En Perú el interés del fujimorismo por legislar sobre los medios de comunicación preocupa. La ex relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, se encuentra en Lima para participar en un evento sobre el tema y nos explica los riesgos de los proyectos de ley presentados por Fuerza Popular.
¿Cuál es el diagnóstico de la libertad de expresión en la región?
Hay dos grandes problemas en la región. El primero es el de una violencia gravísima contra los periodistas, principalmente en México. El segundo tiene que ver con las regulaciones exorbitantes que impiden la existencia de una prensa libre, autónoma.
¿Qué países intentan regular más a la prensa en la región?
Venezuela y Ecuador. Todo el marco jurídico fue rediseñado aparentemente con propósitos loables, con fines buenos, para proteger la niñez, la democracia, la cultura, pero en realidad condujeron al control absoluto de la prensa.
¿Cuál es la situación en Perú?
Mire, a partir del año 2000, el Perú tuvo una recuperación muy rápida, muy vertiginosa, de la libertad de expresión. Se promovió la autorregulación de los medios de comunicación, se creó el Consejo de la Prensa Peruana, el Tribunal de Ética y realmente, en el contexto regional, esa es una buena experiencia. Lamentablemente, lo que hemos visto a partir de octubre del año pasado es la presentación de una serie de proyectos que irían en contra de esa tendencia.
¿Esos proyectos pueden hacer que se pierda lo avanzado?
Que retroceda vertiginosamente. Yo no conozco las intenciones de quienes los presentan, así que no los puedo juzgar. Puede ser que tengan buenas intenciones, pero, por lo que yo conozco de la experiencia regional, ese tipo de proyectos no hacen otra cosa que conducir a una restricción radical del derecho a la libertad de expresión.
¿Se refiere al proyecto de las congresistas fujimoristas Letona y Aramayo?
Sí. Me refiero al proyecto que pretende que el Ministerio de (Transportes y) Comunicaciones pueda regular a los medios para defender la cultura, los proyectos que buscan una aplicación retroactiva de leyes de mercado, los que regulan la radio y la televisión, los que prohíben de manera perpetua que condenados por corrupción fueran parte de un medio. Me refiero a esos proyectos que conducirían a una reforma de censura.
Las congresistas defienden su proyecto porque, dicen, limpiará a los medios de la corrupción. ¿Qué tan cierto es eso?
Incluso afirman que este no es un proyecto novedoso porque en Chile y en Colombia ya existen proyectos de este tipo. Eso no es cierto. La Corte Constitucional de Colombia tuvo una última sentencia, después de la que mencionan las congresistas. Es la sentencia C634-2016, que declaró inconstitucional la prohibición genérica de que personas condenadas por la justicia pudieran participar en los medios de comunicación. Lo que sí dijo la Corte Constitucional es que personas condenadas por cierto tipo de delitos no pueden estar habilitadas para contratar con el Estado.
¿Cuál es el problema principal del proyecto fujimorista?
Lo primero es la incompatibilidad de sanciones a perpetuidad y lo segundo es que el proyecto no es claro. ¿Una persona que ha sido condenada y que pagó su pena y que cometió un error, porque no todos los casos de corrupción son iguales, no puede tener un blog?, ¿no puede hablar sobre deportes?, ¿no puede tener un sitio de cocina? ¿Cuál es el alcance de esa disposición? Se supone que todas las condenas sirven para que las personas se resocialicen.
Eso se aplicaría para cuando estas personas ya cumplen su condena, ¿pero qué debe pasar mientras están cumpliendo su pena?
Las personas que están pagando su pena tienen una serie de restricciones de derechos. En varias partes, las cárceles tienen medios de comunicación, una emisora de radio, periódico. Entonces, el proyecto tiene una serie de dificultades que a uno le hacen dudar de cuál es la verdadera intención del mismo.
Este no es el único proyecto que el fujimorismo ha presentado que involucra a los medios de comunicación. ¿Es una obsesión?
Yo no conozco la situación política peruana y prefiero no pronunciarme, pero sí le digo que en Ecuador y Venezuela hubo un grupo de parlamentarios obsesionados con limitar a los medios de comunicación, y eso condujo al desastre de ambos países.
Otro proyecto fujimorista busca destinar el 2% de la venta anual de los periódicos para un fondo de seguridad social del repartidor de diarios (canillita). ¿Esta iniciativa también es peligrosa?
Cuando uno empieza a ver que hay 4, 5, 6, 7, 8 proyectos sobre la prensa, ya empieza a mirar con sospecha la regulación. Yo se lo digo como ex relatora de libertad de expresión de la CIDH. Así empezaron países como Venezuela y Ecuador. Yo no veo a esos proyectos de manera aislada. Aquí hay una cascada de proyectos dirigidos a restringir la autonomía de los medios de comunicación. Este proyecto en particular, que no lo conozco en detalle, tiene este contexto y parecería como una manera más de intentar limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
Autoficha
“Soy decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJusticia). Fui relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
“El año pasado, México fue uno de los cinco países en el mundo con mayores cifras de asesinato a periodistas por ejercer su función. Y en lo que va corriendo de 2017, México tiene las cifras más graves salvo países en guerra, como Siria, por ejemplo”.
“Para proteger los derechos de la mujer, se hizo una reforma en Venezuela que permite la censura cuando el Gobierno considere que la prensa está atentando contra la igualdad. Eso condujo a la censura de un semanario, porque denunció al entorno de mujeres de Hugo Chávez”.
Foto: Alonso Chero/ El Comercio
Fuente: Perú21
