El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), una organización que vela por el cumplimiento de los derechos de acceso a la información y libertad de expresión, reclama a la Justicia que facilite el acceso a la información en los juicios por violaciones a los Derechos Humanos.
El próximo 10 de febrero comenzará el juicio al represor Jorge Olivera Róvere, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que será realizado por el Tribunal Oral y Federal Nº 5 (TOF5), integrado por los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías. Para atender a los requerimientos de la prensa, dicho Tribunal dispuso que está previsto el ingreso del periodismo gráfico, pero no así de las cámaras de televisión, las camáras fotográficas y los equipos de audio, y que el juicio sea filmado por personal especializado de la Policía.
Esto implica que los medios audiovisuales, radiales y digitales no tendrán acceso a la sala de audiencia con sus cámaras, y que accederán a la filmación que se pasará por el circuito interno, según el orden de llegada de los medios y hasta que se agoten las bocas de acceso (se reserva una boca al canal público y las demás a los medios según orden de llegada). Este procedimiento fue ratificado a FoPeA por la vocera del Tribunal, Alejandra Alberti.
FoPeA está enviando una carta al presidente del TOF5, Daniel Obligado en la que reclama que se “permita una amplia cobertura periodística de las audiencias del Juicio Oral y Público que se le realizará al represor, cuyas sesiones comienzan el 10 de febrero”. En dicho texto alude también a la Acordada 49/08, firmada el 28 de octubre de 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se definió la relevancia de la presencia del periodismo en los juicios orales en causas de violaciones a los derechos humanos, y exigió que se garantice la “difusión radial y televisiva” de los actos iniciales, alegatos y sentencia, por considerar que “eleva” la calidad institucional y “profundiza” el Estado de derecho. “El principio de publicidad del proceso constituye una de las condiciones fundamentales de legitimidad de la administración de Justicia”, señaló la Corte Suprema.
A nuestro entender, y citando el fallo de la Corte Suprema donde dice en forma taxativa que el juez podrá determinar “la ubicación de las cámaras y de los reporteros”, pero no aprueba el impedimento para el ingreso, la interpretación del Tribunal Oral y Federal Nº 5 es restrictiva del derecho a brindar información por parte de la prensa audiovisual. Las restricciones al trabajo de la prensa ya se aplicaron en anteriores juicios a represores, como en los casos del policía Julio Simón, el prefecto Héctor Febres, a los responsables de la Masacre de Fátima, a los apropiadores de Eugenia Sampallo y a los ex jefes de Mansión Seré.
En atención al precepto constitucional de publicidad de los actos de gobierno, entre otros, FoPeA elaboró en 2007 el documento “Aportes para el Mejoramiento de la Relación entre Justicia y Prensa”, que fue presentado junto a la Corte Suprema de la Nación y que apunta a que ambas partes hagan un esfuerzo para garantizar el ejercicio democrático de la información referida a la Justicia.
Este documento enfatiza que “la información es un bien público” y establece que “las piezas jurídicas contienen información relevante para el funcionamiento de una sociedad: interpretan leyes, establecen doctrina, ponen límites a los otros dos poderes del Estado, entre otras cuestiones”. Asimismo, sostiene que “las decisiones de los jueces influyen en la vida de los individuos y de la comunidad, por lo que deben ser difundidas del modo más claro y amplio posible, con las restricciones propias que impone el trámite de una causa judicial”.
En resguardo del derecho a la información de los ciudadanos, FoPeA le pidió al TOF5 que durante las audiencias se dispongan de todas las comodidades necesarias para la cobertura periodística gráfica, digital, radial y televisiva, con los correspondientes dispositivos para el registro de audio e imagen.
En este mismo sentido y de acuerdo a la posición fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, FoPeA le envió una carta a su titular, Ricardo Lorenzetti, donde se informa la preocupación de nuestra organización por la actitud del TOF5 y las gestiones que se están haciendo al respecto. Todo eso de acuerdo con las pautas fijadas en el acuerdo firmado entre Fopea y la Corte Suprema y el documento citado, donde se específicó la importancia del acceso a la informacíón en casos de semejante interés público como lo son los juicios por las violaciones a los Derechos Humados cometidos durante la última dictadura militar.
Además FoPeA insta a las autoridades que correspondan a preservar la seguridad de los periodistas que cubren estos juicios ya que hay antecedentes preocupantes sobre este tema, que fueron denunciados por nuestra asociación:
27/01/09 - Amenaza a periodista que cubre juicio a represores en San Luis
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) alerta y expresa su repudio por la preocupante amenaza recibida por el periodista Gustavo Heredia, de Radio Universidad de San Luis, quien es el encargado de cubrir un juicio a represores de la última dictadura militar para esa emisora en la provincia homónima.
6/02/08 - Amenaza sufrida por una periodista de Rosario
Andrea San Esteban estaba investigando acerca de un probable campo de concentración de la última dictadura militar, ubicado cerca de otro conocido como "La Calamita". Fue intimidada en plena calle y posteriormente seguida por un vehículo.
18/11/05 - Amenaza a periodista que investigó la represión ilegal en Córdoba
Mariano Saravia es autor de "La Sombra Azul", una investigación que revela la participación de policías de la provincia de Córdoba en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Desde julio el periodista del diario La Voz del Interior recibe permanentes intimidaciones.
Otras Señales
