El supuesto dueño del diario y de radio América deberá responder, junto con otras diez personas, por los delitos de usurpación y daños; la Justicia pidió las imágenes
Por: Gabriel Di Nicola
El empresario Mariano Martínez Rojas fue imputado de los delitos de usurpación y daños por los destrozos ocurridos hoy a la madrugada en el edificio donde funcionan el diario Tiempo Argentino y Radio América.
Así lo informaron a La Nación calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por la fiscal Verónica Andrade, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la ciudad de Buenos Aires.
Junto con Martínez Rojas fueron imputados otros diez sospechosos, que serían los integrantes de la "patota" que protagonizó el destrozo.
Según informaron las fuentes consultas, hoy a las 2, Martínez Rojas con otros diez hombres entraron a la fuerza en el domicilio de Tiempo argentino, en Amenábar 23, en Palermo.
"El grupo de personas comandado por Martínez Rojas obligó por la fuerza a retirarse del lugar a las personas de seguridad del diario. Los dos agentes de seguridad de Tiempo Argentino fueron a la comisaría 31a. de la Policía Federal de la ciudad de Buenos Aires a realizar la denuncia de lo que había sucedido", agregaron las voceros consultados.
El personal de la comisaría 31a., que desde el traspaso hecho entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires depende del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña, dio intervención a la fiscal Andrade. La representante del Ministerio Público porteño "ordenó inmediatamente consigna policial en el diario Tiempo Argentino para asegurar el lugar".
"A las 3 de la mañana, cuando algunos periodistas de Tiempo Argentino comenzaron a llegar al diario, se encontraron con Martínez Rojas y su grupo. Allí se produjo un altercado. La fiscal Andrade ordenó a la policía a que desalojaran del diario a Martínez Rojas y a su grupo", explicaron fuentes judiciales..
Andrade imputó a Mariano Martínez Rojas y las diez personas que lo acompañaron por el delito de usurpación y por daños. Los 11 imputados serán indagados en 48 horas.
El delito de usurpación tiene previsto en el Código Penal una pena de prisión de prisión de entre seis meses a tres años. Para el delito de daños el castigo es de 15 a un año de cárcel para el "que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno".
Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño, "Andrade les aseguró a los periodistas del diario que podían continuar con su actividad y les colocó seguridad policial. También le solicitó al canal C5N las imágenes de los daños que produjeron el grupo de Martínez Rojas".
Tiempo Argentino: medios, servicios de inteligencia y patotas
Por: José Crettaz
El grupo kirchnerista de medios Szpolski-Garfunkel fue un conjunto de empresas vinculadas directa o indirectamente a los servicios de inteligencia orgánicos e inorgánicos que han operado en la Argentina de estos tiempos. Ese hecho podría explicar las dificultades existentes para entender el ataque violento sufrido por los trabajadores del periódico Tiempo Argentino y de AM 1190 Radio América y la destrucción de las instalaciones que ambos medios comparten en Amenábar 23 por parte de una patota liderada por Mariano Martínez Rojas, un ignoto organizador de eventos al que se le adjudicó la propiedad de esas empresas, algo que hasta ahora no pudo demostrar.
La vinculación de la inteligencia local -incapaz de prevenir graves atentados pero especialista en operaciones de prensa de baja escala- con el grupo Szpolski-Garfunkel tal vez explique también por qué no avanza ninguna causa judicial sobre los empresarios, que concentraron cientos de millones de pesos en publicidad y subsidios estatales durante el kirchnerismo. Lo más asombroso es que el nuevo gobierno del frente Cambiemos, que dice impulsar un cambio en el sistema de inteligencia y en su relación con los medios de comunicación, no haya aún tomado medidas concretas.
Tal como se conoce en la industria editorial; tal como escribió el periodista Alejandro Alfie en su biografía de Sergio Szpolski y Diego Gvirtz; tal como reveló el empresario Matías Garfunkel, que decidió irse a vivir con su familia al exterior; tal como hemos publicado muchas veces en La Nación y tal como la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) y los trabajadores del grupo empresario denunciaron en la Justicia en distintos fueros, los presuntos dueños del multimedios son Szpolski, Garfunkel, Darío Richarte y Francisco Javier Fernández, con la inestimable gestión operativa del contador Juan José Galea, que antes y después de ser director financiero de la empresa tuvo un cargo similar en la SIDE -antes- y en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora-.
Richarte, ex vicerector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex número 2 de la SIDE en tiempos del presidente radical Fernando de la Rúa, es ahora vicepresidente 3ro de Boca Juniors y estrecho colaborador de Daniel Angelici, titular de esa entidad e integrante fundador del PRO. Francisco Javier Fernández, que ha negado públicamente tener vínculos empresarios con Szpolski-algo que su propia declaración jurada podría desmentir- sigue integrando la Auditoría General de la Nación (AGN), y aún se jacta de poder "operar" sobre jueces y fiscales federales como lo hacía por cuenta y orden de Cristina Kirchner.
El gobierno de Mauricio Macri no puede hacerse el distraído ante la situación de los medios que pertenecieron a Szpolski y que sistemáticamente incumplieron las normas fiscales, previsionales y de radiodifusión. Sobre el empresario -responsable de la quiebra del Banco Patricios en los 90- pesa además la presunción adicional de haber cometido algún tipo de defraudación a la administración pública en lo relativo a la publicidad oficial.
El kirchnerisno en su conjunto no puede resultar más cínico e hipócrita al solidarizarse con los trabajadores del diario Tiempo Argentino y de AM 1190 Radio América. Fue el diputado nacional Máximo Kirchner el que obligó al Partido Justicialista de Tigre a aceptar a Sergio Szpolski como candidato a intendente de ese distrito bonaerense por el Frente para la Victoria (FPV). Con Szpolski hicieron campaña Daniel Scioli y Carlos Zannini, Aníbal Fernández y Martín Sabbatella (que además debía controlar el cumplimiento de la ley de medios por parte de Szpolski), entre otros.
La solidaridad que expresan ahora muchos kirchneristas, incluidos algunos periodistas militantes K, no sólo no es tal sino que constituye un verdadero insulto a los técnicos, periodistas y administrativos atacados. Verdadera solidaridad sería, por ejemplo, que el diputado kirchnerista Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara baja, diera curso inmediato a la citación pedida por la diputada de Cambiemos Karina Banfi para que Szpolski explique su situación y la de los medios a su cargo.
Mientras tanto, Sergio Szpolski sigue arropado bajo el paraguas del kirchnerismo como supuesto socio minoritario del grupo Indalo Media, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, al que aportó su señal de noticias CN23, el diario gratuito El Argentino y el 50% de FM Vorterix.
En el medio están los trabajadores que hace meses no cobran su salario y que sostienen con sus recursos el diario Tiempo Argentino -ahora un semanario editado por una cooperativa de ex empleados- y la radio, que ya sufrió un ataque similar al de ayer en su planta transmisora que dejó a AM América con una programación desdoblada: música en el aire, y los programas de su staff periodístico en streaming de Internet.
El ataque patotero contra los empleados de Tiempo Argentino y Radio América -que en total empleaban a unas 400 personas- podría estar enmarcado en una puja tardía de los servicios de inteligencia. No alcanza con solidarizarse, hay que esclarecer el episodio y develar el verdadero rostro de sus responsables. Todo lo demás podría ser, apenas, otra operación de prensa.
Foto: La Vaca
Fuente: La Nación
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