En la Secretaría de Medios de la provincia de Buenos Aires atienden rápido el teléfono. La primera persona dice que “cree” que no se puede acceder al listado de medios a los que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires les asigna pauta oficial, pero que la palabra final la tiene el área de Publicidad. En esta, responden que no tienen idea, que llame luego porque al mediodía llega la persona que “se ocupa de eso”. A la hora indicada, en la Dirección de Administración Publicitaria, conducida por Soraya Maidana, aseguran que no tienen permitido compartir esa información, a pesar de que es de carácter público. Que a nivel nacional puede que así, pero que en Provincia no.
La regulación de la pauta oficial es una materia pendiente en Argentina, al punto de que se convirtió en una forma de premiar y penalizar a los medios de comunicación tanto por parte de la administración nacional como de las provinciales. El caso del gobierno de María Eugenia Vidal es una muestra incontrastable. La página web de la Secretaría de Medios carece de todo tipo de contenido que no sean gacetillas y los requisitos para solicitar publicidad.
Tampoco tuvo suerte el Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), que obtuvo los datos de parte de la Contaduría General bonaerense hasta 2016, pero a partir de ahí ya no. En el Informe sobre el gasto público en Publicidad Oficial en la Provincia de Buenos Aires , que presentaron en 2018, concluyeron: “Existe una ausencia de regulaciones específicas que estipulen criterios objetivos y generales de uso de la publicidad oficial, lo que da lugar a abusos de discrecionalidad en su administración y va en contra de las recomendaciones internacionales en la materia”. Cabe subrayar que el trabajo va desde 2006 hasta 2017. O sea, es una práctica extendida.
En 2018, uno de los integrantes de la Clínica Jurídica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de La Plata, pidió el listado de medios que perciben pauta. La respuesta fue nula. Lo propio hizo el CIDC a través de una presentación realizada ante la Secretaría de Medios. La contestación fue desopilante. En lugar de entregar lo solicitado, el secretario de Medios, Mariano Mohadeb, los convocó a una reunión para comentarles su parecer sobre el paper que habían desarrollado. En ese contexto, les explicó que no publicaban los nombres de los medios porque, de ser así, cada uno le pediría "mas pauta" para equipararse con otros.
La única manera de conocer los trazos gruesos de la asignación de publicidad por parte de la provincia de Buenos Aires es por medio de los presupuestos y el ejercicio de gastos. Esto no permite saber quiénes la reciben y mucho menos en qué cantidad. Las principales cajas publicitarias de Vidal son la Secretaría de Medios, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires no es una excepción en esta materia, ya que apenas dos (Río Negro y Chubut) regulan la distribución vía ley. En tanto que ocho lo hacen por medio de un decreto, entre ellas la de Buenos Aires. El resto la ejecuta por “uso y costumbre”.
El vacío se vuelve más notorio aún cuando lo que se solicita es el listado discriminado sobre el gasto en redes sociales. Una sola provincia permite acceder a través de la web a esta información: Santa Fe.
Ante tanta laguna informativa, una certeza se impone: la discrecionalidad y la opacidad son funcionales durante los años electorales. 2019 no será distinto.
Fuente: PáginaI12
