A esta situación se le suma un nuevo contexto tecnológico que favorece el crecimiento exponencial del trabajo precario y la multitarea. Al mismo tiempo pone en crisis a la industria periodística que migra del papel a las nuevas plataformas y cambia la lógica económica de las empresas periodísticas.
Hasta los últimos meses de 2015 esta crisis afectaba en un cuasi silencio a las dotaciones de las grandes y medianas empresas del sector. Un mercado interno activo más la pauta oficial mantenían vivas empresas que de pronto decidieron cerrar sus puertas o practicar ajustes salvajes cuando su fuente de recursos prácticamente desapareció. El gobierno de la alianza Cambiemos, lejos de proponer políticas para sostener las fuentes de trabajo de miles de periodistas y mantener activa la diversidad de voces, apostó al cierre de medios y al achique de puestos de trabajo como método disciplinador del periodismo que no le era adicto.
El ajuste en los medios
En ese contexto se produjo la desaparición de Radio América -de quien nadie parece acordarse por estos días- con su consecuencia de más de 100 familias sin ingresos, sin indemnización y engrosando la creciente población de trabajadores fantasmas de la comunicación, así como el cierre de las muchas revistas del Grupo 23 cuyas pequeñas dotaciones abultan sustancialmente en la suma final, el diario El Argentino y el canal CN23, así como la reducción por goteo de periodistas en el diario La Nación que lleva despedidos o retirados “voluntariamente” en dos años a más de 30 trabajadores y continua con planes de retiro voluntario y prejubilaciones, el plan de retiro voluntario de Clarín que achicó la planta en alrededor de 150 trabajadores, los despidos en Radio Nacional y en la Editorial Atlántida (Televisa) que suman cerca de cincuenta entre los de 2016 y los producidos hace pocos días.
Radio Del Plata sufre otra forma de destrucción en cuenta gotas para sumarla en el futuro a la cadena de radios afines al Gobierno nacional, al tiempo que ya nadie se acuerda de Miradas al Sur y apenas si se habla de Radio Madres. El ajuste económico manda, pero la convergencia tecnológica es una herramienta táctica, y ambas resultan una combinación demoledora para quienes vivimos de oficios vinculados a los medios periodísticos.
Esta situación afecta no solo a los trabajadores, también reduce la diversidad de miradas y voces que deberían intervenir en el debate democrático de la sociedad. La pluralidad de voces, el ejercicio democrático de la ciudadanía se convierten en una utopía.
La libertad de prensa, la libertad de expresión, la comunicación como derecho humano, se ven seriamente afectadas en este contexto. Las políticas del gobierno avanzan sobre este cuadro de situación y van por más: desregulan la principal plataforma audiovisual (TV paga) sin exigencias de producción propia e informativa, entregan frecuencias a corporaciones de telecomunicaciones, clausuran y decomisan radios Pymes y comunitarias, criminalizando la comunicación popular. El mismo Estado que debería ser garante de protección del derecho individual y colectivo a la comunicación es el que persigue con denuncias penales y sustracción de bienes materiales a medios y trabajadores.
Este conjunto de factores impiden el desarrollo de la comunicación social en sus diversas plataformas y suponen que tanto el trabajo periodístico, el periodismo “de calidad” y la pluralidad informativa como un derecho inalienable de los pueblos, están en grave riesgo. La pretensión de que con escasos o nulos recursos, desde la plataforma de Internet se puedan expresar múltiples voces en competencia con los mismos medios oligopólicos que hace veinte años se convirtieron en híbridos y vuelcan su poder económico a la red, no pasa de una teoría que desvía el eje de la discusión sobre la pérdida de ciudadanía por parte de la inmensa mayoría de la población.
Nuestro reclamo
La Gremial de Prensa se suma a las voces de denuncia de los distintos actores de la comunicación con respecto a esta situación, reclama la aplicación de los principios antimonopólicos y democratizadores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el acceso universal y gratuito a Internet y la sanción de la Ley de Publicidad Oficial, para equilibrar el acceso a recursos básicos que resguarden la actividad.
El Estado no puede ser un mero espectador del mercado, debe actuar mediante acciones que protejan el trabajo y la supervivencia de los medios de comunicación en riesgo, desde la distribución con equidad y sentido social de pauta publicitaria, hasta la implementación de subsidios a la actividad y repros para asegurar los sueldos de los trabajadores cuyos puestos de trabajo se ven en riesgo y para mantener en pie a las empresas y cooperativas del sector.
Fuente: La Gremial de Prensa
