En el marco de un seminario para periodistas, el abogado especialista en buenas prácticas, nuevas tecnologías y acceso a la información del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, Javier Casas, recalcó la necesidad de utilizar "los mecanismos formales de acceso a la información", como las instituciones de cada país.Según Casas, el poco uso de estas fuentes se debe a la "desconfianza profunda de los periodistas hacia el Estado y a la incredulidad de que la documentación que brindan los funcionarios sea de calidad y aporte un beneficio desde el punto de vista informativo".
El abogado explicó también que la entidad pública o el funcionario que impide el acceso a la información "podría estar cometiendo un delito de abuso de autoridad".
A su juicio, el periodista debe dar una "forma noticiosa" a situaciones "ilegales" para que la ciudadanía sea "consciente de que el Estado no brinda información y viola los derechos humanos".
La también abogada y directora del Área de Acceso a la Información de la Asociación de los Derechos Civiles en Argentina, María Julia Giorgelli, explicó las funciones de una red regional de periodistas creada en 2006 para promover el acceso a la información pública y fortalecer las reglas sobre la materia.
Giorgelli puso como ejemplo el caso del periodista del diario Clarín Pablo Abiad, que cubría desde el 2006 el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de unas plantas de celulosa a la orilla del río Uruguay, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú.
El periodista quiso conocer el monto de los honorarios percibidos por los abogados de Argentina, pero ante la falta de respuesta tras un pedido formal decidió comunicar a los ciudadanos la imposibilidad de obtener los datos.
Después de esta acción, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, instó a las instituciones públicas a facilitar la información al periodista.
En Panamá existe una ley de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, además de establecer la acción de hábeas data y otras disposiciones sobre el manejo de la información.
Según la ley, "toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones".
A su vez, las instituciones "están obligadas a brindar, a cualquier persona que lo requiera, información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido", que están detalladas en la citada ley.
Fuente: EFE
