domingo, 3 de julio de 2016

Noticias edita sobre: "De Vido Sono Films"

La revista de la editorial Perfil hace foco en la Universidad de San Martín, que fue la encargada de administrar los millonarios subsidios para algunas productoras cercanas al anterior gobierno. Contratos con cláusulas insólitas y millones de pesos del Ministerio de Planificación destinados a novelas con poco rating
El dato es insólito. Un contrato firmado entre la Unsam (Universidad de San Martín) y la empresa Eon Reality tuvo una adenda de último momento a dos días del ballottage que colocó a Mauricio Macri como presidente de la Argentina. La universidad había adquirido un “Centro Digital
Interactivo” que sirve para convertir filmaciones comunes en realidad virtual y 3D interactivo. El combo costó US$ 6.605.396. La adenda consistía en un cambio en la forma de pago. En el contrato original se establecía que el primer pago sería del 30% del valor total y tenía que abonarse antes del 30 de octubre. Pero el 20 de noviembre descubrieron que no tenían el dinero y agregaron una insólita complejidad a la cláusula. En caso de que ganara el partido gobernante (Daniel Scioli), el primer pago debería ser antes del 30 de enero del 2016, pero en caso de que ganara un partido nuevo (Mauricio Macri) la primera cuota debería pagarse antes del 30 de marzo. Un detalle: el pago quedaba sujeto a aprobación del Gobierno. El “Centro Digital Interactivo” se instaló en el “Espacio Unsam” que funciona en Sánchez de Bustamante 75. Allí se montó el “Centro de Arte Experimental”. En el pasado, ese edificio pertenecía al Ministerio de Planificación, una cartera del Estado que nació y murió con Julio De Vido.
Esta semana se conoció que el gobierno de Macri derogó trece contratos con productoras audiovisuales por un monto estimado de 260 millones de pesos. Según fuentes del oficialismo, los contratos pertenecían a producciones que estaban en la etapa inicial de elaboración y todavía no tenían asignado un canal donde emitirse. En el Gobierno prefirieron perder el dinero ya asignado, pero cortar con el subsidio. Todo ese dinero se distribuyó también a través de la Universidad de San Martín, con fondos del Ministerio de Planificación que otorgaba Julio De Vido. Este mecanismo fue empleado por el kirchnerismo, porque las universidades tenían menos controles sobre las contrataciones. De hecho, la elección de las productoras habían sido por adjudicación directa.

Novelas Kirchnerista. Los fondos que otorgaba la Universidad de San Martín para realizaciones audiovisuales siempre estuvieron en la mira de la opinión pública por las cifras siderales que se manejaban a pesar de no tener gran repercusión ni altos niveles de rating. Quien conoce a la perfección la ruta de ese dinero es Carlos Ruta, el rector la universidad e íntimo amigo de Tristán Bauer, el ex presidente de RTA (Radio y Televisión Argentina). De hecho, Ruta fue productor de la película Iluminados Por el Fuego, de Bauer. El triángulo De Vido-Ruta-Bauer podría tener las respuestas sobre los miles de millones de pesos que se derivaron desde el Ministerio de Planificación hacia la Unsam, para producir series que luego se emitieron en medios del Estado.

Entre las series dadas de baja está una llamada Milenio, producida por una empresa de Sergio Szpolski. Otra de la directora del documental oficial sobre Néstor Kirchner, Paula De Luque, llamada Cuentos morales. También hay una serie llamada Valtorta de la productora Underground, de Sebastián Ortega.

Un ejemplo de una telenovela que decidieron continuar es Mamá corazón, protagonizada por Andrea Del Boca y dirigida por Nicolás Del Boca, padre de la actriz. A este productor se decidió darle continuidad porque el proyecto estaba muy avanzado como para dejar de financiarlo. La historia trata sobre una mujer con un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) para la limpieza que quedó viuda, con una hija adolescente que, aunque le cuesta abrir su corazón a nuevas parejas, se enamora de un vecino artista que se acaba de mudar al barrio. El proyecto costará $ 36.582.468 y tendrá 26 capítulos, a razón de 1,4 millones de pesos por capítulo. La cláusula más cruel con los artistas es la décima: “La firma del presente no implica para la Unsam el compromiso de exhibición del material”. Financiarlo sí, mirarlo no.

Hermano. El ministro de cultura porteño, Darío Lopérfido, fue uno de los portavoces de la cruzada por los fondos del Estado triangulados a través de universidades para financiar novelas y lo definió como “el mayor fraude de la historia audiovisual argentina”. En diferentes entrevistas, el funcionario apuntó contra una productora vinculada a Hugo De Vido (foto), hermano del ex ministro. “Melina Petriella es una actriz en cuya sociedad (Atuel Producciones) está Hugo De Vido, el hermano de Julio. Y el hombre clave, el gestor, el hombre de De Vido que hacía todo esto, se llama Luis Vitullo” (ver recuadro). Lopérfido aseguró que Vitullo “era el que se ocupaba de que la plata que había que usar para hacer rutas, puentes para mejorar la calidad de la gente, se desviara a las universidades y de ahí se dieran a las productoras y actores kirchneristas para hacer series, que la gran mayoría no se vio”.

El sistema de distribución de los contenidos financiado por el Estado funcionaba a través del Bacua (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino). En los contratos que firmaba la Unsam se establecía que las obras pasaban a formar parte del portfolio de Bacua, por lo que la distribución y acceso pasaba a ser libre y gratuito.

Otro ejemplo que utilizó Lopérfido fue la producción de la serie El Pacto, sobre la historia de Papel Prensa, la fábrica de papel que hoy pertenece al Grupo Clarín, La Nación y en una parte minoritaria al Estado. “Esa plata se la pusieron a una productora que se llamaba Tostaki, cuyas titulares eran una señora que se llama Cascales (Marta, la esposa de Guillermo Moreno) y la otra socia era una señora que se llama Alejandra Minnicelli, la esposa de (Julio) De Vido, que a su vez era auditora de la Nación”. Ambas también son dueñas de una sociedad que se dedicaba a la responsabilidad social empresaria.

La yapa. Otro ejemplo de triangulación a través de la Unsam fueron los contratos con el monumental Centro Cultural Kirchner, hoy abreviado a CCK. Todos los empleados del CCK estaban obligados a tener como empleador a la Unsam. Cuando el Gobierno decidió terminar con esos contratos, los desempleados quedaron en un limbo. No sabían si reclamar al Ministerio de Cultura, de quien depende el Centro o a la Universidad, que era la que le pagaba los sueldos. Hasta ahora, el caso de la Unsam es el único en el mundo de una universidad que en vez de invertir en infraestructura para educación se dedica a financiar series televisivas. Un modelo de negocios que se terminó con el modelo Kirchnerista.

Las Petriella
Una de las que salió a responder fue Julieta Petriella, la hermana melliza de Melina Petriella, dueñas de Atuel Producciones y acusadas de ser parte del “tongo” entre el Ministerio de Planificación, la Unsam y las productoras. “¿Cómo defenderse de las mentiras publicadas en los medios? ¿cómo no caer en la angustia horrible de ver mi nombre y el de mi hermana dentro de una nota mal intencionada en la cual nos vinculan a hechos de corrupción?”, comienza el descargo.

“El conocer a un funcionario público y haber entablado un vínculo en los años del anterior gobierno ¿es una prueba suficiente para tener ese derecho de implicarnos en algo tan repudiado como la corrupción?”, sigue la nota. “Yo no voy a jugar a ver quién es más corrupto, solo quiero decirles a todos los argentinos que Melina y Julieta Petriella participamos con orgullo y convicción en hacer cumplir la ley de servicios audiovisuales que este nuevo gobierno censuró desde el primer día”.
Fuente: Revista Noticias

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