Hace ya dos semanas que el Ministerio de Trabajo, a través del mediador, Gustavo Ortolano, suspendió abruptamente la aplicación de una multa millonaria al Grupo M Deluxe de Mariano Martínez Rojas por incumplimiento en el pago de los salarios de los trabajadores de Tiempo en nombre de una contraorden “proveniente desde Alem” inspirada en una supuesta nueva operación comercial en curso que no deseaban “entorpecer “, aplicando multas que “no beneficiarían a los trabajadores”.
Desde el primer momento, los funcionarios de segunda línea del ministerio se mostraron reticentes a ofrecer más detalles sobre el supuesto interesado en comprar nuevamente el diario. Corría el jueves 11 de febrero y la operación, aseguraron, se realizaría “entre el lunes o el martes”. Nada de eso ocurrió y, por ese motivo, los trabajadores se movilizaron a la sede de Alem el viernes 19 a pedir explicaciones a las autoridades políticas de la cartera laboral.
Luego de varias dilaciones, un corte de la Avenida Alem y varias horas de espera, fueron atendidos por Silvia Squire, Directora de Relaciones Laborales y tercera en la línea de mando del organismo, quien ratificó la teórica existencia de una operación, mantuvo el hermetismo con relación a los supuestos compradores y recogió, nuevamente, el insistente reclamo de Repros por parte de los trabajadores comprometiéndose a dar una respuesta para el lunes siguiente.
La dilación de la supuesta operación comienza a despertar sospechas entre los trabajadores de que se trata de otra maniobra para profundizar le desgaste y las desmoralización y demorar un desenlace favorable a los trabajadores, ahora con el aval de la cartera laboral. En estas condiciones, y a esta altura, la política del gobierno frente al conflicto va girando hacia el encubrimiento y la funcionalidad con relación a los vaciadores. Por eso, en la última audiencia en la que Mariano Martínez Rojas presentó una propuesta de pago peor que la anterior (un día después de incumplir el pago de $3500 pautado en un acta previa), los delegados nuevamente exigieron la aplicación de las multas a la patronal por parte del Estado tal como consta en el acta de la audiencia. La funcionaria Silvia Squire, por su parte, todavía no ha dado respuestas al pedido de Repros cuyo expediente fuera presentado hace ya más de un mes. Tampoco ha dado señales ciertas sobre la operación que la llevó a suspender la aplicación de las multas.
Mientras tanto la paciencia de los trabajadores y sus familias se va agotando. Más aún cuando, en conflictos actuales y de similares características como el de Sol líneas aéreas o Cresta Roja los trabajadores han obtenido recursos que permiten la percepción de los haberes completos en el primero caso y los Repro por $6000 en el segundo mientras se busca una solución de fondo. Los trabajadores del G23, que llevan sin cobrar el sueldo hace ya más de 80 días y permanecen en las instalaciones del diario Tiempo Argentino hace más 20 noches siguen sin percibir ni un peso. Ni desde las patronales vaciadoras ni desde el Estado. Se trata de una grave discriminación avalada por el poder político.
La asamblea de trabajadores evaluará, en los próximos días, las medidas necesarias para destrabar el pago de los Repro en forma urgente por un lado y, a su vez, exigir al Ministerio y a la empresa detalles (nombres) sobre la supuesta negociación en curso. El ministerio de trabajo está obligado a ofrecer una respuesta política ante la operación que no se sustancia y a la que, ellos mismos, le dieron carácter oficial en el momento en que la usaron como excusa para no dar cumplimiento a sus deberes oficiales. Deberán demostrar fehacientemente que, su intervención, va a favor de una solución para los trabajadores y no en el sentido de encubrir a los vaciadores y desgastar la lucha en curso.