martes, 27 de noviembre de 2018

La precarización laboral se hace alarmante para las mujeres en los medios de comunicación

El Frente de Trabajadoras de la Comunicación del Chaco recibió el Premio Anual de Reconocimiento a la Labor más Destacada en la Erradicación de la Violencia de Género de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco “Bettina Vásquez”. Instaron a los tres poderes del Estado a que asuman el compromiso de aplicar políticas y legislar con perspectiva de género
Al recibir la distinción leyeron un pronunciamiento donde reclaman mayores recursos para políticas estatales de género, aplicar políticas y legislar con perspectiva de género, subraya que la regulación de la pauta publicitaria estatal sigue siendo una cuenta pendiente con la sociedad y con las trabajadoras y trabajadores de la comunicación y remarcan que la desigualdad de género y situaciones de violencia en todas sus formas es una constante. El  mensaje completo:
Somos integrantes del Frente de Trabajadoras de la Comunicación del Chaco. Nos constituimos en esta organización colectiva y colaborativa para construir una comunicación libre de sexismos y con perspectiva de género.

La desigualdad, la violencia hacia las mujeres, la manipulación de la información y la precarización laboral de las comunicadoras, son algunas de las condiciones que nos obligan a seguir trabajando por un Chaco más equitativo e igualitario.

En este escenario, aquí, recibiendo este premio y ante representantes del pueblo chaqueño, instamos a los tres poderes del Estado a que asuman el compromiso de aplicar políticas y legislar con perspectiva de género.

Ésta no es una declamación. Es una exigencia: los organismos encargados de proteger y acompañar a víctimas de violencia de género están siendo desfinanciados y empujados a la desaparición. Son los casos de la Línea 137 y el Centro de Atención a Víctimas de Violencias, con trabajadoras precarizadas, falta de recursos y sin un reconocimiento en la estructura legal del Estado.

Como legisladores les cabe intervenir en esta situación si realmente existe compromiso con la lucha contra las violencias y con el acompañamiento a las víctimas.

Como comunicadoras tenemos la responsabilidad y el compromiso de incluir en nuestro trabajo la perspectiva de Derechos Humanos. Mismo compromiso que les cabe a los Poderes del Estado.

Para construir una sociedad más justa y equitativa necesitamos responsabilidad en la comunicación. No sólo medios y periodistas, también quienes legislan tienen la obligación de verificar la información asumiendo su rol de representantes elegidos por el pueblo soberano.

No podemos permitir que hagan juego a la manipulación, fomentando y replicando noticias falsas en desmedro de derechos de las mujeres y disidencias.

Este año la cuestión de género ha tenido un lugar muy importante en las agendas públicas. Tanto el debate de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, como la consecuente implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, han generado la repetición sistemática de conceptos falaces y argumentos manipulados. Y no sólo se han escuchado en medios de comunicación, sino también en boca de funcionarias, funcionarios, legisladoras y legisladores. Como sociedad, necesitamos que se promueva información basada en criterios responsables y honestos. Las creencias personales no son políticas de Estado, menos de un Estado laico que se ha comprometido a integrar en esta Nación a las personas de todas las creencias religiosas y también a quienes no las tienen.

Los argumentos falaces generalmente tienen como soporte suculentas sumas de dinero en forma de publicidad, sin que muchas veces quede claro quién o quiénes son los aportantes de ese dinero, que termina sirviendo a los fines propagandísticos y de manipulación.

En nuestra provincia, como en el país, la regulación de la pauta publicitaria estatal sigue siendo una cuenta pendiente con la sociedad y con las trabajadoras y trabajadores de la comunicación.

Hasta el momento, en esta legislatura, se presentaron cuatro proyectos de distinta índole e incluso antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se consideraba necesario generar mecanismos que distribuyan equitativamente los fondos públicos estatales.

Dejar de lado la discrecionalidad que fomenta el amiguismo es imprescindible y es la base que atenta contra la libertad de expresión. Necesitamos pautas claras de regulación y control, que exijan al Estado no ser cómplice de empresas que tienen a sus trabajadoras y trabajadores sin registrar, abonando salarios en cuotas y en categorías que no corresponden a las tareas realizadas según los convenios colectivos.

Una comunicación responsable requiere de trabajo en condiciones dignas. La precarización laboral atraviesa al sector de prensa y comunicación y se hace particularmente alarmante para las mujeres en los medios de comunicación.

La desigualdad de género y situaciones de violencia en todas sus formas es una constante, el status quo en las relaciones laborales. Estas condiciones de producción de contenidos atentan contra la calidad requerida para constituir una sociedad comprometida, informada y con valores de equidad, igualdad, responsabilidad y solidaridad.

Al menos el 90% de los titulares de quienes acceden a pautas oficiales son varones y, si es una mujer, por lo general es una socia o familiar de quien conduce el emprendimiento periodístico o comunicacional. Con esto advertimos que es necesaria la Transparencia y Equidad en la distribución de los fondos que se aprueban año a año con el presupuesto en todos los niveles y poderes del Estado.

La desigualdad de género no sólo se evidencia en la propiedad de los medios, también en la organización empresaria y periodística. El 68% de las comunicadoras identificó como superior a un varón, cuando más del 62% reconoció que en sus lugares de trabajo existe una integración de mayoría de mujeres o equilibrada entre varones y mujeres.

Esa desigualdad propicia un escenario de situaciones de violencia en diferentes formas pero igual de perjudiciales. Acoso sexual, violencia física, violencia económica, violencia verbal y discriminación, son algunas de las situaciones que diariamente viven las comunicadoras chaqueñas en sus puestos de trabajo.

Necesitamos entender a la comunicación como un servicio y no como una mercancía intercambiable y adaptable al mejor anunciante. Necesitamos que los medios de comunicación, las instituciones y el Estado brinden condiciones laborales dignas para sus trabajadoras y trabajadores. Necesitamos que la igualdad y equidad de género se plasmen tanto en los contenidos como en quienes producen esos contenidos.
Ver también: Periodismo en emergencia: Las violencias hacia las trabajadoras de prensa

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