En agosto de 1976, esas acciones fueron finalmente vendidas a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
La sospecha tenía que ver con que los comandantes de la dictadura militar presionaron a Graiver para vender sus acciones en connivencia con los privados que ahora fueron sobreseídos.
La hipótesis de trabajo se encaminó entonces a determinar "si la venta de acciones de 'Papel Prensa S.A.' ocurrida en 1976 fue una transacción obligada, producto de una coacción previa desplegada contra el grupo vendedor por un conjunto de personas que componían los compradores, la beneficiaria y el intermediario junto con funcionarios públicos".
En primera instancia, Magnetto, Mitre y Herrera de Noble habían sido sobreseídos por el juez federal Julián Ercolini, medida que fue apelada luego por el fiscal Franco Picardi.
No obstante, el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes desistió de la acusación, pero ello fue apelado por la querella de Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver.
"Es cierto que el grupo se vio compelido a desprenderse de las compañías por haber recibido amenazas; pero ni estas estaban dirigidas a lograr la entrega de Papel Prensa, ni fueron los imputados quienes las profirieron", sostuvo el camarista Jorge Ballestero, al referirse a que los testigos dijeron que la agrupación "Montoneros" estaba vinculado con aquellas intimidaciones.
"La historia reconstruida en el expediente ha demostrado que la venta de las empresas -entre ellas Papel Prensa- respondió a la necesidad de obtener liquidez para afrontar las deudas exigidas por la organización Montoneros y, justamente por el destino que habría de tener el dinero obtenido, es que las autoridades del gobierno dictatorial interceptaron ese pago, confiscando el dinero", añadió el magistrado.
Además, evaluó que "ninguna implicancia tuvieron en ello los dueños y los representantes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón".
"El gobierno de facto tenía la posibilidad de incidir en una eventual transferencia de acciones del grupo Graiver, de forma determinante sin necesidad de recurrir a los mecanismos ilegales que más tarde utilizó en perjuicio de dichas personas", sostuvo, por su parte, Bruglia.
