “hay intereses de todas partes para quedarse” con esta compañía pública, pero enfatizó que “el Gobierno no tiene pensado desprenderse de AR-SAT”. “Todas las medidas tienden a mejorar la calidad de las comunicaciones y están destinadas a los usuarios. Lo que pasa es que la gente no entiende que dentro del mapa de las comunicaciones Clarín es un pequeño actor dentro del sistema. Los grandes actores son las telefónicas”, sostuvo Aguad.

El ministro dijo que el Gobierno dio un plazo “de dos años para que todos los que forman parte del sistema puedan intervenir en todo el negocio de las telecomunicaciones y el negocio de los medios y del video” y que “en este momento hay actores que si uno liberara se apoderarían muy rápidamente de ese mercado” y es lo que el Poder Ejecutivo busca “evitar”. “Lo que el Estado debe garantizar, y ese es uno de los objetivos de la ley que vamos a mandar al Congreso, es que haya competencia. En la actualidad casi no hay competencia, hay una división del mercado. Pero las leyes han favorecido la falta de competencia. La competencia mejora la calidad de servicio, las inversiones y la tarifa“, aseveró.

Aguad también se refirió a la distribución de la pauta oficial durante el kirchnerismo y al respecto señaló que “hay medios que están con muchísimos problemas porque estaban mantenidos por el Estado” y dijo que “tienen que quedar los medios que puedan autosostenerse”. “El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ha anunciado que va a haber una distribución equitativa de la pauta. Esto no se va a hacer con la intención de concentrar grupos, ni de darle a las voces amigas, sino de que todos tengan lo mismo. Esto es garantizar la pluralidad de voces”, indicó.

“La convergencia es imparable, y queremos más competencia”
El dirigente cordobés Oscar Aguad conduce una de las áreas calientes de la nueva administración. Anticipa y explica reformas, decretos y nuevo proyecto de ley para el complejo infocomunicacional
Por: Edgardo Moreno
Directo, frontal y ejecutivo, el cordobés Oscar Aguad se hizo cargo del ministerio de Comunicaciones del Gobierno nacional y en menos de 60 días provocó algunos de los cambios más significativos y controversiales de la gestión de Mauricio Macri.

En su área, la administración de Cambiemos actuó con celeridad e introdujo fuertes modificaciones al esquema normativo que heredó, caracterizado –como lo advirtió en su momento la Corte Suprema– por una aplicación sesgada y discriminatoria. Con el Congreso Nacional en receso, lo hizo por la vía de decretos del Poder Ejecutivo.

¿Les preocupa una judicialización de esas medidas o una reversión por vía parlamentaria de los decretos?
Nos ocupa elaborar un instrumento legal que brinde seguridad y reglas de juego estables y previsibles. Trabajaremos con todos los actores para que en el Congreso se debata en profundidad y atendiendo a un sector de los más dinámicos en este momento de la economía mundial, y que no habían sido contemplados, tendiente a facilitar la convergencia, la competencia y la mejora del servicio. Esto es tanto en conectividad en todas las regiones como en la calidad y el nivel tarifario adecuado. Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos puedan acceder a servicios de telefonía, internet y cable de calidad, y a una pluralidad mayor de medios de comunicación.

Por lo general, quienes cuestionan la necesidad y la urgencia de esas medidas no se cuentan entre las víctimas de los embates contra la libre expresión que provocó el gobierno anterior. Y en más de un caso fueron promotores de esos excesos. Pero sostienen que el nuevo esquema regulatorio promueve solamente una restauración de la situación previa a la sanción de la ley de medios. ¿Qué responden a esa crítica?
El objetivo real de la ley de medios era el disciplinamiento de las voces que no se alineaban al discurso del gobierno anterior. Además de ser aplicada con discrecionalidad y persecución, no fue una herramienta idónea para ampliar la pluralidad de voces, que debía ser su objetivo central. A su amparo se toleraron irregularidades, se aplicó en algunos casos y otros no y se generó un costoso sistema de medios privados adictos y públicos sectarios, todos sostenidos por la pauta oficial y utilizando hasta fondos de nuestros jubilados para hacer propaganda y descalificar toda otra opinión.

El Gobierno está convencido de la necesidad de pasar de una lógica del hostigamiento y el desguace a una de la convergencia y la inversión. Y sostiene que es necesario para no dejar en el atraso a la industria infocomunicacional, que es la que lidera buena parte del crecimiento de la economía mundial. ¿Qué tan lejos ha quedado el país de esa tendencia global?
La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores más importantes para desarrollar la economía de nuestro país y lograr el objetivo de pobreza cero. Es evidente que la judicialización y el hostigamiento conspiran contra el ingreso de inversiones en el medio de la mayor revolución de las comunicaciones de la historia y este fue el signo de gran parte de la década kirchnerista. Esa constante que desalentó emprendimientos de calidad también impactó en el segmento de las telecomunicaciones y los medios y, pese a muchos esfuerzos, padecemos un atraso en infraestructura y calidad del servicio. En recuperar el tiempo y oportunidades desaprovechadas se inspira nuestro accionar y las directivas que recibí del Presidente.

¿Cuál es el volumen de inversión posible en el corto plazo, a partir del cambio de rumbo aplicado?
Restablecido un clima propicio para planes de mediano y largo plazo, el despliegue de oportunidades atraerá los capitales necesarios para satisfacer esa demanda creciente con una oferta diversificada en permanente expansión e innovación. En la medida en que avancemos creando confianza, inversiones de diverso monto y origen ingresarán cumpliendo el marco normativo que sancionemos. Hay espacio para grandes empresas, Pymes y cooperativas, para que por criterios de rentabilidad y escala no queden marginados pequeños pueblos y regiones distantes, con necesidades y derechos a estar informados y conectados.

Para la nueva ley, habrá consultas interdisciplinarias
El equilibrio adecuado entre la convergencia de empresas de medios y de telecomunicaciones es uno de los desafíos
Facilitar la convergencia es la lógica que animó a la fusión de los entes reguladores de la actividad de los medios y de las telcos. ¿Cuál es el punto de equilibrio para que la convergencia no implique grados de concentración inadecuados? Las telcos, por ejemplo, provienen de amplias reservas de mercado concedidas durante décadas por el Estado. Si ha existido un ámbito anticoncurrencial en la Argentina, ese ha sido el de las telecomunicaciones.
Los grados de concentración serán analizados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Pretendemos expandir el mercado con más oferta y sana competencia. Facilitar el ingreso de más actores, observando la imparable convergencia, permitirán la mejor utilización del espectro y las redes. Universalizar y federalizar la banda ancha es un objetivo para integrar social y culturalmente al país para lograr el objetivo de unir a los argentinos.

Junto con la constitución del ENaCom, el Gobierno anunció la preparación de un proyecto de ley para superar las deficiencias que implicó la sanción de una ley de medios que, pese a muchas advertencias, no contemplaba ni la nueva cultura digital ni la convergencia y otra de Telecomunicaciones que llegó tarde y mal para intentarla. ¿Qué objetivos normativos tiene ahora el Estado y en qué plazos prevé obtenerlos?
Estamos creando una comisión para abrir el abanico de consulta a especialistas, en un ámbito interdisciplinario, que recepte experiencias comparadas y con el conocimiento de la situación real del sector en el país, elaborar un anteproyecto para elevar al Congreso, donde se enriquezca con los aportes. Los objetivos señalados deben ser inducidos con instrumentos eficientes y aspiramos a que sea materia de debate.“La convergencia es imparable y queremos más competencia”
Fuentes: Diarios BAE y La Voz

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