La oposición, la Auditoría General de la Nación y diversas ONG denuncian que se impusieron más restricciones a los datos sobre la gestión; reclaman una ley
Por Laura Serra
Sin información no hay control. Ésta es la premisa que parece guiar al Poder Ejecutivo en su actitud de retaceo constante y cada vez mayor de información sobre la marcha de la gestión. Legisladores de la oposición, ONG y la Auditoría General de la Nación (AGN) denunciaron este problema (algunos de ellos incluso ante la Justicia), cansados ya de las excusas, cuando no del silencio oficial, que reciben como toda respuesta ante cada pedido de información que formulan.
El problema no es privativo del gobierno nacional. En el Congreso, difícilmente un ciudadano pueda conocer datos básicos sobre el legislador al que apoyó con su voto, como cuántos empleados tiene, qué bienes presentó en su última declaración jurada, cuánto gasta en sus viajes dentro y fuera del país. Esa información no es pública.
La génesis del problema es la falta de una ley de acceso a la información pública que contemple a los tres poderes del Estado. Una deuda pendiente que el kirchnerismo se ha negado sistemáticamente a saldar en el Congreso, donde es mayoría. Al no haber ley, cada área de la administración pública dosifica de manera arbitraria la entrega de información, si es que la entrega.
El problema, en el caso de los legisladores opositores, llegó a un punto casi insostenible. Por más pedidos de informes que le eleven al Poder Ejecutivo, pocos obtienen respuesta. En efecto, durante el período 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17 por ciento de las solicitudes de información que elevaron los legisladores. El porcentaje recién se eleva al 59% cuando esos pedidos pasan antes por el filtro de las comisiones, dominadas por el oficialismo. Así lo advirtió un reciente informe de la Fundación Nuevas Generaciones, del ex diputado de PRO Julián Obiglio.
Acotada la vía del pedido de informes, la oposición debió apelar, como cualquier ciudadano o ONG, al decreto 1172 de 2003 de acceso a la información que alcanza al Poder Ejecutivo. Pero ni siquiera así sus pedidos son satisfechos, sobre todo en casos de corrupción.
Ante el silencio oficial, la Justicia es el último recurso. Los radicales Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido lograron la semana pasada un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que le ordenó al ministro de Planificación, Julio De Vido, informar sobre la licitación pública de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. En un primer momento, De Vido se había rehusado, aduciendo que el decreto 1172 es una herramienta para los ciudadanos, no para legisladores.
La vía judicial
Algo similar ocurrió con la Inspección General de Justicia (IGJ), que se negó a informar al entonces diputado Gil Lavedra sobre la empresa Ciccone Calcográfica, que sería propiedad de supuestos testaferros del vicepresidente Amado Boudou. El radical, junto con la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), presentó un amparo, que fue aceptado el año pasado por la Justicia. El mismo camino del amparo debió seguir la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sobre las sociedades del empresario Lázaro Báez.
Una investigación reciente de ADC concluyó que "las autoridades recurren cada vez más a la ley de protección de datos personales para negar información" y exigen que quien solicite la información demuestre tener un "interés legítimo". "Ésta es la principal excusa para negar información en el orden federal", afirma.
La AGN padece problemas similares. "Tenemos muchas dificultades, en particular con el Banco Central y la AFIP. Regularmente se nos invocan el secreto bancario y el secreto fiscal para impedirnos el acceso a información clave para nuestras tareas de auditoría", denunció su presidente, Leandro Despouy.
El diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) puso el foco sobre otros dos organismos públicos que también retacean información.
"Comprobamos que el Boletín Oficial (BO) muchas veces dilata la publicación de normas controversiales y que los anexos clave no se publican. Recientemente, las solicitudes más específicas fueron restringidas, ya que sólo pueden pedirse en su sede central, mientras que antes se las podía solicitar en las distintas sucursales del BO", agregó Sánchez, quien también apuntó contra el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).
"El RPI también ha empezado a recurrir al requisito del «interés legítimo» para solicitar información, cerrándose para solicitudes que servían para nuestras investigaciones", advirtió el legislador.
Reclamos y objeciones reiterados
Leandro Despouy - Presidente de la AGN: Advirtió que organismos oficiales clave, tales como la AFIP y el Banco Central, se rehúsan a ofrecer la información solicitada para las auditorías.
Ricardo Gil Lavedra - Ex diputado UCR: Se vio obligado en dos oportunidades a acudir a la Justicia para que el Gobierno acceda a informar sobre la propiedad de la imprenta Ciccone.
Fernando Sánchez - Diputado CC: Apuntó contra la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y el Registro de la Propiedad Inmueble, a los que acusó de retacear información pública.
Julián Obiglio - Ex diputado de PRO: El presidente de la Fundación Nuevas Generaciones reveló que entre 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17% de los pedidos de informes que elevaron los legisladores a distintas áreas.
Fuente: Diario La Nación
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