Luego de una década de denuncias y distintos pronunciamientos judiciales sobre la arbitrariedad y desmanejo en el reparto de publicidad oficial en nuestro país, el Gobierno del Presidente Macri se dispuso a avanzar en medidas concretas de transparencia y autoregulación en materia de pauta.
A partir de la publicación de la Resolución 247E/16 de la Secretaría de Comunicación dependiente del Jefe de Gabinete Marcos Peña, en agosto de 2016, los senadores comenzaron a tratar en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión los proyectos preexistentes. El 15 de noviembre obtuvo dictamen un proyecto consensuado que incorpora los criterios objetivos, el sistema de ponderación y la creación del registro público de beneficiarios de pauta creado por la Resolución de Jorge Grecco.
Es una buena noticia que esta herramienta importantísima de acceso a la información se dedique a transmitir cuestiones de interés público y no sea utilizada para estigmatizar, difundir intereses personales de los funcionarios, o censurar a medios y periodistas que no correspondan sus opiniones al gobierno como sucedió durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
A través de la fijación de cuatro criterios, pertinencia del mensaje, zona geográfica, federalismo y diversidad de voces y audiencia, los funcionarios deberán planificar las campañas con altos niveles de transparencia y respaldando la asignación de los recursos de acuerdo a un coeficiente de distribución que surgirá de la priorización de esos criterios objetivos.
La creación del Registro que establece requisitos formales para recibir recursos públicos en conceptos de pauta garantizará que, casos obscenos como el del grupo Szpolski, que recibió más de 800 millones de pesos en un año sin acreditar propiedad de sus medios y evadiendo impuestos y aportes previsionales, no vuelvan a suceder. Quien no cumpla los requisitos fiscales, cumpla con sus cargas patronales o no acredite la propiedad de sus medios o licencias no calificará para recibir pauta oficial.
Los medios comunitarios además se verán beneficiados, ya que dentro del criterio federalismo y diversidad de voces se establece que, en las campañas en que éste sea priorizado, recibirán el 60 por ciento de los recursos asignados. Para el resto de las campañas a este criterio deberá respetársele un piso del 20 por ciento.
Celebramos luego de tantos años de bregar por una ley, que senadores de todas las bancadas hayan apoyado la importancia que tiene la distribución de pauta para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Siempre sostuvimos, como lo ratifica la CIDH que “la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales a los medios en función de sus líneas informativas atentan contra la libertad de expresión y deber estar prohibidos por ley”.
Si el Congreso hubiera avanzado antes, como lo propusimos desde la UCR, la Coalición Cívica y el Pro, (hoy Cambiemos), presentando proyectos parlamentarios desde el año 2006, hubiéramos ahorrado el dispendio de $10.155.451.078 que dedicó el kirchnerismo a imponer su relato a través de partidas ejecutadas por los sucesivos Jefes de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner.
Queda ahora completar el tratamiento del dictamen para convertirlo en ley y por supuesto tomar conciencia que hasta que la última de las jurisdicciones no adopte sistemas similares, siempre existirá el riesgo que los gobernadores o intendentes sigan consolidando modelos de feudalismo informativo donde se disciplina y se censura el disenso o bien se premia la crítica favorable.
En la foto de DyN, Jura de Jorge Grecco como secretario de Comunicación Pública ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en diciembre
*Ex Presidenta de la Comisión de Libertad Expresión de la Cámara de Diputados, actualmente es directora del Ente Nacional de Comunicaciones.
Fuente: Diario Clarín
