El Protocolo #antiprotestasocial deja claro cuál será el método para “disuadir la protesta”, planteando una serie de prohibiciones y promesas de repartir palos, tiros, golpes y detenciones a cualquiera que proteste públicamente más de 10 minutos. La misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo “Apenas entre cinco y diez minutos. Ese será el tiempo de tolerancia que las fuerzas de seguridad tendrán con los manifestantes que corten calles o rutas antes de desalojarlos, sin necesidad de mediar una orden judicial.”
Como si esto no fuera suficiente para garantizar el libre accionar de las fuerzas represivas, el protocolo establece un estricto control y censura sobre la prensa detallado en el “Capítulo III.- De los medios de comunicación” donde se deja en claro el acto de censura previa que realizarán: “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.
Los medios Populares, Alternativos y Comunitarios hemos cubierto distintas protestas sociales y sabemos muy bien que nuestra seguridad no está dada por la presencia policial. Para poder realizar nuestra tarea necesitamos movernos por todos los escenarios por donde transcurre la misma. Allí radica la materia prima necesaria para la elaboración de nuestros informes. El solo hecho que nos metan en un corralito para realizar una cobertura periodística es un ataque deliberado al ejercicio del periodismo, pero por sobre todas las cosas es un acto de criminalización de la comunicación popular, ya que son varios los equipos de comunicación que trabajan desde el seno de los movimientos sociales y su lugar por naturaleza es construir y hacer la comunicación desde ese espacio. El Protocolo aparece además en el momento en que aumentan las manifestaciones y protestas en reacción a las medidas antipopulares que está tomando el mismo gobierno que lo sanciona: despidos masivos, inflación, techo a las paritarias, modificación de la LSCA, gobierno por decreto, etc.
El argumento que sostiene que la actividad periodística puede interferir en el accionar represivo solo se comprende dentro de la creciente preocupación de las fuerzas de seguridad en que no quede registro de su accionar. Para dar cuenta de la gravedad del protocolo alcanza recordar los asesinatos de Santillan y Kosteki en la estación de trenes de Avellaneda, donde las fotografías tomadas por reporteros gráficos fueron esenciales para desmontar el argumento que pretendían imponer desde el gobierno, que los piqueteros se habían matado entre ellos. Las secuencias de fotos demostraron sin duda alguna que había sido la policía bonaerense. Desde la RNMA consideramos que prohibir a la prensa estar donde quiera estar o limitarla a los espacios que las fuerzas de seguridad establecen es una forma de garantizar impunidad.
Los abusos policiales en las manifestaciones están instaurados. Así sucedió durante la cobertura de la represión en la Sala Alberdi, en la que dos integrantes de la RNMA recibieron balas de plomo.
No creemos que limitar nuestro trabajo tenga que ver con protegernos. Tampoco confiamos en que dejen de dañar y robar nuestras herramientas de trabajo, accionar que por ser común en este tipo de eventos justifica su mención en el protocolo. Entendemos que quieren encasillarnos para silenciarnos y no podemos traducirlo de otra manera.
No a la represión, sí al derecho a la protesta social.
Si el pueblo está en la calle, exigimos poder mostrarlo.
Red Nacional de Medios Alternativos - rnma.org.ar
