Equiparar prensa con empresa sirve para confundir un atentado a la libertad de prensa con una decisión empresarial. Así lo demuestra el caso del levantamiento del programa de Nelson Castro
Por: Norma Morandini*
En tanto el mundo desarrollado se interroga acerca de las implicancias que tendrán sobre la democracia los cambios tecnológicos y la cambiante concepción de los medios de comunicación, entre nosotros todavía debemos defender la libertad como derecho. Un atraso cultural político que se expresa en esa enorme confusión de equiparar la libertad de prensa con la libertad de empresa, cuando lo que diferencia a una empresa periodística de cualquier otra de la industria es que, por definición y protección constitucional, la empresa periodística no produce mercancías sino que debe viabilizar tanto el derecho de la sociedad a ser informada como el de los ciudadanos a expresarse.
La libertad no es un objeto que se compra o se vende: es un derecho universal fundamental. Los medios no fabrican mercancías sino productos simbólicos, como son la cultura y la educación. Por eso, a los medios se les debe demandar la responsabilidad que es inherente al ejercicio de la libertad, no buscar coartar la libertad. Menos aún, impedir que con el debate de ideas, el pluralismo de opinión y la libre circulación de la información se constituya el espacio público que es inseparable de la vida republicana. De modo que cualquier medida que cercene, coarte o directamente impida el debate con el que se instituye ese espacio público entraña un riesgo institucional que no dimensionamos.
El despido del periodista Nelson Castro de Radio del Plata, de la Capital Federal, justificado porque esa emisora pasó a manos de la empresa Electroingeniería, es un caso testigo ya no tan sólo de cuánto los argentinos estamos dispuestos a exigir por nuestros derechos sino de aquella confusión conceptual que, al equiparar prensa con empresa, sirve para confundir un atentado a la libertad de prensa con una decisión empresarial.
La libertad de empresa es la que tienen los ciudadanos para asociarse económicamente, pero no es una patente de corso para hacer lo que quieran, por más rentable que sea un producto. Lo mismo cabe para la mencionada compañía, sin tradición en los medios de comunicación, que deberá probar, lo mismo que el organismo estatal de control y autorización –el Comité Federal de Radiodifusión, Comfer– si en el traspaso de la licencia se cumplieron las exigencias de la leyes de radiodifusión vigentes.
Le corresponde al Estado, en resguardo del derecho de la sociedad a ser informada, controlar que ninguna empresa a las que otorga sus licencias utilice un medio de comunicación para coartar la libertad del debate.
La relación entre los medios y la democracia debe encararse dentro del marco de los derechos; el que tienen los ciudadanos a expresarse, consagrado universalmente, y el derecho social moderno que lo trasciende: el derecho de las sociedades a ser informadas. Un derecho que viabilizan los medios y los estados deben garantizar.
No se me escapa que en la sociedad moderna todo está a la venta, desde las mujeres hasta las ilusiones, y que la llamada “industria del entretenimiento” hizo también de la información un espectáculo. Pero si se ignoran las definiciones básicas de la legalidad democrática, vamos a seguir viendo como normal que los gobernantes busquen influir sobre las empresas, castigando a los periodistas independientes o, peor aún, que se subestime tanto el entendimiento de la ciudadanía al punto de creer que alcanza con controlar a los medios para controlar a la sociedad.
*Periodista. Diputada nacional (bloque Memoria y Democracia)
Fuente: La Voz del Interior
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