Por: Hernán Reyes Aguinaga, hernan.reyes@telegrafo.com.ec
Sin duda, la ciudadanía está presente en la Constitución como sujeto de un cúmulo de derechos del “buen vivir”, algunos de ellos innovadores como los derechos de la comunicación, la información y la participación. Pero también existe la sensación generalizada de que son precisamente los temas de comunicación y de participación ciudadana los que presentan mayores debilidades y retrasos, dentro de las estrategias puestas en marcha por los impulsores del “cambio radical” propuesto por Alianza PAIS.
La Asamblea tiene el desafío de mejorar sustantivamente el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación para su aprobación final. Pero aún con un “acuerdo ético político” firmado por todos los bloques legislativos, el proceso corre el riesgo de fracasar, no tanto por la persistencia de falencias en la metodología para la discusión o la existencia de intereses irreconciliables entre una visión liberal y otra post-liberal acerca de este tema, cuanto por la falta de “sentido común” para respetar la Constitución y romper círculos viciosos que entrampan la discusión: “Estado versus individuo”, “privado versus público”, “libertad versus igualdad”. El objetivo final de la Ley es velar por la garantía de los derechos ciudadanos de la comunicación y ello implica regular y promover, beneficiando a los que menos tienen o menos saben o son peor tratados. No se trata de elaborar una “Ley de Medios” ni de que ésta defienda a ultranza a los medios privados, porque eso no dice la Constitución. Tampoco sería apropiado defender un “estatismo autoritario” que ponga en manos de cualquier gobierno instrumentos para ejercer la censura previa de contenidos a su antojo o usar los recursos públicos como le venga en gana, como mero propagandismo y sin conexión con reales políticas públicas de comunicación e información. La participación política no es una expresión exclusiva de la esfera pública, pues “la vida social requiere mucho más que la articulación de intereses diversos y el respeto a las garantías individuales”, y el liberalismo político, al que responden de alguna manera las libertades de expresión, asociación, prensa y otras, es solamente uno de los aspectos de la política” y apenas una de las responsabilidades del Estado.
Lo “público no estatal” no se reduce ni a lo privado ni a lo estatal. Para Hanna Arendt, la esfera pública se basa en la igualdad y en la universalidad de la ley, mientras la esfera privada está basada en la particularidad. Como no todos nacemos iguales, se vuelve imperativo “construir igualdad”, es decir no sólo poder ser informados sino también visibilizados y escuchados como condición básica de una democracia deliberativa y participativa.
Construir esa igualdad requiere de organizaciones ciudadanas fuertes y diversas, que la participación se “publicite” y que la comunicación se “politice”. Urge que la ciudadanía y distintas instancias de la sociedad civil conformen veedurías y observatorios de la comunicación, la información y la cultura. Para liberar un país marcado por organizaciones sociales débiles y mercaderes poderosos.
Fuente: Diario El Telégrafo
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