El subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López, se refirió hoy a la medida cautelar que dictó la justicia
mendocina sobre la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y sostuvo que "por ningún defecto de forma, si lo hubo, se puede suspender la aplicación de una Ley que depende de otro poder del Estado, que además tiene la virtud de subsanarse a si mismo”Gustavo López destacó además que “con la legitimidad con la que fue aprobada la Ley, la decisión de la jueza no se va a sostener en la Cámara Federal."
"Si una jueza, interviniendo en la decisión del poder Legislativo, que es un poder del Estado autónomo del poder Judicial, suspende la aplicación de una Ley por considerarla inválida, es un disparate jurídico porque excede cualquier facultad que tiene”, agregó el funcionario.
Gustavo López expresó que “hay otros fallos que preventivamente, como medida cautelar, pueden suspender, mientras se discute, la aplicación de algún artículo de la ley”, y subrayó que “la cámara de Senadores, que es una cámara revisora, sancionó definitivamente la Ley, en 100 de los 168 artículos por más de 60 votos.”
Respecto de la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, que frenó la reglamentación de la norma habiendo comunicado al Congreso que hizo lugar al amparo presentado por el diputado del peronismo disidente, Enrique Thomas, el funcionario señaló que “la jueza que suspendió la aplicación total de la ley es la misma jueza que en su momento suspendió la señal de canal 7 en la ciudad de Mendoza, porque afectaba intereses de grupos privados que tenían un canal de televisión.”
“En aquel momento defendiendo intereses privados suspendió una señal de televisión, y ahora supuestamente defendiendo la libertad de expresión, pero nuevamente defendiendo intereses privados, pretende suspender la aplicación de toda una Ley”, agregó el subsecretario.
Gustavo López destacó “la gravedad de que un diputado Nacional, luego de ser aprobada la Ley por amplia mayoría en el Congreso, se presente denunciando supuestos vicios de forma.”
En relación a la compra del grupo empresario Moneta-Garfunkel de cinco emisoras radiales de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo López señaló que “la operación esta prohibida, porque excede los topes impuestos tanto por la nueva Ley como por la antigua.”
“Frente al anuncio hecho por compradores y vendedores, me presenté a la Autoridad de Aplicación para que intervenga de inmediato”, dijo el funcionario, y agregó: "Lo que me sorprende es que nadie diga nada cuando alguien compra por fuera de la Ley."
Gustavo López finalizó: "La aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es central para la libertad de expresión, lo que está en juego es en qué país queremos vivir, si en uno en el que las leyes sólo se aplican a aquellos que no tienen recursos económicos, o se aplican para todos, porque si los poderosos intentan que las leyes no los toquen, vamos a tener un grave problema en el país."
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Fuente: Sala de Prensa
