Fernando Krakowiak edita en PáginaI12 que el ENaCom, presidido por Miguel De Godoy decidió en mayo que decenas de firmas que brindan TV paga por aire debían dejar su lugar en el espectro supuestamente para promover la TDT. Ahora se retrocedió por la amenaza de juicios. El objetivo es cederles esas frecuencias a las telefónicas. Para Martín Becerra hay derechos adquiridos desbalanceados
Por: Martín BecerraMediante la Resolución 6396/201 el ente gubernamental de comunicaciones de Argentina (ENaCom) busca liberar espectro para servicios de 4G de telefonía móvil. Para ello, el gobierno desplaza de una preciada porción del espectro a licenciatarios de TV paga que emiten en algunos casos desde hace casi 20 años en UHF, afectando así sus derechos adquiridos (comportamiento que puede asimilarse al que viene demostrando con la desatención de los legítimos ganadores de concursos de licencias de TV digital para organizaciones “sin fines de lucro”).
La decisión es controvertida, ya que por un lado la porción de espectro en cuestión había sido originalmente prevista para servicios de TV digital abierta a través de resoluciones y decretos adoptados en el marco de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones por el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Luego, su misma administración, sobre todo entre 2014 y 2015, fue modificando dicha asignación a la TV digital abierta pero con el cambio de gobierno, los funcionarios designados por Mauricio Macri reconocieron que la TV digital dista de ser una prioridad de la actual gestión y promueven la migración de los servicios de TV paga UHF para hacer lugar a la telefonía móvil de última generación. Con esto, esperan descongestionar las comunicaciones 2G y 3G y, de esta manera, contribuir paulatinamente a revertir el estado de servicios de baja calidad móvil de los operadores del sector.
Pero esta Resolución, como se mencionó, afecta derechos adquiridos de los licenciatarios de las bandas que, según el gobierno, tienen un plazo perentorio de 10 días para migrar a una porción de espectro menos adecuada para prestar sus servicios. Dicho en otras palabras, con esta decisión, el ente gubernamental es tan o más draconiano que lo que pretendió el segundo gobierno de CFK cuando manipuló la regulación entonces vigente (la ley audioviusal) para declarar una infructuosa “transferencia de oficio” de los activos del grupo Clarín (sobre aquel propagandizado y fallido intento hay varias notas en este blog, como esta y esta otra).
Así, el gobierno de Mauricio Macri continúa afectando el mapa de las comunicaciones a mediano y largo plazo pese a su compromiso de que sólo tomaría medidas transitorias (así lo sostuvo en la audiencia a la que fue convocado en abril último por la Comisión Interamericana de DDHH) hasta que cambiara por vía del Congreso (tal como lo prevé la Constitución) las leyes previas en materias audiovisual y de telecomunicaciones. Por esta senda, sigue eludiendo los estándares de DDHH en la materia.
El ordenamiento del espectro es una tarea laboriosa y conflictiva que hasta ahora no fue asumida integralmente por ninguno de los gobiernos tras la recuperación constitucional de 1983: esta situación heredada puede operar como excusa para actuar de modo inconsulto e inclinar la balanza en favor de los actores dominantes o bien para diseñar una política pública que parta de la distorsiva configuración del sector de las comunicaciones en pos de mejorar los servicios, garantizar la universalización del acceso, corregir las asimetrías, atenuar la concentración para evitar el abuso de posiciones dominantes, contener y estimular la diversidad y el pluralismo en un marco de participación de actores sociales, políticos, culturales y geográficos diversos. La agenda del gobierno de Macri en materia de comunicaciones cada día inclina más la balanza.
Off topic: las enfáticas defensas de los derechos adquiridos durante los gobiernos de CFK hoy están convenientemente distraídas predicando las bondades de la nueva era macrista.
Otro round en la pelea por el espectro
Por: Fernando Krakowiak, fkrakowiak@pagina12.com.ar
La modalidad de ensayo y error como forma de aprendizaje se está volviendo una costumbre para el gobierno de Mauricio Macri. Luego de haber publicado el 26 de mayo una resolución que obligaba a los operadores de televisión codificada por aire a despejar la banda de 512 a 698 MHz en un plazo de dos años para promover en ese espectro la Televisión Digital Terrestre (TDT), el presidente del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), Miguel de Godoy, decidió dar marcha atrás con la medida. Ahora quienes ocupan esa banda podrán quedarse hasta cuatro años y además se sumarán ahí los operadores codificados que vienen prestando servicio en la banda de 700 MHz (698 a 806 MHz), la cual quedará despejada para la telefonía móvil. De este modo, la banda que se iba a liberar para promover la TDT gratuita ahora se poblará de televisoras codificadas que emiten por aire (no por cable ni por satélite), las cuáles incluso entrarán en conflicto con las señales abiertas. La nueva resolución aclara además que si se deciden otorgar nuevas autorizaciones de uso de dichas frecuencias por licitación o concurso, los pliegos deberán prever que el prestador elegido se haga cargo de los costos de la migración correspondientes a las empresas que están ahí. Las únicas que estarían en condiciones de hacerse cargo de esos costos son las compañías de celulares. Por lo tanto, en el sector sospechan que en el mediano plazo esas frecuencias terminarán en manos de las telefónicas.
En la banda que va de 512 a 698 MHZ (canales 21 a 51) vienen operando hasta ahora canales de TDT en abierto y señales codificadas que también se emiten por aire. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, las personas que tienen un televisor con receptor digital incorporado o un televisor analógico con un conversor digital pueden captar gratis en los canales 22 a 25 las señales públicas (Canal 7, Paka Paka, Encuentro, etc.) y en los canales 33, 34, 35 y 36 los espejos en digital de los canales analógicos 13, 9, 11 y 2, respectivamente, entre otras señales. Además, en esa banda operan televisoras codificadas por aire a lo largo de todo el país como Carboteco de Lobos, Cuyo Servycom S.A. de Mendoza, Televisión Multicanal Codificada de Córdoba, Cablevisión de La Plata, Rauch y Azul, Telecentro, Canal del Viento de Chubut, Antina TV en el Gran Buenos Aires, Las Flores Color Visión de Las Flores, Fortín Rural de 25 de mayo, TV Tandil y Siglo XXI de Villaguay, entre otras.
Enacom había decidido en mayo que estas últimas empresas tenían que migrar en dos años a una banda mucho más alta, que va de 12,2 a 12,7 GHz, desde la cual se les iba a hacer prácticamente imposible seguir prestando el mismo servicio, porque el alcance se limita a 15 kilómetros y es afectado por lluvia (como sucede con la televisión satelital). Por lo tanto, para mantener la misma cobertura que tienen ahora, los operadores codificados iban a tener que instalar entre 12 y 16 repetidoras, con un costo estimado de 500 mil dólares cada una, más los costos que implica la renovación de antenas y receptores. La inversión estimada de esa migración, según las empresas, podía ser de 12 millones de dólares por operador. Una cifra imposible de afrontar para ese tipo de firmas. De hecho, en ningún lugar del mundo se brinda radiodifusión en esa banda. Por lo tanto, las demandas judiciales se iban a multiplicar.
Lo más curioso era que en la resolución firmada por Miguel de Godoy se justificaba la medida para promover la TDT abierta (o TDA, como la bautizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), PáginaI12 advirtió el 26 de mayo, al anticipar el contenido de dicha resolución, que resultaba difícil suponer que el gobierno de Macri liberara aquellas frecuencias para promover la TDT ya que en ese espacio podrían transmitirse decenas de canales de televisión abierta digital y hasta el momento no parecía haber demasiadas empresas interesadas en ofertar dinero en una licitación para quedarse con una porción del espectro en la que sólo pueden ofrecer un servicio gratuito que se financia con publicidad. Por lo tanto, lo más probable era que detrás de esa movida estuvieran las telefónicas, quienes vienen presionando desde hace tiempo para obtener más espectro para el servicio móvil.
A su vez, en esa resolución de mayo, De Godoy también obligaba a migrar a la banda de 12,2 a 12,7 GHz a los operadores codificados que tienen frecuencias en la banda de 700 MHz (698 a 806 MHz), la cual en 2014 fue asignada a la telefonía celular, aunque todavía no fue despejada del todo.
El presidente del Enacom ahora dio marcha atrás con la medida luego de que los operadores de televisión codificada por aire hicieran fila en el organismo para impugnarla, tal como se detalla en los considerandos de la nueva resolución publicada ayer. Lo que se hizo en esta ocasión fue ordenar que las televisoras codificadas que operan en la banda de 700 MHz, y debían migrar ahora, se vayan a la banda de 512 a 698 MHz en lugar de al segmento de 12,2 a 12,7 GHz, mientras que los operadores codificados que ya están en esa banda de 512 a 698 MHz, y debían migrar en dos años, demoren ese traslado cuatro años y cuando se muden los costos de la migración sean afrontados por quien ocupe su lugar en el espectro. De este modo, queda claro que allí no terminarán desembarcando radiodifusores de televisión abierta sino las telefónicas. En el sector coinciden que la migración a la banda de 12,2 a 12,7 GHz para brindar radiodifusión codificada no se concretará nunca y en todo caso lo que terminará pasando es que cuando las telcos avancen sobre la banda de 512 a 698 MHz lo que deberán hacer es negociar una indemnización con los operadores de televisión codificada por aire que están ocupando esas bandas para que las liberen.
Fuentes: Quipú y PáginaI12
