Por: Ezequiel Spillman
Como en pocos temas, “halcones” y “palomas” sobrevuelan dentro del kirchnerismo enfrentados por el tremendo esfuerzo simbólico (y en la gestión) que significó para el Gobierno la gesta del 7D, pero que hasta el día de hoy, en términos concretos, apenas quedó resumido a un cambio en la grilla de Cablevisión.
Pero las próximas dos semanas son clave para ambos grupos: a mediados de febrero la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debe dar su última palabra sobre once planes que tiene pendientes.
Del lado de las “palomas” están los que pretenden distender la relación con Clarín y empezar a gestar un nuevo vínculo, sobre todo de cara a las elecciones de 2015, pensando en el post kichnerismo. Ahí se anotaron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y en menor medida el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.La lógica que impera entre ellos es que el Gobierno ya apostó todas sus fichas contra el Grupo, que dado el contexto actual le podría empezar a jugar en contra continuar la guerra, y que el mejor escenario es que, con la adecuación en marcha, se rearme una relación rota.
Dentro del Grupo Clarín creen que fue Capitanich quien impulsó el fin del cepo publicitario de su diario, algo que oxigenó considerablemente sus finanzas. Cerca de Julián Domínguez aseguran que “lo que quiere es que se cumpla con la ley aprobada en el Congreso”. Es decir: ordenar el grupo, pero no seguir manteniendo una sanguínea disputa.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, es otro de los que construyeron un fluido vínculo con Clarín, que llevó incluso a Cristina Kirchner a criticarlo en público por otorgarle suculentos fondos publicitario.
En la otra vereda se ubican los “halcones”, aquellos que creen que hay que hacer lo imposible por asfixiar su influencia. Entre ellos están los integrantes de La Cámpora y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, quienes encabezan la liga anti Clarín. También la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien en sus tiempos como fiscal avanzó con una minuciosa investigación contra la fusión entre Cablevisón y Multicanal.
La estrategia del Gobierno es simular un triunfo ante la opinión pública. La idea es mostrar el reciente cambio de la grilla de Cablevisión como un victoria. Una más que se suma al fallo de la Corte Suprema (que en octubre declaró legal la Ley de Medios) y a la inminente división del Grupo en seis partes.
Por su parte, Clarín espera que la AFSCA apruebe su plan y comenzar a dividirse. “Los planes están listos para ejecutarse, pero el Gobierno está acéfalo, si resolvemos la grilla no debería haber problemas”, confían dentro de la empresa.
Luego de que el kirchnerismo perdió las elecciones en octubre, algunas versiones sostuvieron la posibilidad de un acuerdo con el grupo, incluso se habló de reuniones entre directores de la empresa y funcionarios. Aunque en la empresa lo desmienten, aseguran que hace casi un mes regresaron las publicidades de supermercados y empresas de electrodomésticos a las páginas del diario. Aunque se quejan de que son por menos valor que antes del cepo publicitario, lo ven como un gesto favorable del Gobierno.
En diciembre el grupo empezó a ajustar sus finanzas en medio de una situación económica compleja: por primera vez se pagó el aguinaldo unos días más tarde. Aunque todavía leve, se ordenó un ajuste por el cual se recortaron telefónos celulares y gastos superfluos en todas las empresas.
En este marco, la señal Metro (recién mudada al canal 3 de Cablevisión) es una de las armas que esconde la empresa. La AFSCA aprobó que pase del lugar 13 al segundo puesto en la grilla revalorizando automáticamente su poder simbólico de influencia. Metro es propiedad de Cablevisión y el Gobierno, al dejarle hacer esa jugada, le regaló un negocio suculento.
Dentro del grupo ya tienen un plan para transformarlo en una señal periodística. Así como TN es el emblema de Clarín, la idea es que Metro sea la nave insignia de Cablevisión, con contenidos propios y dejando de lado, poco a poco, las producciones pequeñas tercerizadas.
Telefe esconde otra de las grandes dudas sobre cómo quedará el mapa de medios. Mientras en el Gobierno aseguran que podrían obligar a Telefónica de España a deshacerse del canal bajo el argumento que tiene un nexo societario con Telefónica de Argentina (la ley prohíbe tener más del 10% de las acciones de una empresa de servicios públicos y poseer una licencia de TV), esta semana renunció al canal Francisco “Paco” Mármol, el hombre fuerte de la señal que manejaba el nexo con el kirchnerismo.
Director de Contenidos y su principal lobbysta, fue quien controló los contenidos periodísticos de los programas que, en todo estos años, siguieron fielmente los deseos del Gobierno. Los aceitados vínculos de Mármol con los funcionarios kirchneristas lo ayudaron en 2009, cuando tuvo el privilegio de entrevistar a Cristina Kirchner en España.
Esta semana, en medio de los rumores sobre la venta de Telefe, Mármol se reunió a almorzar con Rodolfo Barili, productor ejecutivo de Telefe noticias, y Luis Blasco, presidente de Telefónica de Argentina. Allí Paco les dio detalles de lo que será su ingreso al Grupo Indalo, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López, y que tiene en sus manos C5N, Radio 10 y las FM Pop y Mega.
El futuro de los medios se define en dos semanas
La AFSCA, el organismo que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Medios, tiene previsto tratar las once propuestas de medios para ajustarse a la ley en la segunda quincena de febrero. Entre ellos se encuentran cinco “determinantes” para el futuro mapa de medios: Telefe, Grupo Clarín, Grupo Prisa (Radio Continental), Grupo UNO (Vila-Manzano) y Telecentro, entre los principales. En los once planes hay diversos “desajustes” con la ley: excesos en la cobertura (no puede tener más del 35% del mercado), el origen del capital de las empresas, la imposibilidad de tener un medio y ofrecer un servicio público (por ejemplo, telefonía celular y canal de televisión) y sobre todo, en el caso de Clarín, muchas más licencias audiovisuales de lo permitido.
El caso Telefe es el más complejo de todos. Centralmente porque, según confían en la AFSCA, podría tener que ser vendida ya que, según estudian en el organismo, habría una vinculación societaria entre Telefónica de Argentina y el canal.
Según la Ley de Medios, el dueño de un canal no puede poseer más del 10% de las acciones de una empresa de servicios públicos. Telefe reconoce que su dueño es Telefónica de España, pero asegura que en Argentina son dos firmas distintas sin vínculo alguno. Los otros dos temas complejos están resueltos: en el caso del 35% de la cuota de mercado, en el Gobierno aseguran que en el plan Telefe SA se deshará de algunos de sus canales del interior para evitar esa incompatibilidad. Aunque varias fuentes del Gobierno confían que debería desprenderse de la mayoría de ellos si quiere conservar Telefe. En lo que refiere al capital extranjero (que no puede superar el 30%), Telefónica de España adquirió el canal antes de que se promulgue la Ley de Bienes Culturales, que brinda una protección especial a las empresas audiovisuales luego de la crisis de 2001.
Con este mismo argumento intentaría aprobar su plan el Grupo Prisa, aunque deberá achicar su cobertura ya que supera el 35%. En el caso de Clarín está todo dado para que, cuando termine de adecuar su grilla el 15 de febrero, se apruebe su división en seis unidades de negocios. El Grupo estaba excedido en cuota de mercado y cantidad de licencias, entre otras cuestiones. A partir de allí se abrirá un proceso de 6 meses para que se lleve a cabo el plan y, al finalizar el plazo, se aprobaría definitivamente la adecuación. En la AFSCA atan todo a la grilla, pero dan por descontado que se aprobará el plan del Grupo.
En cuanto a Telecentro estaría excedido por 37 extensiones de su licencia como cableoperador en La Matanza.
Además deberá desprenderse del sistema por el cual brinda servicios de TV por antena a través de UHF. La AFSCA debe determinar la fecha precisa para la reunión de directorio en la que se aprobarán (o no) los planes.
La UIF prepara una estrategia por Papel Prensa de la mano de Garzón
El organismo de José Sbatella sostiene que podría haber “lavado de dinero” en la compra de la fábrica de papel. Apunta a Clarín y La Nación
Por: Emilia Delfino / Mariano Confalonieri
El sector de los funcionarios más enfrentados con Clarín tiene al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José “Pepe” Sbatella, entre uno de sus alfiles. Su próxima apuesta es despojar a Clarín de la única fábrica de papel para diarios del país: Papel Prensa.
La UIF prepara una nueva estrategia para meterse en la causa que investiga la supuesta apropiación de la planta de papel y ser querellantes. El know how de esta estrategia pertenece al ex juez español Baltasar Garzón. El ex magistrado, que investigó delitos de lesa humanidad, se reunió a fin de año con Sbatella en su despacho. Allí, ambos conversaron sobre cómo trasladar la experiencia de Garzón a la investigación de supuestos delitos económicos cometidos contra las víctimas de la represión.
Garzón debatió con Sbatella sobre cómo aplicar el delito de lavado de dinero para perseguir la apropiación de bienes durante la dictadura. Hay unas seiscientas causas por apropiación de bienes iniciadas por ex detenidos o familiares de desaparecidos. Garzón expuso el caso de Pinochet, ya que el ex juez embargó los bienes del chileno cuando lo investigó por delitos de lesa humanidad.
La estrategia es sostener que en la apropiación de bienes hay lavado de dinero porque los bienes fueron obtenidos por los “apropiadores” de manera ilegal –ante la coerción, la tortura y el secuestro– y luego se “blanquearon” como lícitos, simulando una compraventa legal. Sbatella quiere comprobar que el supuesto delito de apropiación de bienes no prescribió porque se sigue cometiendo a través del lavado, ya que sigue generando frutos económicos a sus supuestos apropiadores. Con esos argumentos, la UIF logró ser querellante en la causa ESMA y pidió embargar los bienes de los acusados.
Esos serán los argumentos que utilizará la UIF para solicitar a la Justicia ser querellante en la causa Papel Prensa, en donde se investiga si la familia Graiver fue “extorsionada” para vender la empresa. Si el organismo antilavado es aceptado por el juez como querellante, podrá pedir medidas y ofrecer pruebas. Y aquí viene la segunda parte de la estrategia de los “duros” en la causa.
Tasar. En el expediente, la Secretaría de Derechos Humanos –que ya es querellante– pidió por tercera vez la indagatoria de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, por supuesto delitos de lesa humanidad, ya que sostiene que compró la empresa a través de la coerción a Lidia Papaleo. En el juzgado de Ercolini sostienen que, en su declaración como testigo, Papaleo no dijo lo mismo que a los medios y dudan si pudo sostener que fue extorsionada.
Ercolini cree que la causa avanzará cuando tenga los resultados de la tasación de Papel Prensa, que encargó a técnicos del Tribunal de Tasación de la Nación y a peritos de la Corte Suprema. Quiere saber cuánto valía la estratégica empresa –la única que produce papel de diario en el país– cuando fue vendida. Así, podría establecer si la empresa fue entregada a precio vil o no.
Y aquí es donde la UIF quiere aportar pruebas: Sbatella realizó su propia valuación contable de Papel Prensa. Lidia Papaleo, entonces titular de la empresa, sostiene que Clarín ofreció pagar casi 9 millones de dólares durante la dictadura. Pero el organismo antilavado sostiene que el “valor real” de la empresa era de 250 millones de dólares. La UIF adaptó esa cifra a un posible valor actual, ajustando el dólar a una tasa anual acumulativa del 12 por ciento, en base a recomendaciones del Banco Mundial. El resultado: más de mil millones de dólares de hoy.
Funcionario impugnado. El titular de la UIF, José Sbatella, es uno de los funcionarios más cuestionados por la oposición y los medios.
Varios dirigentes opositores han impugnado su postulación para seguir al frente del organismo antilavado. La Presidenta quiere que siga al mando de la unidad.
El 14 de febrero será la audiencia pública para escuchar las respuestas de Sbatella a esas impugnaciones. Prepara su estrategia para defender su gestión.
El funcionario está convencido de que su cruzada contra el Grupo Clarín por Papel Prensa y la fusión de Cablevisión y Multicanal –a la que se opuso en 2007– le valen las críticas y artículos que denuncian la utilización de la UIF para presionar a opositores del Gobierno. Por esos supuestos hechos, fue denunciado penalmente ante la Justicia.
Sbatella lleva una cuenta de las tapas y notas que le dedican Clarín y La Nación. Es uno de los “convencidos” de que la guerra contra el Grupo debe seguir.
Fuente: Diario Perfil
