Gómez recordó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como 'Ley de Medios', obtuvo sanción legislativa “en diciembre de 2014”, por lo que “cuatro años es un buen tiempo para evaluar una legislación” cualquiera. Y también la publicación referida fue presentada recientemente porque “octubre es un mes clave” al estar impedido el Estado de otorgar nuevas licencias desde un año antes de las elecciones.
El coordinador del mencionado trabajo, quien participó en la elaboración de la 'Ley de Medios', explicó que esta “es una Ley garantista” y que “no es revolucionaria en el sentido de cambios radicales”, una valoración que ha sido compartida por entidades internacionales en el sentido de que es “una Ley razonable, equilibrada” y también “muy parecida a la argentina” en ese balance entre derechos públicos y garantías privadas.
“Se construyó un relato de que era una monstruosidad”, a partir de lo cual se produjo “un debate enorme para una Ley que no era tan cruel como se decía”, resumió Gómez. De hecho, añadió, “la Corte Suprema de Justicia avaló la constitucionalidad de la Ley”, al punto de que “los pilares” de la norma “se han mantenido”. De 202 artículos, el máximo órgano judicial del país “observó 2 artículos completos y 6 parcialmente”, ejemplificó.
Sin embargo, “fue muy poco aplicada” porque “no hubo una voluntad y una decisión traducida en presupuestos” y recursos para hacerlo, lamentó. “Ahí hay responsabilidades compartidas” que trascienden el rechazo combativo y sistemático del sector privado de medios de comunicación.
El académico disparó contra “el Parlamento” por no proceder a la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual que crea la Ley y también contra “el Poder Ejecutivo” por no haberla reglamentado a cuatro años de su entrada en vigor.
La no aplicación efectiva, pese a la vigencia de la norma, determinó que hasta ahora “perdimos 3,5 millones de dólares por año de producción audiovisual” nacional, un aspecto relevante previsto en el texto y que implica dimensiones como la capacidad creativa local, el desarrollo de la cultura vernácula y también el dinamismo de la economía doméstica.
A continuación, el entrevistado mencionó varios ejemplos de reacción empresarial negativa a la Ley por ver afectados suculentos privilegios de los que el sector privado se ha beneficiado durante décadas. Así, sus operadores han atacado, durante estos cuatro años, desde el espacio para publicidad electoral gratuita hasta la asignación de 15 minutos diarios por canal para la emisión de campañas de bien público, reseñó.
En la órbita del Estado, “la URSEC ha sido de los organismos estatales que más ha impulsado la Ley”, mientras que el Ministerio de Industria, Energía y Minería es el ejemplo más negativo de desinterés en el asunto, aseveró.
Gómez indicó que ahora, a un año de los próximos comicios nacionales, es virtualmente imposible generar un impulso estatal hacia el cumplimiento de la norma. “El poder de los medios hoy es fundamental” dado que, “cuanto más te acercás a las elecciones, el poder de lobby de los medios” se torna más fuerte y disuasivo.
El tema del poder mediático y su proyección política y partidaria en América Latina no es nuevo. La necesidad de regular y democratizar la estructura empresarial e institucional de medios de comunicación, ha integrado las plataformas programáticas de todas las izquierdas de la región.
Sin embargo, “tengo la impresión de que al progresismo en la región este tema lo 'calienta', pero cuando hay que tomar medidas” no sucede “nada” que mueva la aguja sobre el terreno, caracterizó el experto. “Tenemos una estructura de medios en televisión de hace 60 años”, sintetizó.
Fuente: m24.com.uy
