El abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe advirtió que los decretos de necesidad y urgencia con los que el gobierno de Mauricio Macri pretende reforma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual generarán un “tremendo perjuicio” a las cooperativas que se dedican a la actividad y puso como ejemplo concreto a la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa.
El constitucionalista, que hizo planteos concretos ante el Poder Judicial en representación de la Universidad de Córdoba -que cumple con servicios de comunicación- dijo que con el escenario actual se le brindan al Grupo Clarín las herramientas necesarias para “hacer competencia desleal”. “Hasta pueden hacer desaparecer otros cables que son del esfuerzo de la comunidad, como el que tiene la CPE”, dijo Rodríguez Villafañe.
Respecto de dichos del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, quien dijo que se reúnen con las cooperativas para abordar temas vinculados con la Ley Audiovisual, Rodríguez Villafañe comentó que “una cosa es que se reúna con las cooperativas y otra cosa es hacia dónde quiere direccionar lo que plantea”.
“Estas modificaciones a las cooperativas las perjudica tremendamente. Lo han vivido en Santa Rosa, donde aliados con gobiernos de turno terminan entregando hasta los postes. El cooperativismo ya lo vivió. Con la Ley de Radiodifusión anterior hubo una marginación de las entidades sin fines de lucro, entre ellas la CPE. En esos 29 años el interior del país perdió más de 40 mil millones de dólares de ingresos que no quedaron en la comunidad y que el Grupo Clarín, que era una gran aspiradora de dineros, se llevaba a Buenos Aires y el 18% de eso era del Grupo Goldman Sachs. El cooperativismo en este momento de ninguna manera puede convalidar lo que se está haciendo. Porque con todo esto Cablevisión toma un impulso económico tremendo, manejando aspectos del servicio de cable o haciendo ‘dumping’ como ya lo ha hecho”, reafirmó.
La torta de hojaldre
Rodríguez Villafañe marcó respecto de la Ley Audiovisual, en declaraciones a Radio Kermés 106.1 que “lo que dice (el ministro Oscar) Aguad es tramposo”. Y apuntó: “si no se lucha contra los monopolios la situación no es igual. Clarín es un monopolio horizontal y vertical: imaginemos una torta de hojaldre... bueno, un mismo dueño tiene el monopolio en las radios, en la televisión, en la producción de papel, en el sistema de Internet, con agencias de noticias, productoras de contenidos. Directamente se encapsulan las noticias. Un grupo directamente decide lo que tiene que saber la sociedad y lo que no tiene que saber”.
El profesional planteó que las modificaciones que concreta el gobierno nacional son “algo doloroso y una falta de respeto, no solamente por haber hecho con ellos desaparecer autoridades legítimas”, sino porque “se agravó con el decreto 267, en virtud del cual directamente al sistema de cables se lo excluye de la ley. Es de una gravedad institucional inusitada. De este modo se reforma una ley con la mayor legitimidad democrática. Es una falta de respeto. No hay de ninguna manera en este caso ni necesidad ni urgencia”.
Pero además señaló que “esta reforma, de la que se habla poco por el blindaje mediático, la sociedad va a ver sus efectos dentro de poco: al no estar obligados por la ley, no hay límites contra los monopolios. Ya Cablevisión tiene más del 40 por ciento del mercado del cable, ... en Estados Unidos, por ejemplo, nadie puede ostentar más del 35% del mercado. Clarín tampoco tiene límites en su cantidad de licencias, tiene 220 licencias y no tiene techo. Podría de ese modo hacer competencia desleal, y hasta puede hacer desaparecer otros cables que son del esfuerzo de la comunidad, como el que tiene la CPE de Santa Rosa, que es un cable que es de de una comunidad. Ahora no se va a ver obligado a subir señales locales, ni de las provincias, ni municipios, ni universidades. Es gravísimo”, insistió.
Efectos “tremendos”
Rodríguez Villafañe interpretó que “los efectos en general, en lo concreto, van a ser tremendos”, porque “afecta directamente a muchos medios del interior del país. La ley, con un criterio federal, había establecido que no hubiera cadenas con más del 30% de la presencia diaria. La cadena solo podía abarcar 8 horas por día. Se daba funcionamiento a productoras locales, se respetaba la libertad de expresión y de conocer perspectivas; sino los únicos que hablan de temas importantes son los periodistas que tienen el Obelismo a sus espaldas, y para los periodistas del interior queda decir cuál es la temperatura, la sensación térmica y alguna otra estupidez sin importancia. ¿Cómo no van a tener derecho los periodistas de La Pampa, por ejemplo, a opinar sobre situaciones locales, nacionales, regionales, y tener su propia visión?”, se preguntó.
Explicó que en el decreto 267 se establece ahora que “en ciudades como las de La Pampa, con menos de 600 mil habitantes, las cadenas van a poder no tener un límite del 30% sino del 50%, pero no de un promedio diario, sino mensual. En el promedio diario, hay que dar algún espacio a lo local. En lo mensual, pongo los mejores horarios en cadena y dejo a la perspectiva local lo residual, la menor llegada. Implica un verdadero unitarismo informativo como no hemos tenido desde el Siglo XIX. Es gravísimo”.
Advirtió que esa situación “va a repercutir en muchos medios que pelean por sobrevivir. A los grandes grupos les importa muy poco la sustentabilidad de los medios del interior, van a imponer desde las ofertas de la carne. Terminan decidiendo quiénes son los dirigentes... Es suicida para una democracia plural e integradora. Además de que puede traer desempleo, la caída de productoras, se consagra una hegemonía mediática como no se ha conocido”.
Lamentó que en ese escenario “no estamos viendo un Poder Judicial a la altura de las circunstancias. De existir, hay situaciones que se están dando que tendrían que crispar la conciencia jurídica. Dar por derogada la ley se hace sobre la base de una decisión, cuando en realidad la ley rige. Hay otros ejemplos, como el decreto de derribe, de manera totalmente inconstitucional: es una forma de poner la pena de muerte sin juicio previo”, opinó y comparó.
Un gobierno “tramposo”
El abogado Miguel Rodríguez Villafañe dejó en claro que “no comparto la perspectiva de este gobierno (nacional), pero me preocupa la actitud tramposa. Llegaron con el diálogo, el institucionalismo, la transparencia, el manejo republicano y vemos como nunca un gobierno que no respeta la república ni el Poder Legislativo, y que hasta cumple funciones judiciales. Y están borrando la bases de datos y hay imposición sin dialogo”.
El profesional también advirtió sobre la ilegítima decisión de borrar los archivos de Infojus: dijo que “es una grave violación al Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 13 establece preservar el acceso a la información pública. La información pública no es del estado sino de la sociedad. Y una agencia de noticias estatal es una base que no pertenece al Ministerio, sino que es de todos. Borrarlo de modo arbitrario es de una gravedad inusitada. Quienes hayan ordenado eso están incursos en un delito por no preservar esa información que pertenece a la sociedad”.
Fuente: El Diario de la Pampa
